REGIONES:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

Para las ONG independientes de Egipto el futuro es, en el mejor de los casos, incierto, y en el peor, inexistente

Mohammed Zaree del Instituto de El Cairo para Estudios de Derechos Humanos (CIHRS por su sigla en inglés), una organización regional independiente y miembro de la red IFEX, nos habla del clima restrictivo para la sociedad civil en Egipto y por qué CIHRS decidió trasladar sus programas regionales e internacionales fuera del país.

Mohammed Zaree, director del programa de Egipto del Instituto de El Cairo de Estudios de Derechos Humanos, habla durante una entrevista con The Associated Press en su oficina en El Cairo, Egipto
Mohammed Zaree, director del programa de Egipto del Instituto de El Cairo de Estudios de Derechos Humanos, habla durante una entrevista con The Associated Press en su oficina en El Cairo, Egipto

AP Photo/Nariman El-Mofty

Hace un año, el 18 de julio de 2014, el Ministerio de Solidaridad Social de Egipto anunció que todos los grupos de la sociedad civil independientes debían registrarse con el gobierno bajo la Ley 2002 sobre las Asociaciones, y eso antes de noviembre de ese año, o enfrentar cargos criminales. La ley, altamente represiva, introducida durante el régimen de Hosni Mubarak, es considerada una de las más estrictas a la hora de gobernar la actividad de las ONG en la región.

"Fue entonces cuando el gobierno le declaró la guerra a los grupos de derechos humanos", dijo Mohammed Zaree, director del programa de Egipto del Instituto de El Cairo para Estudios de Derechos Humanos (CIHRS). "Una guerra que lo abarca todo", subrayó, y explicó que el registro bajo la ley actual implica restricciones en el financiamiento, permite al gobierno de interferir en las actividades de las organizaciones, y las torna vulnerables a duras penalidades.

Hasta que Abdel Fattah El-Sisi asumió el cargo, sólo los grupos que figuraban como asociaciones de la sociedad civil debían registrarse bajo la ley. Muchas organizaciones egipcias de derechos humanos pudieron eludir este problema registrándose como bufetes de abogados o empresas civiles. Ahora, la aplicación de la ley se ha ampliado, requiriendo que todas las entidades que participan en "actividades de la sociedad cívica" en Egipto deban registrarse, despojando eficazmente a estos grupos de su independencia.

Durante los dos últimos años, Egipto ha sido objeto de uno de los períodos más violentos y represivos en su historia moderna. Desde el derrocamiento de Mohamed Morsi en 2013, el régimen militar ha sido recuperando progresivamente el control de las instituciones del país.

Decenas de miles de críticos del gobierno se han convertido en un blanco. Presuntos miembros de la Hermandad Musulmana, ahora prohibida, ven cómo se les unen ahora en las cárceles de todo el país los activistas seculares, los defensores de derechos humanos y los miembros de la prensa independiente.

Los grupos de la sociedad civil independientes enfocados en los derechos son ahora más importantes que nunca para la sociedad egipcia, especialmente de cara a un poder judicial al que han descrito como una entidad con "escaso respeto por los principios reconocidos de la justicia". Y, sin embargo, a pesar de que su independencia está garantizada en la Constitución, no está claro si los grupos de derechos pueden continuar su trabajo a menos de alinearse con el gobierno. Y una manera de hacerlo es mediante el cumplimiento de la exigencia de que se registren de acuerdo con la Ley de 2002 sobre las Asociaciones.

Por desgracia para los grupos de la sociedad civil, la situación podría estar empeorando en el futuro próximo. El gobierno de Sisi no sólo revivió la ley, sino que introdujo el borrador de una versión aún más represiva y estricta, que incluye una sentencia de cadena perpetua y una multa de no menos de LE500,000 (aproximadamente USD 63,800) para los que reciben financiación extranjera para "dañar los intereses nacionales". El proyecto de ley aún no se ha aprobado, pero las enmiendas propuestas sugieren que el sector de las ONG tiene razones para estar preocupado por su futuro.

Khaled Sultan, el jefe de la administración de las ONG en el Ministerio de Solidaridad Social de Egipto, usó la amenaza real del terrorismo en la región para justificar el clima aún más restrictivo en el que las ONG operan. "La seguridad nacional de Egipto es más importante que cualquier grupo de derechos en este país", dijo. Sólo en el 2015, se han cerrado más de 400 ONG.

"En estos días, los grupos de derechos humanos en Egipto no miran hacia el futuro... En lo único que pensamos es en nuestro próximo plan de contingencia."
Mohammed Zaree, director del programa de Egipto del Instituto de El Cairo de Estudios de Derechos Humanos

Por supuesto, el concepto de que la seguridad del Estado y el respeto a los derechos humanos no pueden ir de la mano, no sólo se aplica a Egipto. Se han cometido muchas violaciones en toda la región en nombre de la seguridad nacional, a menudo con un amplio apoyo de los ciudadanos que parecen haber sido convencidos por los argumentos del gobierno.

Al acercarse el mes de noviembre de 2014 y así el plazo para registrarse, las ONG en Egipto estaban sintiendo la presión. ¿Debían ceder ante la ley y renunciar a su independencia? ¿Detener sus actividades por un tiempo y bajar su perfil? ¿Mover sus operaciones a otros lugares? ¿Negarse a cumplir y correr el riesgo de ver sus organizaciones cerradas sin previo aviso? - O peor, ¿enfrentar la cárcel?

"En estos días, los grupos de derechos humanos en Egipto no miran hacia el futuro", dijo Zaree. "No pensamos estratégicamente, no planificamos un año antes, o incluso seis meses antes. En lo único que pensamos es en nuestro próximo plan de contingencia".

A finales de 2014, la fecha límite había pasado sin ninguna acción decisiva por parte del gobierno. El Ministerio de Solidaridad Social anunció que investigaría a las organizaciones locales que no cumplan con la ley sobre una base de caso por caso. Es posible que la atención internacional no deseada haya disuadido al gobierno de tomar medidas. Sin embargo, muchas organizaciones no gubernamentales ya habían tomado medidas de precaución. Algunas habían cumplido con la ley, otras tenían empleados que trabajaban desde sus casas, por temor a que volvieran las redadas en las oficinas de las ONG que ocurrieron en diciembre de 2011, y otras cesaron sus actividades por completo.

La autorización y el registro no son las únicas herramientas que el gobierno tiene a su disposición en sus esfuerzos por silenciar y controlar a la sociedad civil. Lo que hizo que el CIHRS moviera sus programas regionales e internacionales al extranjero en diciembre no fue tanto el plazo para el registro sino el acoso tanto de sus empleados como de sus socios e invitados regionales.

En una declaración explicando sus razones, el instituto dijo que en múltiples oportunidades Egipto les había prohibido la entrada al país a sus invitados, en su mayoría defensores regionales de los derechos y funcionarios de la ONU. Algunos invitados fueron incluso objeto de hostigamiento y largos interrogatorios en el aeropuerto. Como resultado, se veía afectada la calidad y el alcance de la defensa regional del CIHRS.

La nueva oficina regional del instituto ya está establecida en Túnez, donde se aprobó una ley de ONG, en septiembre de 2011, que cumple en líneas generales con las normas internacionales.

En Egipto, las ONG siguen trabajando en un ambiente hostil. El Estado y sus partidarios en los medios de comunicación han estado atacando a las ONG en la esfera pública. Un artículo reciente nombró a algunos de los grupos de derechos más importantes de Egipto como cómplices en el fomento de las agendas extranjeras que tienen la intención de perjudicar a la estabilidad de Egipto. Se acusó al director ejecutivo del CIHRS de estar aliado con los "terroristas", y afirmó que la organización existe para "obstruir" la estabilidad del Estado.

Zaree ha rechazado las acusaciones, diciendo: "el Estado sabe que no tenemos vínculos con la Hermandad Musulmana ni tenemos agendas extranjeras. Simplemente no quieren ser responsables de sus acciones." Sin embargo, admite que las acusaciones tienen un efecto psicológico en las personas que trabajan en la sociedad civil. Cuando se nombra a un individuo, su seguridad personal también puede verse comprometida.

Aunque las ONG de derechos basadas en Egipto siempre se han enfrentado a retos en su trabajo, los defensores habían logrado mantener una sociedad civil dinámica, monitoreando y documentando violaciones del gobierno, incluso durante el régimen de Mubarak. Después de la revolución de 2011, había grandes esperanzas de que la sociedad civil pudiera tomar un papel más activo en la transición a la democracia. Por el contrario, hoy la propia supervivencia de los grupos de derechos independientes está en peligro.

Último tweet:

Brazilian Facebook User Prosecuted for Posting a Joke About a Politician https://t.co/6s95uxqWX2 via @globalvoices #Brazil