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Nueva controversia tras cierre de radio

(RSF/IFEX) - 17 de julio de 2012 - Tras 17 años al aire, Radio Morena FM 98.1, localizada en Guayaquil, dejó de transmitir el 6 de julio de 2012, después de una vasta operación en la que su equipo fue confiscado. La estación, propiedad del político de oposición Luis Almeida, es el decimonoveno medio de comunicación audiovisual clausurado en lo que va del año.

Como en los casos anteriores, la controversia gira en torno a los motivos y las condiciones de aplicación de esta medida. Los representantes de la estación denuncian una “persecución” política. La autoridad competente, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (la Senatel, antes el Conatel), asegura que Radio Morena se retrasó en los pagos de la licencia de emisión.

“Nuestra preocupación sigue siendo la misma. Suponiendo que Radio Morena se hubiera retrasado en sus pagos, ¿por qué preceder a su cierre sin esperar a que se agotaran todos los recursos? Existe una exigencia legal, incluso constitucional, de debido proceso. La confiscación del equipo de la estación, propiedad del medio de comunicación a diferencia de su frecuencia, alimenta las sospechas que despierta este procedimiento. Sugerimos que se realice reexamen completo del sistema de concesión de frecuencias y del funcionamiento de la autoridad que las otorga. Esta recomendación ya había sido formulada en 2009 por un grupo de expertos consultado a petición del mismo presidente Rafael Correa. Esta reforma de fondo es urgente”, declaró Reporteros sin Fronteras, que pugna por que ésta se incluya en la agenda de un nuevo debate sobre la Ley de Comunicación.

La ola de clausuras de medios de comunicación audiovisuales - la mayor parte de ellos conocidos por ser críticos del gobierno - nutre la polémica, tanto más dado que el presidente Rafael Correa multiplica los ataques personales contra personalidades de la oposición.

Gustavo Cortez, editor general del diario El Universo, fue blanco de violentas acusaciones presidenciales en los últimos cuatro enlaces sabatinos (discursos semanales de Rafael Correa difundidos en la mayoría de los medios de comunicación audiovisuales públicos). El 14 de julio pasado el jefe de Estado no dudo en mostrar la fotografía del periodista llamando públicamente a sus propios partidarios a “reaccionar” contra él. César Ricaurte, director de la ONG de defensa de la libertad de expresión Fundamedios, sufrió los mismos ataques en otro enlace sabatino en el mes de junio.

“Reporteros sin Fronteras ha recordado, en su debido momento, ciertos excesos que la prensa privada ha cometido en el pasado. Pero, ¿qué sentido dar al perdón que el presidente Rafael Correa otorgó a El Universo el 27 de febrero pasado si reanuda ahora las hostilidades? Es responsabilidad de un jefe de Estado garantizar la concordia ciudadana y no señalar al aire a los 'enemigos del país' que también son sus ciudadanos. El respeto que exige un presidente electo democráticamente para su persona y su función también supone el respeto de sus detractores y opositores. En este caso, el ataque personal afecta la seguridad de aquellos a los que va dirigido”, concluyó la organización.
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