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Porras, balas de goma y censura: Cataluña y mucho más en este panorama de Europa y Asia Central de septiembre, segunda parte

La brutal supresión del referéndum sobre la independencia en Cataluña, la nueva legislación antiterrorista en Francia, los periodistas que huyen de Rusia y el gobierno de Hungría que continúa su campaña contra la sociedad civil, son todos temas que resumen la situación de la libertad de expresión en la región.

Oficiales de la Guardia Civil española cruzan la puerta de un colegio de votación para el referéndum de independencia que fue prohibido, sitio donde supuestamente votaría el presidente catalán Carles Puigdemont en Sant Julià de Ramis, España, 1ro de octubre de 2017
Oficiales de la Guardia Civil española cruzan la puerta de un colegio de votación para el referéndum de independencia que fue prohibido, sitio donde supuestamente votaría el presidente catalán Carles Puigdemont en Sant Julià de Ramis, España, 1ro de octubre de 2017

REUTERS/Juan Medina


España: el referéndum de Cataluña

Brutal, vergonzoso y contraproducente: tres adjetivos que describen la táctica de las autoridades españolas el domingo 1ro de octubre de 2017, al pretender impedir que Cataluña celebrara su referéndum sobre la independencia.

En numerosas mesas de votación de toda la región, la policía nacional y militar atacó violentamente multitudes abrumadoramente pacíficas que estaban involucradas en actos de desobediencia civil. Al atardecer del domingo por la noche, por lo menos 760 personas habían resultado heridas por la policía, algunas seriamente. La policía utilizó porras y balas de goma, cuyo uso es ilegal en Cataluña desde 2014; de los más de 2.000 centros de votación de la región, se cerraron 336 y sus urnas fueron incautadas.

El resultado del referéndum fue anunciado al final de la noche, con el 90% de los 2,2 millones de votos emitidos a favor de la separación de España.

Aunque el Tribunal Constitucional español decidió el 6 de septiembre que el referéndum era inconstitucional, el Parlamento de Cataluña lo declaró jurídicamente vinculante. Y aunque pocos predijeron este nivel de violencia, el mes de septiembre ya había dado malas señales. A lo largo del mes, las autoridades españolas adoptaron tácticas muy pesadas para detener la votación. Muchas de sus acciones eran restricciones claras de los derechos a la libertad de expresión, reunión y acceso a la información.

Por ejemplo:

Al menos 12 dirigentes del movimiento pro-referéndum, altos funcionarios del gobierno catalán, fueron arrestados; algunos de ellos fueron acusados de "sedición" (lo que conlleva un castigo de hasta 15 años en la cárcel). Al menos 712 alcaldes de toda Cataluña fueron convocados para ser interrogados y amenazados con cargos criminales si no cooperaban.

Se incautaron miles de papeletas, carteles y otros materiales de información. Por lo menos 5 medios de comunicación fueron allanados por la policía, que les advirtió que serían enjuiciados si hacían publicidad para el referéndum o lo apoyaban. Los sitios web que proporcionaban información sobre el referéndum fueron cerrados y censurados.

Antes del día de la votación, expertos en derechos humanos y organizaciones de libertad de expresión - incluyendo miembros de IFEX - expresaron su preocupación por el uso de medidas judiciales por parte de España (y su reducción de los derechos básicos) para resolver lo que era una crisis política. Los expertos en derechos humanos de la ONU, David Kaye y Alfred de Zayas, emitieron una declaración afirmando que "las medidas que estamos presenciando son preocupantes porque parecen violar derechos individuales fundamentales, eliminando información pública y la posibilidad de un debate en un momento crítico para la democracia española" ; la Electronic Frontier Foundation publicó un comunicado en el que condenaba las tácticas agresivas de las autoridades españolas al intentar bloquear cualquier información en línea sobre el referéndum y, específicamente, su censura de los dominios .cat; PEN Internacional criticó el "uso de las instituciones judiciales con fines políticos" por parte del gobierno español; la Federación Internacional de Periodistas registró las redadas policiales contra los medios de comunicación catalanes con la plataforma del Consejo de Europa para la protección y seguridad de los periodistas; Reporteros sin Fronteras condenó la intimidación de periodistas de ambos lados.

El día de la votación, cuando la violencia policial estaba siendo transmitida por todo el mundo, Human Rights Watch publicó una declaración en la que afirmaba que España tenía el deber de proteger el derecho a la libertad de expresión y reunión y que la fuerza sólo debería ser empleada cuando fuera necesario y de manera proporcional.

Hablé con el eurodiputado catalán Josep Terricabras justo después de que la policía hubiese vaciado al menos dos mesas de votación en Girona. "Actuaron como fanáticos", me dijo: "Vaciaron la escuela local usando la violencia. No sabemos qué podría pasar mañana: incluso podrían arrestar a Puigdemont (presidente del gobierno catalán)". Para los catalanes de su generación, todo recuerda un pasado no tan lejano:

Después de que la policía usara porras para vaciar las escuelas, el eurodiputado catalán @jmterricabras me dijo: "Viví bajo Franco. Esto es peor porque somos una democracia".

Un agente de la policía antidisturbios española sacude una porra contra posibles votantes cerca de una escuela asignada para ser una mesa de votación en Barcelona, España, 1ro de octubre de 2017
Un agente de la policía antidisturbios española sacude una porra contra posibles votantes cerca de una escuela asignada para ser una mesa de votación en Barcelona, España, 1ro de octubre de 2017

Foto AP/Manu Fernandez, Archivo


Rusia: censura de LGBTQI, acoso de voces independientes

Ya no es noticia de que Rusia se ha vuelto cada vez más intolerante a la disensión (a menudo descrita como "extremismo"), o puntos de vista no conservadores (a menudo descritos como "inmorales"), especialmente en relación con las cuestiones LGBTQI. Human Rights Watch informó este mes que otro activista fue acusado bajo la llamada "ley de propaganda anti-gay" - se trata de Evdokia Romanova. Romanova es acusada de compartir información en Facebook sobre la Coalición Juvenil por los Derechos Sexuales y Reproductivos, un grupo internacional que aboga por el acceso de los jóvenes a información precisa sobre salud y sexualidad. Si es condenada, Romanova se enfrenta a una multa y sería la séptima persona condenada por la ley desde que fue aprobada en 2013. Este afán de reprimir expresiones positivas de las relaciones no heterosexuales se extiende a la industria del libro. En un artículo de Ben Steward publicado en el sitio web de la International Publishers Association se discute el tema del "homocleansing" por parte de editores rusos (acto que busca eliminar todos los rastros de contenido positivo relacionado con LGBTQI de los libros rusos y traducciones rusas de libros extranjeros).

La periodista Yulia Latynina huyó de Rusia este mes tras una serie de amenazas y ataques violentos contra su propiedad. Latynina, que escribe para Novaya Gazeta y organiza un programa semanal de radio en Ekho Moskvy, describió el ataque más reciente -el incendio intencional de su automóvil- como un "intento de asesinato". El Comité para la Protección de los Periodistas ha pedido a las autoridades rusas que lleven a los autores ante la justicia.

La elección presidencial rusa tiene lugar en marzo de 2018 y las autoridades estatales ya están trabajando para paralizar la campaña del principal crítico de Putin, Alexei Navalny. Human Rights Watch informó sobre el patrón de hostigamiento organizado dirigido contra Navalny y sus partidarios. Las tácticas incluyen redadas policiales en las oficinas de campaña de Navalny y detención arbitraria de personal voluntario. Los grupos nacionalistas y pro-Putin también han golpeado y amenazado a los activistas. Al final del mes, Navalny fue arrestado en su camino a una reunión de la oposición. Filmó parte del arresto en su teléfono:


Navalny publicó el video cuando la policía llegó para detenerlo, mientras se preparaba para salir a una reunión con partidarios en Nizhny Novgorod.


Francia: nueva legislación antiterrorista

Es probable que la Asamblea Nacional de Francia pase a ley un proyecto de ley antiterrorista extremadamente controvertido el 3 de octubre. Kartik Raj, de Human Rights Watch, proporciona un análisis muy claro y preocupante de exactamente cuán amenazante para los derechos esta ley podría ser: "Toma elementos de las prácticas de emergencia - poderes de búsqueda intrusivos, restricciones a los individuos que superan al arresto domiciliario, - acciones que se han empleado de forma abusiva desde noviembre de 2015 - y las convierte en una práctica penal y administrativa normal. Todo esto se hace de una manera que debilita el control del poder judicial y la capacidad de controlar el abuso en la forma en que los nuevos poderes de contraterrorismo son utilizados por los prefectos, los delegados designados por el Ministerio del Interior en cada región". Por favor, lea su artículo para más información.

Reporteros sin Fronteras ofrece un análisis de los peligros que esta legislación presenta para los periodistas que informan sobre el terrorismo. El aumento de los poderes de vigilancia y búsqueda dificultará que los periodistas ejerzan su derecho a la libre expresión y protejan las fuentes confidenciales; el hecho de redactar muy vagamente los delitos, como el "entrar en contacto regular con" terroristas, dejaría a los periodistas especializados en investigaciones de terrorismo sujetos a recibir una orden judicial "confinándolos al municipio donde viven, forzándolos a usar un brazalete electrónico y a terminar todo contacto con estas personas u organizaciones".


Hungría: campaña contra la sociedad civil

Las ONGs, entre ellas la Unión Húngara de Libertades Civiles (HCLU), han presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional de Hungría contra la ley represiva de las ONGs aprobada en junio de 2017. La ley exige que las ONG que reciben fondos del extranjero se registren como "agentes extranjeros" (como en Rusia) y declaren este "estatus" en sus sitios web y publicaciones. El presidente populista Viktor Orbán lleva varios meses dirigiendo una campaña contra la sociedad civil y esta ley pretende estigmatizar a las ONGs y socavar su trabajo. Otro de los objetivos de Orbán es el multimillonario filántropo George Soros, cuyas fundaciones de la Open Society financian proyectos de derechos humanos y democracia en todo el mundo; este mes un sitio web progubernamental puso en la lista negra a ocho periodistas presuntamente 'pro-Soros'.

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RSF lodges ECHR complaint over German foreign intelligence agency’s mass surveillance https://t.co/bpUdslju8H… https://t.co/teZict32OQ