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Contingente militar-policial clausura transmisiones de radio comunitaria

(AMARC/IFEX) - Un contingente militar de aproximadamente 300 hombres incursionó el 3 de junio de 2010, alrededor de las 10:00 a.m., en la comunidad de Puerto Grande y otras aldeas de la península del mismo nombre localizada en la zona sur de Honduras, con el propósito de capturar a cinco dirigentes del Movimiento de Recuperación y Titulación de Tierras de Zacate Grande de acuerdo a órdenes emanadas por el Juzgado de Amapala. Los policías también colocaron una cinta amarilla con la leyenda "escena del crimen" en la puerta de acceso a la radio comunitaria la Voz de Zacate Grande para evitar que pueda transmitir su programación.

El Juzgado de Amapala giró órdenes de captura contra Pedro Canales, Danilo Osorio, Rafael Osorio, Wilmer Rivera y Santos Benito Pérez, reconocidos dirigentes comunitarios de la zona, acusados por los delitos de usurpación de tierras y defraudación fiscal, éste último como el supuesto delito relacionado a las operaciones de la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande (97.1 FM), que emite su señal en un radio de acción de 25 kilómetros, para unas 10 comunidades en el Golfo de Fonseca.

Informes recabados por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y denuncias transmitidas a través de la emisora Radio Globo, de cobertura nacional, reflejaron la zozobra que imperó entre las comunidades por la presencia de centenares de efectivos de la Base Naval de Amapala, el 11 Batallón de Infantería y la Policía Nacional.

Se informó que agentes de investigación interrogaron a los residentes sobre el paradero de los campesinos sobre los cuales penden órdenes de captura, pero lo que es más grave aún es que se amenazaban con desalojar a muchas familias que habitan en Puerto Grande, tierras que reclama como propias el terrateniente y agroindustrial Miguel Facussé, a pesar de que los habitantes tienen más de un siglo de vivir en la península.

El Movimiento de Recuperación y Titulación de Tierras de Zacate Grande y la Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) anunció una serie de manifestaciones y plantones para protestar por las intenciones de capturar a dirigentes comunitarios, por las amenazas vertidas por el empresario Facussé y para que se les permita reanudar las transmisiones de La Voz de Zacate Grande.

La Asociación Mundial de Radios Comunitarias-América Latina y el Caribe (AMARC-ALC) expresa su preocupación por la utilización excesiva de la fuerza pública y medios indirectos como procesos penales que tienen como consecuencia el silenciamiento de medios de comunicación que trabajan a favor de la comunidad, como la radio la Voz de Zacate Grande.

En particular la acusación por el delito de defraudación fiscal derivado de la instalación de la radio constituye un medio excesivo que criminaliza a los integrantes de la radio comunitaria.

La persecución penal en contra de personas que ejercen el derecho a la libertad de expresión, en comunidades en situación de vulnerabilidad, constituye una vía excesiva, desproporcional e innecesaria. Estos hechos, por ser constitutivos de violación a los derechos humanos, contravienen tratados internacionales en materia de derechos humanos que Honduras se ha comprometido a cumplir y lo que los organismos internacionales han dicho en cuanto a que la vía penal sólo debe emplearse para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen y los pongan en peligro. El derecho penal es la última razón y su aplicación debe ser subsidiaria, es decir deben emplearse las vías menos lesivas. De no ser así su utilización resulta abusiva y criminalizante.

Esta situación se suma a los hechos violatorios del derecho a la libertad de expresión que se han suscitado en este país y que mantiene condiciones adversas para el funcionamiento de medios comunitarios. Por tanto AMARC-ALC hace un llamado urgente al gobierno de Honduras a fin de que cesen los cierres de radios comunitarias con la utilización excesiva del derecho penal y operativos policiaco-militares, y a que garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

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