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Periodista castigado con pena de cárcel de tres años por difamación; otros son censurados

Los esfuerzos gubernamentales para controlar el ambiente de medios en Ecuador están acabando de maneras brutales. Un periodista ecuatoriano fue sentenciado a tres años de cárcel y multado con US$10,000 el 26 de marzo por atacar a un funcionario gubernamental en un editorial, informan la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Committee to Protect Journalists (Comité por la Protección de los Periodistas, CPJ) y otros miembros de IFEX. Mientras tanto, ARTICLE 19 y la organización Fundamedios informaron sobre las restricciones a la libertad de expresión en un proyecto de ley sobre la regulación de medios que el Congreso está analizando. Además, el redactor de un periódico operado por el estado fue despedido por cuestionar la intervención editorial del Estado, informa el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).

El presidente de la Corporación Financiera Nacional (CFN), Camilo Samán, interpuso una demanda por "injurias calumniosas" contra el periodista Emilio Palacio del periódico "El Universo", de Guayaquil, en octubre pasado. La CFN es un organismo gubernamental que otorga préstamos a pequeñas empresas. El artículo de opinión "Camilo, el matón" cubrió una protesta frente a la redacción del periódico tras la publicación de una investigación respecto a demoras del organismo en el otorgamiento de créditos.

Palacio también ha sido un crítico abierto del presidente Rafael Correa. El Presidente apoyó la sentencia al decir que "la libertad de expresión no está para que la gente diga mentiras ni insultos, ni para calumniar a nadie", informa el World Press Freedom Committee (Comité Mundial por la Libertad de Prensa, WPFC). La sentencia fue apelada.

Según el WPFC, Catalina Botero, Relatora Especial para Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, dijo: "Corresponde destacar que en todos los casos concretos que han sido objeto de estudio y decisión de la Corte Interamericana, que la protección de la honra o reputación de funcionarios públicos o candidatos a ejercer funciones públicas mediante el procesamiento o condena penal de quien se expresa –a través de los tipos penales de calumnia, injuria, difamación o desacato- ha sido considerada desproporcionada e innecesaria en una sociedad democrática".

Botero además señaló que el uso de leyes penales "puede constituir un medio de censura indirecta dado su efecto amedrentador e inhibidor del debate sobre asuntos de interés público".

ARTICLE 19 y Fundamedios instaron al Gobierno ecuatoriano a respetar el libre flujo de información en un proyecto de ley que actualmente se está examinando. El proyecto de ley contiene disposiciones que permiten la censura previa y restricciones al contenido, así como disposiciones que imponen indirectamente membresía obligatoria en una asociación de periodismo, dice ARTICLE 19. La Asamblea Nacional está revisando el proyecto de ley a consecuencia de la oposición por parte de organizaciones nacionales e internacionales. Pero sigue considerando cláusulas que exigirían que todos los medios adoptaran y registraran un código de ética ante una comisión de comunicaciones, una entidad que tendría el poder de imponer sanciones contra aquellos que no cumplan con el código.

En febrero, Fundamedios celebró una conferencia de dos días en Quito, Ecuador, para explorar la ética de medios y los sistemas autorreguladores. Además, ARTICLE 19 y Fundamedios instaron a la Asamblea Nacional a garantizar la independencia del organismo que supuestamente supervisaría a los medios. Reporteros sin Fronteras (RSF) está pidiendo a la Asamblea Nacional que despenalice los delitos de prensa.

Hace unos meses, Ruben Montoya, director del periódico "El Telégrafo", operado por el Estado, y varios periodistas plantearon inquietudes sobre "el plan del Gobierno de editar un periódico de tipo populista que, según los críticos, sería un medio para difundir propaganda de los objetivos políticos del Gobierno", informa el IPYS. En represalia, Montoya fue despedido de "El Telégrafo" el 25 de marzo. Otra periodista, que mencionó la salida de Montoya en un editorial, le agradeció su trabajo y comentó las restricciones en el periódico, fue también despedida. El 6 de abril, 20 columnistas y colaboradores de "El Telégrafo" dijeron que ya no escribirían para el periódico en protesta por la censura y las infracciones a la libre expresión y la libertad de prensa, dicen los informes noticiosos.

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