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Se intensifica campaña de propaganda contra medios independientes y organización de derechos

(De izquierda a derecha) Mauricio Alarcón y César Ricaurte de FUNDAMEDIOS en una reunión de la CIDH sobre la libre expresión en Ecuador CRÉDITO: Patricia Leiva/ OEA
(De izquierda a derecha) Mauricio Alarcón y César Ricaurte de FUNDAMEDIOS en una reunión de la CIDH sobre la libre expresión en Ecuador CRÉDITO: Patricia Leiva/ OEA

Patricia Leiva/OAS

Mientras los funcionarios gubernamentales estaban interrumpiendo diversos programas de noticias en un intento de desacreditar a FUNDAMEDIOS, el miembro de IFEX en Ecuador, la  Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA) estaba terminando una misión de libertad de prensa que concluyó que los trabajadores de los medios independientes en el país se enfrentan a un "clima de hostilidad" generalizado. Incluso más alarmantes son las amenazas de muerte enviadas al personal de la Fundación Andina para la Observación y el Estudio de los Medios (FUNDAMEDIOS)(FUNDAMEDIOS) al mismo tiempo.

Los funcionarios gubernamentales están incitando agresivamente la hostilidad; acusaron falsamente a FUNDAMEDIOS de todo tipo de delitos, desde estar relacionada con delincuentes hasta no informar de ataques contra los medios de propiedad gubernamental. Las difusiones del Gobierno que atacaban a FUNDAMEDIOS a finales de octubre y principios de noviembre inspiraron a partidarios del Gobierno a sugerir por los medios sociales que se debería "eliminar" a los miembros de FUNDAMEDIOS, informa la propia organización.

En una declaración, FUNDAMEDIOS afirmó que "condena firmemente como falso y malicioso en el intento de vincularnos con personas que, según el Gobierno, están relacionadas con delitos contra el Estado o conspiraciones".

La campaña en contra de FUNDAMEDIOS se incrementaron después de que participó en una audiencia sobre libertad de prensa en Ecuador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, D.C. el 25 de octubre. La audiencia fue específicamente solicitada por FUNDAMEDIOS y otros miembros de sociedad civil como una reacción a la campaña gubernamental contra la prensa independiente. Inmediatamente después, afirma la CIDH, el Gobierno de Ecuador emitió una difusión, que todas las estaciones de radio y televisión estaban obligadas a transmitir, "con declaraciones que claramente tenían la intención de desacreditar a la organización peticionaria FUNDAMEDIOS, su director [César Ricaurte] y otros participantes en la audiencia".

En una fuerte reacción a esta intimidación, la CIDH hizo una declaración pública el 4 de noviembre, en la que "expresa su más profunda inquietud por el hecho de que algunas de las personas que comparecieron en las audiencias y sesiones de trabajo de la CIDH han estado sujetas a amenazas, represalias y acciones para desacreditarlas, de parte tanto de ciudadanos privados como, en algunos casos, de funcionarios estatales de alto nivel".

Las autoridades impidieron a un periodista independiente, Wilson Cabrera, que trabajaba con la recientemente cerrada estación de radio Voz de la Esmeralda Oriental, volar a la audiencia de la CIDH , informa FUNDAMEDIOS.

"[...] solo buscan cuidar los intereses de las empresas [...] se han dedicado a hacer una campaña permanente contra las acciones del Gobierno", acusó el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño durante una conferencia de prensa que intentó desacreditar la intervención de FUNDAMEDIOS en la CIDH por tener motivación política. "Los derechos de los ciudadanos, de vivir bien, les importan un comino".

El 3 de noviembre, mientras tanto, WAN-IFRA concluyó su misión de cinco días durante la cual se reunió con numerosos medios independientes y gubernamentales, funcionarios gubernamentales y representantes de organizaciones locales.

La delegación expresó serias inquietudes por la creciente concentración de empresas de medios de comunicación bajo control gubernamental directo o indirecto, las agresiones verbales contra periodistas por parte de funcionarios gubernamentales y del Presidente, y el uso de escandalosas multas en demandas por difamación penales y civiles para hacer quedar en bancarrota a las empresas de medios de comunicación independientes.

Actualmente, los periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita se enfrentan a una demanda civil contra el Presidente, que está pidiendo a los tribunales que impongan US$10 millones por daños y perjuicios en relación con su libro "El gran hermano", sobre el papel del Presidente en la corrupción oficial, informa WAN-IFRA. Según FUNDAMEDIOS, Calderón recibió una llamada telefónica amenazadora en octubre: "Aquí es donde vive Calderón, el escritor soberbio. Prepárate ahora sigues tú", dijo la voz masculina en el teléfono.

La demanda llega tras una multa por difamación por US$40 millones impuesta al personal de "El Universo" en julio.

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