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Medios ecuatorianos enfrentan restricciones durante campaña

(IPI/IFEX) - 30 de enero de 2013 - ¿Dónde termina el reportaje objetivo acerca de un candidato presidencial y comienza la promoción “indirecta” del candidato? Ésa es la interrogante con la que los medios de comunicación ecuatorianos deben vivir al transitar por un ambiguo sendero legal de cara a las elecciones presidenciales del 17 de febrero.

Esta confusión comenzó en enero de 2012, cuando el actual presidente de Ecuador y candidato a la reelección, Rafael Correa, ejerció su derecho a veto parcial para modificar una ley que reformaba la ley electoral ecuatoriana (conocida como el “Código de la Democracia”) al introducir nuevas restricciones al seguimiento de la campaña electoral por parte de los medios. Entre las modificaciones se encuentra la del artículo 203, el cual ahora establece que “los medios de comunicación social se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política”.

La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) y Fundamedios, un grupo local de libertad de expresión, plantearon una demanda constitucional a esta ley alegando que los cambios violaban el derecho de la prensa a la libre expresión. En octubre de 2012, la Corte Constitucional del Ecuador dictaminó que el gobierno no podía regular la “información o la opinión”, pero ratificó la prohibición de la “promoción indirecta” –sin explicar lo que realmente significa ese término-.

Luego, la Corte intentó aclarar el artículo 203, al establecer que los medios deben conceder el mismo espacio y tiempo a todos los candidatos, lo que causó más confusión (el presidente de AEDEP, Diego Cornejo, se preguntó si los periódicos tenían prohibido hacer reportajes de los candidatos fuera del contexto electoral). Además, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador tampoco ha establecido directrices, a pesar de que es el ente en cargo de hacer cumplir el artículo 203.

“Existe el riesgo de que el CNE pueda actuar con sanciones sobre la información que subjetivamente la autoridad sancionadora considere publicidad indirecta o promoción indirecta. El riesgo [...] está ocasionando muchas conductas en los medios, algunas de las cuales podrían considerarse autocensura”, dijo Cornejo al Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés).

Anthony Mills, subdirector del IPI, dijo que “el IPI se opone a cualquier restricción innecesaria al derecho de los medios a informar sobre las elecciones, particularmente a aquellas restricciones vulnerables a múltiples interpretaciones. El término 'promoción indirecta', incluido en el artículo 203, es muy subjetivo y deja la puerta abierta a aquellos que buscan silenciar o castigar el cubrimiento crítico de los medios de comunicación en las venideras elecciones presidenciales”.

La falta de claridad en lo relacionado a lo que los medios pueden o no cubrir aumenta las razones por las cuales se puede enjuiciar a un periodista en Ecuador. En 2012, la sentencia multimillonaria por injuria en contra del diario El Universo alcanzó los titulares noticiosos a nivel mundial, así como el juicio civil en contra de los autores del libro de investigación El Gran Hermano.

El IPI también resaltó dos otros casos relacionados con la cobertura de las elecciones. En octubre de 2012, la revista Vistazo fue multada con 80.000 dólares estadounidenses por difundir “propaganda política” al publicar en mayo de 2011 una editorial que instaba a sus lectores a rechazar los elementos de un referéndum popular celebrado tres días luego de la publicación. En noviembre, un juez ordenó al diario La Hora a que se disculpara públicamente con el presidente Correa por publicar un artículo que contenía información “inexacta”. El artículo en cuestión había citado a una organización no gubernamental ecuatoriana pro democracia que señalaba que el Presidente había gastado más de 71 millones de dólares estadounidenses en propaganda oficial desde enero de 2012.

Fundamedios publicó recientemente un manual para la cobertura de las elecciones, el cual da consejos de cómo los periodistas pueden mantenerse imparciales. El director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, dijo al IPI que el manual era adecuado “debido a las nuevas restricciones legales para el trabajo de la prensa y el entorno de riesgo, especialmente en lo que tiene que ver con la posibilidad de demandas contra medios y periodistas”.

El IPI está preocupado por la posibilidad de que este complicado entorno para los reporteros ecuatorianos signifique una disminución de la cobertura crítica de las elecciones. El 23 de enero de este año, el Observatorio de Medios del Ecuador (OME), un proyecto de Fundamedios, publicó un informe que afirma que 93.5% de las 417 notas de prensa analizadas por ellos eran “meramente descriptivas” y se concentraban en elementos procesales de la campaña.

El informe también indica que el cubrimiento de los candidatos, a pesar de estar en crecimiento, comenzó de forma desigual. 5.5% de los artículos analizados eran sobre el presidente Correa, cifra que dobla a la de sus contendientes más cercanos, Lucio Gutiérrez y Guillermo Lasso, con 2.8% y 2.6% respectivamente.

Desde el comienzo de la campaña electoral en Ecuador, que comenzó oficialmente el 4 de enero, el presidente Correa ha profundizado sus agresiones verbales contra la prensa privada, ataques por los cuales se ha vuelto conocido. En noviembre de 2012, Correa dijo en una entrevista que la libertad de expresión debería ser una “función del estado” para poder prevenir lo que catalogó como “abusos” de la “prensa corrupta”. A principios de ese mismo mes, Correa también declaró que, de ser reelecto, seguiría “defendiendo al pueblo de la prensa que manipula y desinforma”.

Fundamedios también denunció que el Presidente continúa usando las cadenas de radio y televisión para criticar duramente a los medios privados. A finales de diciembre, el presidente hizo una cadena que duró tres horas. Durante dicha cadena, acusó a los diarios El Universo, El Comercio y otros diarios de “manipular al público para evitar que su partido ganara” y puso en tela de juicio las estadísticas de Fundamedios sobre la violencia contra periodistas. A finales de diciembre, un juez negó una apelación hecha por Fundamedios y el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador para anular la orden presidencial que prohíbe a ministros dar entrevistas a medios privados. La sentencia dictaminó que la orden no afecta las “garantías constitucionales del derecho a la información de los ciudadanos”.

Anthony Mills afirmó que las “elecciones son el pilar fundamental de la democracia” y que “el deber de la prensa –pública o privada- es reportar de forma precisa acerca de los candidatos sin intromisión del gobierno para que los ciudadanos puedan elegir conscientemente”.

También hizo un llamado al presidente Correa a que “respete el papel de los medios en una sociedad democrática y su derecho de emitir opiniones acerca de temas de interés público”.

Asimismo, exhortó al Consejo Nacional Electoral a que “dictamine a favor de la libertad de prensa al revisar el cumplimiento del Código de la Democracia”.

Una delegación del IPI, encabezada por Mills, viajó a Ecuador en mayo de 2012 a una misión de libertad de prensa. El informe de este viaje afirma que Ecuador está en medio de una “crisis de libertad de prensa” caracterizada por acciones legales de represalia contra periodistas y por el uso sistemático de ofensas verbales por parte del gobierno de Correa para manchar la reputación de periodistas críticos, editores y grupos de libertad de prensa.

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