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Se detiene a dirigente condenado por injurias al Presidente de Ecuador

El 22 de julio de 2014, tras un operativo ejecutado por la Policía Nacional, se detuvo al dirigente gremial médico Carlos Figueroa, sentenciado a seis meses de prisión, tras ser hallado culpable del delito de injurias contra el presidente Rafael Correa, junto con el exasambleísta Cléver Jiménez y su asesor Fernando Villavicencio. El ministerio del Interior, a través de su cuenta oficial de Twitter @MinInteriorEc, informó, alrededor de las 14:30: "Urgente:@PoliciaEcuador detuvo a Carlos Figueroa, sentenciado a 6 meses de prisión por delito injurias. Detención se dio al norte#Quito".




Julio César Sarango, abogado de Figueroa dijo a Fundamedios que su defendido fue llevado hasta la Unidad de Flagrancia, sin embargo hasta el momento no ha podido comunicarse con él. "Lo tienen secuestrado, no sabemos dónde lo tienen, están violando sus derechos flagrantemente, artículo 77 numeral 7, letras a, b y c de la Constitución de la República. Ellos tienen la obligación de inmediatamente hacer que se comunique con su abogado de confianza, con los familiares y no han permitido eso. Dicen que lo han sacado ya a la cárcel cuatro pero no se podría hacer eso porque primero habría que legalizar la detención ante la jueza Lucy Blacio", dijo Sarango.

El pasado 21 de marzo del presente año, Lucy Blacio, jueza de la Corte Nacional de Justicia emitió las boletas de encarcelamiento contra Jiménez, Villavicencio y Figueroa, declarados culpables de injuriar al Presidente. Blacio, en primera instancia, sentenció a Jiménez y Villavicencio, en calidad de autores materiales, a 18 meses de prisión, y a Figueroa a seis meses por atenuantes.

La captura ocurre pese a que el 24 de marzo de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a través de la Resolución 6/2014, otorgó medidas cautelares a favor de los tres sentenciados y solicitó al Estado de Ecuador que suspenda de forma inmediata la ejecución de la sentencia. Estas medidas no han sido acatadas por el Estado ecuatoriano violando obligaciones establecidas en varios instrumentos internacionales de derechos humanos.

Este caso se remonta a 2011, cuando Jiménez, Villavicencio y Figueroa pidieron investigar al Presidente Correa por su participación en los hechos del 30 de septiembre del 2010. Esta denuncia fue desechada y calificada de maliciosa y temeraria por el Fiscal General del Estado.

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