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Libertades civiles suspendidas en estado de excepción

El Gobierno de facto de Honduras declaró el 26 de septiembre un estado de excepción y suspendió las garantías constitucionales de libertad de expresión, libertad de movimiento y libertad de reunión durante 45 días, informan el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) y miembros de IFEX. El acoso a los medios continúa mientras se deterioran las condiciones generales para la labor periodística.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), con el apoyo de la policía y las fuerzas armados, fue autorizad a suspender a cualquier estación de radio, estación de televisión o sistema de cable que no se apegue al decreto, informa C-Libre. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) protestó vigorosamente contra las amenazas a las estaciones de radio comunitarias en Honduras.

El decreto prohíbe además toda declaración pública que ofenda a funcionarios públicos o cuestione las decisiones gubernamentales, dice Human Rights Watch.

"Prácticamente Roberto Micheletti declaró ilegal la crítica pública", dijo Human Rights Watch. "Esta clase de decreto ha sido la norma para los gobernantes autoritarios, desde Pinochet en Chile a los hermanos Castro en Cuba, quienes toleran la libertad de palabra sólo cuando favorece al Gobierno".

El derrocado presidente Manuel Zelaya volvió del exilio hacia Honduras el 21 de septiembre y encontró refugio en la embajada brasileña en Tegucigalpa, informa ARTICLE 19. Soldados y la policía antimotines rodearon la embajada brasileña y ahora controlan el vecindario. Micheletti, la cabeza del Gobierno de facto, amenazó con arrestar a Zelaya e impuso un toque de queda en todo el país indefinidamente. Micheletti está intentando consolidar su poder para las próximas elecciones el 29 de noviembre al aplastar el disenso, informan los miembros de IFEX.

Los soldados y la policía allanaron Radio Globo y Canal 36 el 28 de septiembre, informan miembros de IFEX. Dos periodistas guatemaltecos que cubrían el allanamiento fueron golpeados por la policía. Ambas estaciones eran vistas como simpatizantes de Zelaya y críticas con Micheletti.

Tras oponerse abiertamente al golpe de estado, se impidió transmitir a Radio Globo y Canal 36 debido constantes interrupciones de corriente y posible interferencia de sus señales, dicen C-Libre y ARTICLE 19. "A principios de septiembre, el Gobierno de facto interpuso una demanda de difamación penal contra el director de Radio Globo, David Romero" informa ARTICLE 19. Mientras tanto, los reporteros que trabajan para "El Heraldo" y " La Prensa", periódicos que apoyan a Micheletti, fueron amenazados.

En las provincias, una estación de radio local, Radio Estéreo 1, fue cerrada por las fuerzas armadas el 21 de septiembre por el Gobierno de facto después de que los partidarios de Zelaya aparecieron en un programa, dice C-Libre. Se permitió a la estación volver a abrir al día siguiente pero se le advirtió que censurara todas las noticias de Zelaya y sus partidarios.

Mientras tanto, no todas las infracciones han ocurrido a manos de Gobierno de facto. El 24 de septiembre, Janina Romero, una periodista para la estación de televisión Canal 39, fue atacada por miembros de la Resistencia Nacional contra el golpe de estado mientras cubría una manifestación, tras entrevistar a uno de los líderes del grupo, informa C-Libre. "Me golpearon en la cara y la espalda. Su intención era quitarme la ropa y hacerme caminar desnuda en la calle", dijo Romero. Los abogados de la resistencia me pidieron abstenerme de presentar una queja. Sin embargo, no estoy denunciando a la Resistencia sino la infracción de mi libertad de expresión y mis derechos humanos básicos y la amenaza en mi contra".

La crisis hizo erupción en junio después de que Zelaya insistió en celebrar un referéndum constitucional, aunque el poder judicial lo declaró ilegal y varios miembros de su propio partido se oponían, dicen los informes noticiosos.

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