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Dirigente social condenada por terrorismo en Ecuador

Fundamedios deplora la sentencia dictada contra la ex presidenta de la Unión Nacional de Educadores, Mery Zamora, condenada penalmente por el delito de sabotaje y terrorismo por haber exhortado a los alumnos del colegio Aguirre Abad de la ciudad de Guayaquil a participar de las manifestaciones del 30 de septiembre de 2010.

Esta condena se da a pesar de que a mediados del año 2011 las investigaciones practicadas determinaron "que el hecho denunciado no constituye delito (...) que pese al tiempo transcurrido no existen elementos de convicción suficientes que permitan continuar" con el proceso. Aún cuando la sentencia no ha sido formalmente notificada, el Código Penal dispone que este delito es sancionado con reclusión mayor ordinaria de 8 a 12 años y multa de 87 a 175 dólares.

Fundamedios considera que esta condena constituye un acto de criminalización de la protesta social, que afecta gravemente el derecho de los dirigentes sociales y estudiantiles de manifestarse libremente en la vía pública de manera pacífica, derecho que está garantizado en la Constitución del Ecuador y por los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Recordamos que la criminalización de estas expresiones legítimas generan un efecto inhibidor en toda la ciudadanía, más aún cuando los tipos penales empleados para sancionarlas son ambiguos o abiertos, pues ello da cabida a su aplicación discrecional y arbitraria.

La Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos han sido enfáticas en sostener que los delitos de sabotaje y terrorismo deben ser aplicados de manera restrictiva, y sólo en casos en los que el discurso controvertido constituya una amenaza real e inminente a la existencia misma del Estado. Las simples manifestaciones de oposición no entran dentro de esta descripción, pues constituyen posiciones y opiniones diversas que fomentan la pluralidad necesaria en un Estado de Derecho.

Por ello, advertimos sobre las graves implicaciones que puedan tener en el ejercicio al derecho a la libre expresión, oposición y protesta pública, la acusación, el procesamiento penal y la eventual condena a una dirigente social; y hacemos un llamado a las autoridades a respetar las garantías fundamentales del debido proceso y a aplicar de manera restrictiva y específica, los tipos penales de sabotaje y terrorismo comprendidos en la legislación penal ecuatoriana.

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