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Guatemala: Periodista atacado cuando se conducía en una motocicleta

Este artículo fue publicado originalmente en cerigua.org el 20 de enero de 2017.

El Observatorio de los Periodistas de la agencia CERIGUA condenó el asesinato del periodista Manuel Salvador Trujillo Villagrán, hecho ocurrido la mañana del 19 de enero en el ingreso al municipio de San Jorge; la entidad también mostró su preocupación por la vida de otro periodista de Suchitepéquez, quien ha recibido amenazas de muerte por parte de un grupo autodenominado “Ángeles Justicieros”.

El Observatorio responsabiliza al gobierno de Jimmy Morales por los atentados contra periodistas, particularmente al Ministerio de Gobernación, en donde el asesor jurídico René Lam, se niega a incorporar al Acuerdo que él modificó y que institucionalizará la creación del Programa de Protección a Periodistas, los elementos indispensables para garantizar que el mismo sea efectivo y eficiente.

Trujillo Villagrán fue periodista de un canal local; actualmente se desempeñaba como comunicador social de la comuna de San Jorge, Zacapa; el hecho ocurrió aproximadamente a las 7.30 de este jueves, a la altura del kilómetro 150, aldea La Jarretada, cuando la víctima se conducía en una motocicleta, donde fue atacado por la espalda con arma de fuego.

Según testigos, luego del ataque observaron que escapó un automóvil y una moto con dos individuos a bordo; el periodista había trabajado por más de ocho años en el noticiero Impacto Informativo, transmitido los lunes, miércoles y viernes en el Canal 12 de Telecom.

Otro periodista de Suchitepéquez, cuyo nombre se reserva por cuestiones de seguridad, denunció que en los últimos días ha recibido amenaza de muerte por parte del grupo autodenominado “Ángeles Justicieros”, quienes tendrían vínculos con el grupo de los Oajaca.

El comunicador ha sido víctima de distintas amenazas y ataque durante los últimos años, debido a las declaraciones que ha brindado en diversos procesos judiciales en lo que han resultado afectados miembros de la prensa; las amenazas aumentaron luego del asesinato de Danilo López y Federico Salazar, corresponsales de Prensa Libre y Radio Nuevo Mundo, respectivamente, en marzo del 2015.

Según el afectado, las intimidaciones de ahora podrían ser represalia por la información que divulgó sobre la captura de miembros del grupo de los Oajaca, a quienes las autoridades sindican de numerosos hechos delictivos, entre ellos el tráfico de estupefacientes y asesinatos.

Cerigua tuvo conocimiento de que el grupo delictivo operaba con libertad en la costa sur del país debido a la protección de políticos y autoridades locales, a quienes, aparentemente, financiaban durante las campañas electorales y otorgaba la renta de propiedades, como en el caso de la Policía Nacional Civil (PNC); la cooptación se extendía a numerosos representantes del poder estatal y quienes se atrevían a declarar, eran asesinados, según versión del testigo.

Por su parte, el periodista amenazado afirmó que la prensa en Suchitepéquez ha sido coaccionada para que no aborde o difunda información relacionada con la operación de los Oajaca ni con la reciente captura de varios de sus supuestos miembros.

Luego del asesinato de Danilo López y Federico Salazar el periodista sufrió constantes amenazas, debido a que fue testigo del hecho; el Ministerio de Gobernación les otorgó medidas de seguridad personalizadas, pero después de unos meses la víctima y su familia fueron enviados a la ciudad capital, debido a que desconocidos pasaron disparando a su vivienda.

El comunicador y su familia pasaron unos ocho meses en la capital, no obstante indicó que afrontaron numerosas dificultades, debido a que el albergue utilizado por la Fiscalía no era el indicado para alojar a numerosas personas y cuando fueron enviados a una vivienda particular, el traspaso de dinero para cancelar la renta siempre se atrasaba.

Debido a esta situación, el periodista y su familia decidieron regresar a su vivienda pese al peligro que enfrentaban; en ese momento, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), que en ese momento estaba a cargo de la investigación de la muerte de López y Salar, únicamente se limitaron a trasladarlos de regreso a su vivienda y les retiraron las medidas de seguridad.

A finales de noviembre del pasado año, el comunicador y uno de sus hijos fue víctima de un atentado en el ingreso al municipio de San Francisco Zapotitlán, cuando cuatro individuos los intentaron atacarlos con armas de fuego y machetes, pero afortunadamente ninguno resultó herido.

En ese momento, Gobernación y la Fiscalía se comprometió a otorgarles medida de seguridad a él y su familia, sin embargo estas no fueron efectivas; el periodista afirmó que únicamente designaron a un agente para la seguridad en su hogar, pero cuando su familia necesita realizar alguna diligencia el oficial se niega a protegerlos.

También lamentó que aunque la comisaría local ofreció realizar patrullajes rutinarios en su vivienda, estos únicamente se hacen dos ocasiones al día; el afectado teme que él y su familia sufran un atentado, debido a que un tribunal de mayor riesgo ordenó enviar a juicio a tres de los supuestos responsables del asesinato de López y Salazar.

Por aparte, el Observatorio recordó que desde el 18 de Julio de 2016 el Mandatario guatemalteco ordenó a los funcionarios impulsar las acciones para institucionalizar el Programa propuesto por una alianza de 16 entidades de prensa legalmente constituidas y avaló totalmente su contenido.

La alianza, con el acompañamiento de medios de comunicación y funcionarios del gobierno ha insistido en que se incorporen los elementos indispensables al acuerdo, tales como las medidas de prevención y protección; la definición de beneficiarios; las agresiones y ataques, las condiciones para ser beneficiario, entre otras, que el citado Asesor suprimió de la propuesta de Acuerdo presentada por la Alianza con la autorización del Presidente.

CERIGUA distribuyó este comunicado a diversas entidades internacionales, como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH; el Comité de Protección a Periodistas (CPJ); Reporteros sin Fronteras; la Red de Intercambio para la Libertad de Expresión (IFEX), así como a IFEX-ALC, integrada por 19 organizaciones de prensa, de América Latina y el Caribe, la UNESCO, la Procuraduría de los Derechos Humanos, agrupaciones de derechos humanos nacionales y medios de comunicación.

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