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Allanan radio comunitaria y arrestan a comunicador

(CERIGUA/IFEX) - el 8 de mayo de 2012 - Agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil (PNC) allanaron la mañana del 8 de mayo de 2012 las radios comunitarias Uqul Tinamit y Jun Toj, ubicadas en el municipio de San Miguel Chicaj, del departamento de Baja Verapaz, decomisaron el equipo y arrestaron a un comunicador comunitario.

De acuerdo con Noé Ismalej, uno de los comunicadores que trabajan en la radio Uqul Tinamit, el allanamiento se realizó en horas de la mañana. Fue arrestado el comunicador Brian Espinoza, de 22 años, quien fue llevado al Juzgado de Primera Instancia Penal del municipio de Salamá y luego fue trasladado al Centro Preventivo de la localidad.

Los agentes se llevaron todo el equipo de la radio, que tiene 15 años de funcionamiento en el municipio de San Miguel Chicaj y en donde colaboran 16 trabajadores; el servicio que presta la emisora alcanzaría a unas 25 mil personas en el municipio.

Ismalej dijo que piden que Espinoza sea liberado de manera inmediata, petición que también hizo la entidad Cultural Survival, que deploró el allanamiento de la radio y la confiscación del equipo; Uqul Tinamit forma parte de la Asociación de Radios Comunitarias de Guatemala (ARCG).

Anselmo Xunic, del Movimiento Nacional de Radios Comunitarias, un colectivo que busca la aprobación de la Ley de Medios de Comunicación Comunitaria, dijo a CERIGUA que si bien operar una radio es ilegal esto no constituye un delito sino una falta y no puede ser objeto de persecución penal.

En 2006, Xunic fue arrestado y el equipo de la radio Ixchel, en la que trabajaba, fue confiscado; sin embargo el juez dictó falta de mérito en su contra por no existir pruebas para ligarlo a proceso. No existe el delito de hurto de fluido porque lo que las radios utilizan es el espectro radioeléctrico, aseguró.

En Guatemala no existe una ley que avale el funcionamiento de las radios comunitarias, tema que fue abordado por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH en su informe anual 2011 al señalar que la ley aún no ha sido discutida en el Legislativo a pesar de que la iniciativa concretaría aspiraciones establecidas en la Constitución Política de la República, se enmarca en los Acuerdos de Paz de 1996 y podría implementar las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Frank La Rue.

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