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¿Cómo se tira abajo una ONG en Europa del Este? Se la acusa de ser un espía

Si bien las consecuencias de ser un “agente extranjero” en la Rusia de Vladimir Putin no son tan extremas como lo eran bajo Joseph Stalin, las mismas sí pueden establecer precedentes en la región, específicamente para Azerbaiyán, Kazajstán y Kirguistán. La tendencia ha impactado directamente a dos miembros de IFEX - el Instituto para la Libertad y Seguridad de los Periodistas (con sede en Azerbaiyán) y Freedom House (con sede en los EE.UU.)

Un hombre pasa por la oficina del grupo de derechos Memorial en Moscú, el 21 de noviembre de 2012. El edificio tiene las palabras “agente extranjero (ama) EE.UU.” pintadas con aerosol en su fachada.
Un hombre pasa por la oficina del grupo de derechos Memorial en Moscú, el 21 de noviembre de 2012. El edificio tiene las palabras “agente extranjero (ama) EE.UU.” pintadas con aerosol en su fachada.

AP Photo/Misha Japaridze

Si alguien le pidiera de imaginar el cuartel general de un espía, probablemente invocaría imágenes de escaleras de plata, puertas activadas con huellas digitales, y ventanas polarizadas a prueba de balas.

Probablemente no se imagina un edificio mundano, de ladrillo y azulejo, cubierto de grafitis.

Pero para el gobierno ruso, parece que es exactamente como se ve el cuartel general de un espía.

En 2013, Memorial - uno de los grupos de derechos humanos más conocidos de Rusia - fue allanado por la policía y los inspectores fiscales. Apenas unos meses antes, la parte exterior de su edificio de oficinas fue grafiteada con las palabras: “agente extranjero [ama] EE.UU.”

Ambos eventos fueron producto de la legislación adoptada en 2012, que requiere que las organizaciones no gubernamentales (ONG) rusas que aceptan financiamiento extranjero y participan en “actividades políticas” se registren como “agentes extranjeros”. Como nota Human Rights Watch, el término “agente extranjero” generalmente se entiende en el sentido de “espía” o “traidor”. De hecho, en algunos de los momentos más represivos de la época soviética, se utilizó el término para describir a los disidentes de Joseph Stalin, lo que incluso podía llevar a la ejecución, según la BBC.

Si bien las consecuencias de ser un “agente extranjero” en la Rusia de Vladimir Putin no son tan extremas como lo fueron bajo Stalin, han establecido algunos precedentes, no sólo para Rusia, sino también para algunos de sus vecinos, específicamente, Azerbaiyán, Kazajstán y Kirguistán.

En conjunto con otra legislación similarmente desconcertante - como la ley de “propaganda homosexual”- Rusia ha comenzado una tendencia regional que está afectando a un sinnúmero de grupos de derechos humanos. Y los miembros de IFEX que informan sobre cuestiones en la región no los van a perdonar.


Estableciendo la tendencia

Desde julio de 2012, el gobierno ruso le ha solicitad a aproximadamente 60 grupos que se registren como agentes extranjeros.

Según Human Rights Watch, no hacerlo podría resultar en una suspensión de las actividades de la organización por seis meses.

No sólo eso, sino que también podrían aplicarse multas severas y sanciones penales. Los individuos son susceptibles a multas de hasta 50.000 rublos (aproximadamente $ 840 USD) por la falta de presentación de informes periódicos y otra información, mientras que las ONG pueden ser multadas con hasta 1.000.000 rublos (aproximadamente $ 16,800) por el mismo motivo. Las infracciones graves de las regulaciones también podrían dar lugar a una sanción penal de hasta dos años en custodia para las personas a cargo de las organizaciones, señala Human Rights Watch.

Para una ley que examina cuidadosamente la documentación de las organizaciones, es asombrosamente inclusiva cuando se trata de etiquetar a los grupos de “agentes extranjeros”.

Entre las que recibieron dicha etiqueta están la Fundación Dinastía (Dynasty Foundation, que da becas a jóvenes matemáticos y científicos), el Festival Side by Side (Bok o Bok, un festival LGBT que más tarde anuló con éxito el veredicto en una apelación), y la Asociación Golos - el único organismo de control electoral independiente en Rusia.

Pero tal vez el caso más extraño de una organización acusada de ser un agente extranjero es el del Comité contra la Tortura (CAT por su sigla en inglés) - un grupo que crea conciencia sobre la tortura y tratos degradantes en Rusia. Según The Guardian, desde su creación en el 2000, las investigaciones del CAT han dado lugar a condenas de 107 agencias de la ley.

Así que cuando CAT fue etiquetado como un agente extranjero y acusado de tratar de cambiar la política del Estado, el fundador del grupo, Igor Kalyapin, dijo a la prensa rusa: “Por la lógica de los fiscales, resulta que la política del Estado es la tortura en los departamentos de policía y el encubrimiento de la tortura por parte de los órganos de investigación”.

Pero la incongruencia de la represión de Rusia sobre las organizaciones de la sociedad civil no se detiene allí.


Legalmente “indeseable”

Este mes de mayo, el gobierno de Putin dio un paso más allá, al aprobar una ley que permite a las autoridades procesar a las ONG extranjeras como “indeseables”, si se percibe que están socavando la “defensa nacional”, “la seguridad del Estado”, o el “orden constitucional”.

Según Human Rights Watch, una vez que una organización se etiqueta como “indeseable”, debe terminar de inmediato su presencia en Rusia y se le prohíbe llegar al público - ya sea en línea o a través de los medios de comunicación rusos. Además, toda participación en las actividades de una “organización no deseable” podría dar lugar a una pena de prisión de seis años.

A principios de este mes, los legisladores rusos elaboraron una “lista de detención patriótica” de 12 ONGs extranjeras que consideran que deben ser investigadas bajo la ley “indeseable”. En la lista se incluyó la Fundación MacArthur, la Fundación Soros, y Freedom House, una organización miembro de IFEX con sede en Estados Unidos que “habla en contra de las principales amenazas a la democracia y empodera a los ciudadanos a ejercer sus derechos fundamentales”.

Cuando se le preguntó cómo y si su presencia en la lista afectaría el trabajo de Freedom House en la región, Susan Corke, directora de programas de Eurasia en Freedom House, declaró que es desconcertante que Freedom House se considere una amenaza para la seguridad nacional de Rusia, sobre todo considerando que la ONG no tiene oficinas ni personal en el país.

Corke declaró además: “Curiosamente, la ley prohíbe no sólo a las propias organizaciones, sino también penaliza la distribución de los materiales producidos por una organización, considerados inoportunos por el Fiscal General de Rusia, incluso en Internet. Esto nos lleva a pensar que los funcionarios del gobierno en Rusia no sólo prestan atención a los informes de Freedom House y sobre todo a los resultados, publicados en el informe Freedom of the World, sino además que las autoridades rusas parecen temer que la población los lea también.”

“Creemos que el gobierno no debe temer a los derechos y libertades de los ciudadanos o los esfuerzos para protegerlos. Los gobiernos fuertes apoyan las libertades y derechos de los ciudadanos. Los regímenes vulnerables, inseguros, temen a sus propios ciudadanos y a sus derechos. Tal vez, es por eso que el gobierno nos puso en la lista propuesta de las organizaciones indeseables.”

En una línea similar, Human Rights Watch señala que mientras que la ley supuestamente se centró en prevenir que los grupos extranjeros socavaran la seguridad nacional, “está evidentemente destinada a dar otro duro golpe a los grupos y activistas rusos.”


No es una idea extranjera

Rusia está sentando un precedente en la región que se extiende rápidamente más allá de sus fronteras.

Apenas el mes pasado, un proyecto de ley de “agentes extranjeros” pasó su primera lectura en el Parlamento de Kirguistán, por una votación de 83 a 23. Como nota Human Rights Watch, el proyecto de ley se inspira en gran medida en la legislación de Rusia, y crea una responsabilidad penal para los líderes de las ONG, “cuyo trabajo incita a los ciudadanos a negarse a cumplir con sus deberes cívicos o cometer otros actos ilícitos”.

Unas semanas más tarde - el 24 de junio de 2015 – la versión propia de Kirguistán de un proyecto de ley anti “propaganda” LGBT pasó a su segunda lectura en el Parlamento. De manera similar a la legislación rusa, el proyecto de ley tiene la intención de prohibir la difusión de información que promueve “relaciones sexuales no tradicionales”, y se aplicaría a la prensa, Internet, y asambleas públicas, lo que Human Rights Watch considera “una clara violación de la libertad de expresión”.

Kazajstán por su parte, ha estado a punto de seguir los pasos de Rusia, con los recientes intentos de adoptar sus propias leyes anti “propaganda” LGBT : “Sobre la Protección de los Niños de la Información Nociva para su Salud y Desarrollo” y “Sobre las Enmiendas y Adiciones a Varios Actos Jurídicos de la República de Kazajstán Relativas a la Protección de los Niños de la Información Nociva para su Salud y Desarrollo”.

El 18 de mayo de 2015, del Consejo Constitucional de Kazajstán consideró las dos leyes inconstitucionales. Sin embargo, un miembro del Parlamento ha propuesto reintroducirlas, según Human Rights Watch.

En un país donde las personas LGBT ya sufren de la violencia y la discriminación, la legislación propuesta habría tornado aún más difícil su acceso a la información y recursos en torno a su salud y bienestar. En un informe titulado “Fue entonces cuando me di cuenta que no era nadie” (That's When I realized I was Nobody), Human Rights Watch cita a un médico de una clínica de VIH en Almaty, que hace la conexión entre este tipo de legislación, el acceso a la información, y la salud: “Si el proyecto de ley de la propaganda se convierte en ley, la comunidad LGBT entrará en la clandestinidad más profunda. Nos convertimos en una clínica que registra las muertes de los jóvenes, ya que no reciben atención a tiempo debido al miedo de ser honestos acerca de sí mismos, y este miedo será ley”.


El mismo juego bajo un nombre diferente

Kazajstán y Kirguistán han modelado descaradamente su legislación según la de “agentes extranjeros” de Rusia y las “leyes anti-propaganda homosexual”. A pesar de que Azerbaiyán no tiene leyes con los mismos nombres, el impacto en la sociedad civil es el mismo.

Según Índice de Censura, en julio de 2009, la Ley de ONG de Azerbaiyán fue modificada para indicar que el registro de las ONG extranjeras en Azerbaiyán “se procesa en base al acuerdo firmado con las organizaciones”. En 2011, un nuevo decreto establece los criterios para la conclusión de estos acuerdos.

Si bien la Comisión de Venecia ha reconocido que las legislaciones de ONG de Azerbaiyán de 2009 y 2011 “lamentablemente anulan los esfuerzos anteriores para cumplir con los requisitos de las normas internacionales”, en 2014, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev aprobó nuevas modificaciones a la ley de las ONG. Las modificaciones incluyen la introducción de multas de entre 2.500-3.000 AZN (aproximadamente 2.600-3.100 euros) para las ONG y entre 1.000-2.000 AZN (aproximadamente 1.000-2.100 euros) para los directores de las organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras. También introdujeron requisitos administrativos adicionales y el aumento de los controles sobre los grupos de la sociedad civil.

Entre los grupos que se ven afectados había un miembro de IFEX: el Instituto para la Libertad y Seguridad de Periodistas (IRFS).

En agosto pasado, el director de IRFS, Emin Huseynov, fue notificado de que se le prohibía salir del país.

Dos días después, las autoridades allanaron la oficina de IRFS, y posteriormente lacraron sus puertas. Según Reporteros sin Fronteras (RSF), las autoridades ordenaron a todos los empleados abandonar el local sin mostrar ningún documento oficial.

Huseynov se vio obligado a esconderse durante más de un año (se escapó a Suiza en junio pasado) y enfrenta cargos bajo el Código Penal: artículos 308 (abuso de autoridad), 213 (evasión fiscal) y 192 (negocio ilegal). Otros miembros del personal de IRFS fueron sometidos a interrogatorios y prohibiciones ilegales de viajes, y las cuentas bancarias de la organización fueron congeladas, por lo que es prácticamente imposible que la organización que vigila los medios haga su trabajo.

Los incidentes que rodean a Huseynov e IRFS no están sucediendo de forma aislada. Más bien parecen ser parte de una tendencia preocupante en Azerbaiyán, donde se está criminalizando la libertad de expresión y de reunión, y los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil están siendo amenazados, encarcelados y administrados con multas paralizantes, como lo señaló IFEX en una carta a la Primera Dama de Azerbaiyán Mehriban Aliyeva a principios de este año.

La tendencia ha sido escrutada públicamente el pasado año. Grupos de la sociedad civil de todo el mundo denunciaron el historial de derechos humanos de Azerbaiyán, ya que presidió el Comité de Ministros del Consejo de Europa entre mayo y septiembre de 2014, y de nuevo el mes pasado cuando Azerbaiyán acogió los juegos europeos.

Los grupos de la sociedad civil cumplen una función esencial en la sociedad, son las voces independientes que proporcionan a los ciudadanos información que los ayuda a tomar decisiones sobre sus gobiernos, su salud y su vida cotidiana. Hugh Williamson, director para Europa y Asia Central de Human Rights Watch, dijo de la ley de agentes extranjeros de Rusia: “Está claro que la verdadera intención de la ley es desacreditar y demonizar a grupos críticos con el gobierno.” Es una declaración que podría aplicarse igualmente a las leyes en Azerbaiyán, Kazajstán y Kirguistán. Contar con voces críticas y una diversidad de opiniones es esencial para garantizar una democracia floreciente y saludable. La legislación no debe utilizarse para reducir los espacios en los que las ONG pueden operar.

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