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Según informe, medios privados en Ecuador están blancos de ataques por gobierno

(IPI/IFEX) - VIENA, 23 de octubre de 2012 - El Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés) publicó hoy el informe final sobre la misión de libertad de prensa llevada a cabo del 7 al 11 de mayo de 2012 en Ecuador, en el cual se asevera que los medios de comunicación privados de la nación están siendo blanco de ataques por parte del gobierno del presidente Rafael Correa.

El informe, de aproximadamente 30 páginas, enumera diversas tácticas usadas por el gobierno de Correa contra los medios de comunicación privados, entre las que se encuentran la elaboración de proyectos legales diseñados para debilitar a los medios de comunicación independientes y el uso sistemático de un discurso
ofensivo —difundido públicamente a través de los medios de comunicación del Gobierno— para empañar la reputación de periodistas críticos, editores y grupos que trabajan por la libertad de prensa.

“Ecuador está en medio de una crisis de libertad de prensa”, informó el subdirector del IPI, Anthony Mills, quien encabezó la misión de una semana. “El Gobierno de Correa ha promovido un ataque público desde varios frentes contra los medios privados. Sin embargo, es el pueblo ecuatoriano quien está pagando el precio, ya que su derecho a recibir información independiente está siendo amenazado”.

Las tensiones entre unos medios de comunicación fuertemente polarizados y el gobierno de Correa, quien se autodenomina revolucionario, nunca antes habían sido mayores. Llegando a Ecuador dos meses y medio después de que Correa consiguiera —y posteriormente no aplicara— una multa multimillonaria contra los
editores del periódico El Universo y los autores del libro El Gran Hermano los delegados del IPI encontraron que la batalla del Gobierno contra los medios de comunicación se ha radicalizado y hecho cada vez más visible. El conflicto incluso estaba presente en las calles de Quito, donde había grafitis que catalogaban a tres medios de comunicación privados como “armas de destrucción masiva”, entre otros calificativos negativos.

Más específicamente, el reporte critica dos leyes aprobadas recientemente: la llamada “Ley Antimonopolio” y las reformas a ley electoral. La primera parece restringir la capacidad de los medios independientes de incrementar su capital, mientras las reformas limitan de informar debidamente a los votantes. Asimismo, hay otros dos proyectos de ley actualmente bajo consideración que podrían restringir el periodismo crítico de investigación: una nueva ley de comunicaciones y las reformas al Código Penal.

Otros aspectos preocupantes que se destacan en el informe incluyen el frecuente abuso de las “cadenas” — discursos presidenciales que las estaciones de radio y televisión deben transmitir y que son frecuentemente utilizadas por el Gobierno para silenciar o distorsionar la crítica-; el hecho de que el Gobierno controle los
medios de comunicación incautados que había prometido vender; la falta de voluntad de diálogo por parte de los medios —privados y públicos— y el Gobierno; y la palpable sensación de miedo y resignación entre los periodistas y en las salas de redacción, situación que ya está generando autocensura.

“Un rol esencial del periodismo es cuestionar el poder por el bien de la población, pero cuando están en juego la seguridad y el bienestar del reportero, o cuando existe miedo, como ahora, el silencio se convierte en la mejor opción. La consiguiente ausencia de investigaciones críticas sólo puede afectar a la sociedad y a la democracia”.

La misión del IPI a Ecuador, encabezada por Mills y en la que participó también Mariela Hoyer, quien asistió como asesora de libertad de prensa del IPI para Latinoamérica, se llevó a cabo del 7 al 11 de mayo de 2012. En sus visitas a Quito y Guayaquil, los delegados del IPI buscaron interactuar con un amplio espectro de
actores, por lo cual se reunieron con funcionarios del Gobierno, incluyendo al Vicepresidente del país, al Secretario Nacional de Comunicación y a la ministra de Justicia; así como con editores, periodistas, dueños de medios de comunicación, políticos y grupos de la sociedad civil.

Hoyer explicó que, a pesar de la clara tensión, “el objetivo era escuchar todos los puntos de vista posibles en Ecuador, con la mirada puesta en promover en el futuro un diálogo constructivo. Creemos que es esencial para los medios de comunicación ecuatorianos y para el Gobierno entender y respetar sus respectivos roles en una sociedad democrática. La cooperación de ambos es necesaria para garantizar una sociedad informada y fortalecida”.

El reporte incluye una serie de recomendaciones para los medios de comunicación y para el gobierno de Ecuador. El IPI exhorta a los medios a valorar el periodismo ético y a instaurar sistemas de autorregulación efectivos como herramientas para lograr una mayor credibilidad. Asimismo, el informe exhorta al Gobierno a cesar su confrontación con los medios; a garantizar que la prensa sea consultada para la redacción de los proyectos de ley que les afectan directamente; a eliminar todas las leyes que penalizan la difamación; y a desarrollar mecanismos que garanticen—y no pongan en peligro—al periodismo independiente.

Entre la visita del IPI y la publicación de este informe, la situación de los medios de comunicación en Ecuador parece haber empeorado. Entre mayo y julio autoridades ecuatorianas cerraron al menos nueve estaciones de televisión y radio regionales, muchas de las cuales habían criticado al Gobierno. En junio, el presidente Correa formalizó una prohibición para los ministros del gabinete de conceder entrevistas a los medios privados, y luego suspendió la propaganda del Gobierno en los periódicos que habían criticado el declive de la libertad de prensa en el país. A principios de junio, un periodista independiente fue asesinado en las afueras de Guayaquil. Y tan sólo hace un mes, la Corte Constitucional del Ecuador levantó una suspensión temporal de las reformas a la ley electoral, allanando el camino para las restricciones a los periodistas en las elecciones presidenciales de febrero próximo.

La directora ejecutiva del IPI, Alison Bethel McKenzie, dijo: “Los eventos de este verano indican que los resultados y las recomendaciones que surgieron de la misión del IPI son más relevantes y urgentes que nunca. Estamos comprometidos a trabajar a largo plazo con el Gobierno y los medios, tanto públicos como privados. Somos optimistas al creer que el diálogo puede mitigar el conflicto”.

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