(RSF/IFEX) – RSF condena los atentados contra la libertad de la prensa que, durante el mes de septiembre de 2007, se han intensificado en Honduras. El 7 de septiembre, en Tegucigalpa, Geovanny García, periodista del canal local de televisión Hondured, sufrió un atentado a disparos, mientras que Martín Ramírez, del diario «La Tribuna», recibió múltiples […]
(RSF/IFEX) – RSF condena los atentados contra la libertad de la prensa que, durante el mes de septiembre de 2007, se han intensificado en Honduras. El 7 de septiembre, en Tegucigalpa, Geovanny García, periodista del canal local de televisión Hondured, sufrió un atentado a disparos, mientras que Martín Ramírez, del diario «La Tribuna», recibió múltiples amenazas tras publicar un artículo sobre el crimen organizado. El 28 de septiembre, el gerente de la empresa de telecomunicaciones Hondutel presentó una denuncia contra seis periodistas, después de que denunciaran graves actuaciones de corrupción.
«En Honduras, la situación de la libertad de la prensa sigue siendo precaria, a juzgar por las intimidaciones y amenazas, y la cantidad de procedimientos emprendidos contra los medios de comunicación, constatados en el último mes. Desgraciadamente, las autoridades no dan muestras de seriedad en la lucha contra la impunidad y los abusos de poder. Esperamos, naturalmente, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conmine al gobierno a garantizar una protección adecuada a los dos periodistas que recientemente han sufrido atentados. Pero esa protección no le exime de la obligación de llevar a cabo una investigación más amplia sobre el crimen organizado, y sus ramificaciones. Por otra parte la acusación, hecha contra seis periodistas, de ‘atentado al honor’, no debería ser un pretexto para obligar a la prensa a autocensurarse. La justicia debe salir fiadora de la libertad de informar», ha declarado RSF.
El 7 de septiembre, unos desconocidos que circulaban en una moto negra dispararon a García. Le siguieron desde los locales de Hondured y, después de cortarle el paso, efectuaron siete disparos sobre su vehiculo. Una de las balas causó un arañazo en la mano del periodista, quien intentó protegerse agachándose. García había denunciado varias veces casos de corrupción en unos contratos de asfaltado de calles, en los que estarían implicados algunos funcionarios del Secretaría de Obras Públicas, Transportes y Vivienda.
El mismo día, Ramírez, de «La Tribuna», publicó un artículo sobre los «mareros» (miembros de las «maras», bandas de jóvenes violentos que pululan por América Central), y sus eventuales relaciones con la policía. Las intimidaciones telefónicas, dirigidas al periodista y a su familia, se multiplicaron después de que unos policías revelaron su identidad y el objeto de sus investigaciones.
El 24 de septiembre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recurrió a la CIDH para pedirle que adopte medidas de protección en favor de García y Ramírez.
El 28 de septiembre, Marcelo Chimirri, gerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), presentó una denuncia contra Renato Alvárez y Rossana Guevara, del canal de televisión Televicentro; Melissa Amaya y Juan Carlos Funes, de la emisora de radio Cadena Voces; Carlos Mauricio Flores, redactor principal del diario «El Heraldo», y Nelson Fernández, director del periódico local «La Prensa». Les acusa de «atentado al honor», tras la publicación de unos artículos relativos a malversaciones en los que está implicada Hondutel, y que inicialmente fueron denunciadas por el diario mexicano «El Universal».
Los seis periodistas reprodujeron las revelaciones de «El Universal» relativas al desvío que la empresa hondureña hace de llamadas telefónicas internacionales, lo que significa importantes pérdidas para el Estado. Una organización norteamericana, Arcadia Foundation, tendría pruebas de esos desvíos, en los que está implicado Chimirri.
Alvarez ha dicho a RSF que el procedimiento judicial tiene por objeto intimidar a la prensa, para que no vuelva a reproducir informaciones difundidas en medios de comunicación extranjeros. «Nunca, en 30 años de carrera, había visto tanta intolerancia con las críticas y con la prensa independiente. Quieren silenciarnos para que no hablemos de asuntos de corrupción en la administración pública.»
En los últimos cinco años se han presentado denuncias contra más de 20 periodistas, por delitos «contra el honor».