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Políticos, periodistas y oficiales del Estado conjuntamente recomiendan reformas a las leyes sobre difamación y acceso a información

(SIP/IFEX) - Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 11 de mayo de 2007:

Satisfecha la SIP por voluntad política en El Salvador para sancionar ley de acceso y eliminación del desacato
El presidente salvadoreño, Elías Antonio Saca, aludió en su discurso a RCTV de Venezuela y criticó la posición de "gobiernos que están cancelando concesiones".

Miami (11 de mayo de 2007) - La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su satisfacción por el resultado de una conferencia legislativa realizada el 8 de mayo en El Salvador, en la que líderes políticos, periodistas y miembros de los tres poderes públicos del Estado manifestaron la necesidad de que en ese país se sancione una ley de acceso a la información pública, se elimine el delito de desacato y se precise la legislación en torno a la despenalización de los delitos de difamación.

El orador principal de la jornada, el presidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, ponderó la actividad de la SIP y el consenso entre diferentes sectores que se había alcanzado durante la mañana, y en un discurso rico en manifestaciones sobre el papel de la prensa en una sociedad, dijo que los periodistas deben criticar a la clase política, "pues si no lo hacen dejan a la sociedad indefensa".

En clara alusión a los problemas en Venezuela donde el gobierno de aquel país continúa con su tesitura de cancelar la licencia de la televisora RCTV, el presidente Saca dijo que "debemos poner atención a los gobiernos que están cancelando concesiones de operación y restringiendo las libertades a los medios de prensa que señalan los abusos del poder y los excesos del gobernante de turno".

El presidente Saca, periodista de profesión y quien firmó la Declaración de Chapultepec en el año 2004, reafirmó su compromiso como defensor de la libertad de prensa e hizo un llamado a no permitir que los enemigos de las libertades burlen las virtudes del sistema para alcanzar los propósitos de poder político que no han podido alcanzar por la vía de los mecanismos democráticos. "Si vamos a llenar los vacíos de ley para enriquecer el marco de libertades periodísticas, asegurémonos también que sea para garantizar y consolidar los valores del sistema democrático", subrayó.

Durante la conferencia de la SIP, bajo el auspicio de la Fundación McCormick Tribune, un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores nacionales, jueces, periodistas y directores de medios de comunicación tuvo consenso para concluir que son necesarias reformas legislativas que permitan la expansión de las libertades de expresión, de prensa y el derecho del público a la información.

Los grupos de trabajo elaboraron un documento con una serie de recomendaciones que fueron entregadas al presidente de la Asamblea Legislativa, Rubén Orellana, y a otros legisladores nacionales. Orellana, así como el presidente de la Corte Suprema de El Salvador, Agustín García Calderón, firmaron la Declaración de Chapultepec durante una ceremonia especial, a la que también fue invitado el público general.

La SIP estuvo representada por José Roberto Dutriz, La Prensa Gráfica; Enrique Altamirano, El Diario de Hoy; Juan José Borja, El Mundo; Asdrúbal Aguiar, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y miembro de la Comisión de Chapultepec de la SIP; Julio E. Muñoz, director ejecutivo; Ricardo Trotti, director de Libertad de Prensa y Sally Zamudio, gerente del Proyecto Chapultepec.

Texto de las recomendaciones:

Acceso a la Información Pública

Se hace necesaria una legislación, al no considerarse suficiente la ley de ética gubernamental, y por ser necesaria una codificación que reúna las disposiciones dispersas sobre la materia. Consideraciones sobre la protección de los datos personales (habeas data) y la responsabilidad de funcionarios. La SIP entregó otras recomendaciones realizadas en Washington, D.C., el 11 de mayo del 2004

Eliminación del delito de desacato y despenalización de los delitos de injurias y calumnias

En referencia al delito de desacato sigue previsto en la legislación penal, contrariando los estándares internacionales, por lo que se hace necesaria una acción legislativa para su eliminación.

El tratamiento preferente para el funcionario público es contrario a los principios del trato igual entre los ciudadanos y afecta el principio del escrutinio por la opinión pública de la vida gubernamental en una democracia.

La protección legal y la interpretación jurisprudencial con la que cuentan los editores y periodistas para el ejercicio de la libertad de prensa en la actual legislación salvadoreña advierte lagunas e imprecisiones normativas susceptibles de debilitar tal protección.

Es necesaria la reforma de la legislación penal correspondiente y el ajuste de la legislación civil de acuerdo con los estándares internacionales.

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