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Fallos judiciales y levantamiento del estado de emergencia no son suficientes para garantizar la librelibre expresión, afirman miembros de IFEX

Miles de egipcios siguen marchando diariamente en la plaza Tahrir para protestar los por fallos judiciales impuestos en el juicio del expresidente Hosni Mubarak y otros funcionarios
Miles de egipcios siguen marchando diariamente en la plaza Tahrir para protestar los por fallos judiciales impuestos en el juicio del expresidente Hosni Mubarak y otros funcionarios

Mahmoud Abou Zied/DEMOTIX

La semana pasada, la ley de emergencia de Egipto, en vigor desde hace 30 años, expiró y el expresidente Hosni Mubarak fue sentenciado a cadena perpetua por no impedir la matanza de manifestantes durante el levantamiento en Egipto. Aún así el futuro para la libre expresión en Egipto sigue en duda, afirman la Red Árabe por la Información de Derechos Humanos (ANHRI), el Cairo Institute for Human Rights Studies (Instituto Cairota de Estudios de Derechos Humanos, CIHRS) y otros miembros de IFEX.

El 31 de mayo, la ley de emergencia, en vigor desde 1981, fue levantada, cuando el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas se negó a otorgar su renovación. En poco más de un año, desde el derrocamiento del régimen de Mubarak, más de 12,000 civiles han llevados ante tribunales militares por cargos políticos como "injuriar al ejército".

Aunque Freedom House (Casa de la Libertad) esperaba que el levantamiento de la ley "constituiría un paso hacia adelante para la consolidación de la transición de Egipto a la democracia, y el estado de derecho", la organización conservó su escepticismo. Mencionó la constante persecución por parte del Gobierno hacia organizaciones no gubernamentales (ONG) y los juicios militares de civiles como infracciones en curso del estado de derecho.

Mientras tanto, miles de egipcios siguen en marchas en la plaza Tahrir para protestar por los fallos judiciales impuestos en el juicio de Mubarak, sus hijos, el exministro del Interior y funcionarios de alto rango del ministerio.

Hosni Mubarak y Habib Al-Adly, ministro del Interior por mucho tiempo, fueron condenados de complicidad en el asesinato de cientos de manifestantes el año pasado, pero seis auxiliares de alto rango fueron absueltos. Aunque sus sentencias de cadena perpetua "envían a los futuros líderes de Egipto el enérgico mensaje de que no están por encima de la ley", dice Human Rights Watch, la absolución de sus hijos y de funcionarios de alto rango del ministerio "deja intacta la impunidad policíaca y todas las víctimas que siguen esperando justicia".

La ANHRI denunció los fallos judiciales, y declaró que no se hizo justicia, principalmente debido a la falta de voluntad de la fiscalía para investigar los abusos en serio. Tal vez no sea una sorpresa, pues el procurador general Abdel Maguid Mahmoud, una polémica figura cuya destitución ha sido exigida por grupos revolucionarios, se considera "uno de los hombres de Mubarak", dice la ANHRI.

Este recordatorio de la presencia de los funcionarios del antiguo régimen ha servido como alimento para la campaña presidencial de la Hermandad Musulmana, que ahora están posicionando a su candidato, Mohamed Morsi, como revolucionarios, en contrate con su oponente, el ex primer ministro Ahmed Shafik, según Al Yazira. El partido incluso llegó a declarar que, de ser elegido, Morsi volverá a juzgar a Mubarak.

Pero un proyecto de ley que regula las ONG fue presentada recientemente por el Partido Libertad y Justicia, el brazo político de la Hermandad Musulmana, pone en tela de juicio su compromiso con la libre expresión, afirma el CIHRS. A pesar de proponer algunas mejoras tangibles en contraste con la ley de ONG anterior, la ley fue criticada por "quedarse contra en el cumplimiento de las normas internacionales para garantizar la libertad y la independencia del trabajo de la sociedad civil".

El proyecto de ley impone amplias restricciones, como la preservación de "unidad nacional," "orden público" y "moral pública", términos que con frecuencia fueron usados por el régimen anterior contra ONG políticas y activistas.

Con la Constitución todavía por establecer, y sin que se hayan definido las facultades del Presidente, quedan muchas preguntas sobre el futuro de la libre expresión en el país.

En un esfuerzo para impedir la aprobación de leyes de esta clase, y asegurar que la libre expresión e información estén garantizadas por futuros Gobiernos egipcios, ARTICLE 19 insta a los redactores de la Constitución a "definir la libertad de expresión de manera amplia para incluir el derecho a buscar e e impartir información e ideas, y cubrir todos los tipos de expresión y los modos de comunicación". Vea el análisis completo y las recomendaciones aquí.

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