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Críticos del presidente Correa enviados a prisión mediante leyes penales de difamación, con multas millonarias


El presidente ecuatoriano Correa castiga a críticos con multa de US$40 millones
El presidente ecuatoriano Correa castiga a críticos con multa de US$40 millones

REUTERS/Enrique Castro-Mendivil

En un fallo del 20 de julio, un juez ecuatoriano sentenció a un periodista y tres ejecutivos de un periódico a prisión por tres años con una multa de $40 millones por publicar una columna que cuestionaba lo adecuado de una incursión del ejército para rescatar al presidente Rafael Correa de una manifestación de policías en huelga. La condena a los críticos de Correa es un importante golpe a la libertad de prensa, que infringe las obligaciones internacionales de derechos humanos de Ecuador, afirman la Fundación Andina para la Observación y el Estudio de los Medios (Fundamedios), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y otros miembros de IFEX.


Ecuador debería abolir las estipulaciones de difamación de su Código Penal, conocidas como la ley de "desacato", dicen los miembros de IFEX, especialmente cuando otros países de América Latina están retirando las penas de cárcel y los castigos estrictos por la difamación penal.


Los poderosos usan con frecuencia las disposiciones de las leyes penales de difamación para limitar la crítica y controlar el debate público, dice ARTICLE 19. De hecho, los funcionarios públicos deberían tolerar más crítica, y no menos, que los ciudadanos privados, debido al interés público en el debate abierto sobre las instituciones y figuras públicas. En consecuencia, las leyes penales de difamación no se deberían aplicar para proteger de las críticas a los funcionarios públicos. 

Los cuatro acusados fueron multados con un total de US$30 millones y se impusieron US$10 millones más a "El Universo", uno de los diarios más grandes del país y el principal periódico de oposición. El periodista Emilio Palacio, quien escribió la columna del 6 de febrero para "El Universo", calificó la sentencia de "una barbaridad".


En su columna, "NO a las mentiras", Palacio se refiere a Correa como "el dictador" que ordenó a las tropas "disparar [sin previo aviso] contra un hospital lleno de civiles e inocentes" durante una sublevación de la policía en septiembre de 2010 por los planes gubernamentales de recortar las prestaciones de la policía. Palacio sugirió que estas acciones podrían equivaler a crímenes contra la humanidad. Durante la crisis, Correa fue maltratado por manifestantes y se retiró al interior del hospital hasta que soldados ecuatorianos lo rescataron. Al menos 10 personas murieron en las acciones, dicen los informes noticiosos. Palacio además criticó a Correa por considerar indultar a los policías implicados en la rebelión.



En marzo de 2011, Correa interpuso cargos por difamación contra Palacio y los ejecutivos del periódico con sede en Guayaquil Carlos Pérez Barriga, César Pérez Barriga y Nicolás Pérez Barriga, y exigió una pena de cárcel de tres años para cada acusado y el pago por parte del periódico y su personal de una indemnización de $80 millones en daños y perjuicios. Correa afirmó que la columna "deliberada, inmoral y maliciosamente lo injuriaba, con la única intención de afectar su prestigio, honor y buena reputación", informa Human Rights Watch. Los directores del diario ofrecieron imprimir una corrección si el presidente la redactaba; Correa rechazó la oferta.



"Estamos alarmados de que un presidente elegido democráticamente recurra a leyes tan anticuadas para silenciar el reportaje crítico", dijo el Committee to Protect Journalists (Comité por la Protección de los Periodistas, CPJ).


"La incapacidad crónica del presidente Correa de enfrentar la crítica, ya sea equivocada o inexacta, revela un obstinado rechazo de algunos de los principios más básicos de la democracia", dijo el World Press Freedom Committee (Comité Mundial por la Libertad de Prensa, WPFC) de Freedom House. "Su disposición a enfrentarse a sus críticos y las ofensivas aplastantes para sacarlos de los negocios y de la arena pública denotan una falta de disposición a aceptar las reglas democráticas del juego".



Esta es la segunda demanda que Correa interpone contra periodistas ecuatorianos. Interpuso una demanda civil por difamación de US$10 millones contra los periodistas de investigación Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores de un libro titulado "Gran Hermano" sobre la corrupción oficial. Los medios del país con frecuencia son criticados por Correa en sus difusiones de radio y TV conocidos como "cadenas" y "enlaces", dice Reporteros sin Fronteras (RSF). Se ha referido a los periodistas como "irresponsables", "corruptos" y "asesinos de tinta", según el International Press Institute (Instituto Internacional de Prensa, IPI).



Las leyes ecuatorianas contrastan con los cambios progresivos que han ocurrido en otros países latinoamericanos, dicen los miembros de IFEX. En 2009, la Suprema Corte costarricense eliminó las penas de cárcel por difamación penal y el Congreso argentino revocó las disposiciones de difamación penal del Código Penal. El mismo año, el Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló la ley de prensa de 1967, que imponía penas brutales por difamación y calumnia. "Encarcelar a una persona por un delito de medios es contrario a la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual Ecuador está obligado a seguir como miembro de la Organización de Estados Americanos", informa RSF.


La SIP instó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a vigilar la situación de la libertad de prensa y la libertad de palabra en Ecuador, para insistir en que las personas que estén en el poder modifican leyes que conviertan en delitos penales la crítica y la expresión.

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