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Fundamedios valora positivamente que el estado haya reconocido su responsabilidad en la violación de los derechos de periodista Rafael Cuesta

(Fundamedios/IFEX) - 2 de diciembre de 2010 - El Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reconoció su responsabilidad internacional y solicitó disculpas públicas al ex director de Noticias del canal TC Televisión, Rafael Cuesta Caputi, por violaciones cometidas a sus derechos humanos determinadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al no investigar de manera apropiada el delito del que el comunicador fue víctima a partir del envío de una "carta bomba" en febrero de 2000, ocasionándole lesiones físicas.

Dicho reconocimiento se dio a conocer a través de la publicación de un comunicado en el diario "El Universo" el 29 de noviembre, con el cual se comenzó a cumplir el Acuerdo de Cumplimiento de Recomendación y Disculpas Públicas estipulado por la CIDH.

En el Informe No. 36/08 de la CIDH se determinó que "al no investigar efectivamente el atentado y amenazas en contra del periodista . . . haciendo uso de todos los medios legales disponibles, el Estado violó los artículos 25 y 8 referentes al derecho de protección judicial y a las garantías judiciales" de la Convención Americana de Derechos Humanos. Jorge Sosa Meza, abogado de Cuesta, aseguró a "El Comercio" que el Estado recién reconoció la violación el 20 de octubre, fecha en la que el Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos firmó el denominado "Acuerdo de cumplimiento de recomendación de disculpas públicas al señor Rafael Cuesta Caputi como víctima de la violación de derechos humanos".

El comunicado en mención señala que el Estado incumplió, en perjuicio de Cuesta, la obligación de garantizar el derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Como antecedente, se conoce que en mayo de 2003 la CIDH recibió una petición interpuesta por Sosa en nombre de Cuesta, en donde se alegó que el Estado ecuatoriano "no efectuó una investigación apropiada de los hechos relacionados con una bomba que explotó en las manos del señor Cuesta Caputi, presuntamente, como consecuencia de sus actividades periodísticas" y que "el Estado, alegó que había investigado debidamente los hechos, y que en virtud de ello no cometió las violaciones alegadas por los peticionarios".

Cabe destacar además, que de acuerdo al Reglamento de la CIDH, el 18 de abril de 2005 se notificó a las partes la aprobación del informe de admisibilidad del caso y se les ofreció la posibilidad de llegar a una solución amistosa sobre el asunto. Dos meses más tarde los peticionarios manifestaron en un escrito que luego de haber explorado la posibilidad de solución amistosa con el Estado, no llegaron a ningún acuerdo sobre el caso.

La CIDH emitió el informe No. 77/06 el 21 de octubre de 2006, en donde recomendó lo siguiente: "Que el Estado repare las violaciones ocasionadas al señor Cuesta mediante la adopción, entre otras, de la siguiente medida: que reconozca públicamente la responsabilidad internacional por las violaciones cometidas a los derechos humanos determinadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe".

En los sucesivos informes de la CIDH del 2007, 2008 y 2009 se había dejado sentado que el Estado ecuatoriano no había cumplido con las recomendaciones de la CIDH en este caso.

Fundamedios reconoce y valora de forma positiva el acto del Estado ecuatoriano y del Gobierno nacional, a través del Ministro de Justicia y Derechos Humanos Dr. José Serrano, en reconocer la violación a los derechos, entre ellos los de libertad de expresión, de Cuesta, el ex Director de Noticias de TC Televisión, y pedir disculpas públicas por ello.

Consideramos, además, que se establece un interesante precedente, por el cual el Estado reconoce que tiene una responsabilidad en proteger a los periodistas y medios de comunicación y en investigar a fondo las posibles agresiones que puedan afectarlos.

Igualmente, recordamos que el Estado ecuatoriano, se comprometió en marzo ante la CIDH para avanzar en la despenalización del desacato y de los llamados "delitos de opinión"; sin embargo, no se ha dado ningún paso en ese sentido. Pedimos que en la misma línea del espíritu de respeto y garantía de derechos que está demostrando el Ministerio de Justicia en el caso de Cuesta, se marquen los pasos concretos para avanzar hacia la despenalización de la opinión en el Ecuador.

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