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Periodistas amenazados de muerte por investigar presuntos nexos entre Partido Patriota y crimen organizado

(APG/IFEX) - Desde el 24 de octubre de 2007 están siendo amenazados de muerte los periodistas Enrique Castañeda y Hilda Mérida, quienes trabajan en el diario matutino "El Periódico". Las amenazas provienen, según los periodistas, ante una investigación periodística que venían realizando desde hace algunas semanas de personas que se han relacionado públicamente con el crimen organizado en Guatemala que están afiliados al Partido Patriota (PP), cuyo candidato a la presidencia de la república, el General Otto Pérez Molina, competirá en la segunda ronda electoral el 4 de noviembre.

Según los periodistas, algunas personas que forman parte del PP han participado en actividades ilegales, tales como desvío de dinero del Estado. Cuando tenían completa la información para ser publicada, la dirección del matutino decidió no publicar la investigación, pero les solicitaron a los periodistas un borrador del reportaje. Los periodistas están preocupados porque se ha mencionado públicamente que el Vicepresidente Editorial de ese medio informativo, el Lic. Mario Fuentes Destarac, podría ocupar un alto cargo en el gobierno si el PP gana las elecciones.

Curiosamente después de entregar el borrador de reportaje, los periodistas empezaron a ser perseguidos en vehículos y han recibido amenazas de muerte por teléfono, conminándolos a no publicar dicha información. Lo que más les preocupa es que la dirección del matutino no les ha brindado ningún apoyo ni solidaridad.

Ante las amenazas recibidas desde el 24 de octubre, Castañeda y Mérida presentaron la denuncia ante el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala.

La APG expresa su preocupación ante estas amenazas y exige a las autoridades de gobierno que brinden la protección a los periodistas amenazados.

La APG considera prudente dar a conocer este hecho a nivel internacional como una forma de protección para los periodistas amenazados, pues la presión internacional puede inhibir que personas involucradas en el crimen organizado comentan un hecho más grave al haberse hecho público.

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