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Comisión Nacional de Telecomunicaciones intenta intervenir la Red de Desarrollo Sostenible

(C-Libre/IFEX) - El 22 de septiembre de 2009, la Red de Desarrollo Sostenible (RDS) denunció que fue amenazada de intervención por miembros de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) para inspeccionar sus actividades.

Alicia Paz, apoderada legal de la RDS, dijo a C-Libre que entre los requerimientos de la CONATEL está el de suspender de inmediato toda actividad relacionada con el registro de nombre de dominios (.hn), y que en el término de dos días proceda a entregar las listas y bases de datos de los dominios .hn, así como el derecho de registros de dominios.

Asimismo, CONATEL está ordenando al departamento de fiscalización una inspección a la RDS-HN, y está asignando dos peritos para ver el alcance y el tipo de servicios que presta a sus usuarios sobre los genéricos .hn, .net, .org, .edu, .gob, .com, todas bajo el .hn.

Las personas que llegaron a la sede de RDS dijeron que era una facultad de CONATEL intervenir, pero, a este respecto, la abogada Paz dijo que la institución no brinda servicio de Internet, y que son administradores de códigos de dominio en Internet.

"Esto lo catalogo como un golpe más a la libertad de expresión porque la RDS sirve como canal de transmisión de la información, por medio de correos a nivel nacional e internacional", dijo Paz.

La comisión de CONATEL estaba dirigida por el abogado Adán Elvir, director de telecomunicaciones, el ingeniero Bladimir Pineda y otros técnicos del ente regulador de telecomunicaciones.

"Nos negamos a la intervención ya que nosotros no vendemos ningún servicio de Internet y no tenemos algún valor agregado que nos ligue a las telecomunicaciones", dijo Paz.

"Responsabilizamos directamente al señor Adán Elvir por cualquier daño o atentado hacia el personal, las instalaciones o el equipo de nuestra institución, por haberse acompañado y haber permitido el ingreso a nuestras instalaciones personas ajenas a CONATEL", expresó la apoderada legal.

Para C-Libre este hecho se constituye en un atentado más a la libertad de expresión y el derecho a la información, que, de manera sistemática, ejecuta el régimen de facto instaurado con el golpe de estado del 28 de junio.

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