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ONGs presentan a la CIDH conclusiones sobre "el fracaso sistemático de las autoridades" en la defensa del derecho a la libertad de expresión

(ARTICLE 19/IFEX) - 27 de octubre de 2010 - Luego de una visita de investigación a Honduras en agosto pasado, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe (AMARC ALC), ARTICLE 19 y el International Media Support (IMS) presentaron, el lunes pasado, los hallazgos y conclusiones sobre la situación de la libertad de expresión a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco del 140o. periodo de sesiones en Washington.

La audiencia pública contó con la participación de miembros del Estado hondureño. Las organizaciones también estuvieron acompañadas por el Centro para la Justicia Internacional y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité de Familiares Desaparecidos de Honduras (COFADEH) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC).

En la audiencia las organizaciones dieron cuenta "del fracaso sistemático de las autoridades, tanto por omisión como por acción", en la defensa y protección del derecho a la libertad de expresión, en particular para quienes ejercen la libertad de prensa o quienes participan en proyectos de radiodifusión comunitaria. Esto incluye el deber de prevenir, investigar y castigar las agresiones, así como otorgar las medidas de protección que tengan bajo su jurisidicción.

En este sentido las principales causas que originan la situación de impunidad respecto a las agresiones en contra de la libertad de expresión en Honduras son:

a. Las investigaciones que se han iniciado en los casos de asesinato han sido fallidas y contienen serias omisiones e irregularidades, como el de Nahum Palacios, asesinado en marzo de 2010.
b. Los casos de personas amenazadas tampoco han sido atendidas, como el de Palacios, a quien la Comisión Interamericana había otorgado medidas cautelares antes de su asesinato.
c. Los casos de emisoras comunitarias (Radio Progreso, Zacate Grande y Coco Dulce) a las cuales se les ha denegado el acceso a la justicia y la falta de implementación de medidas de protección a quienes cuentan con medidas cautelares de la Comisión.
d. El marco legal existente en temas de telecomunicaciones y radiodifusión que contraviene los estándares mínimos de libertad de expresión y que pone en desventaja a los medios de uso social y comunitario, que incrementa su vulnerabilidad ante ataques y hostigamientos.

El Estado rechazó durante la audiencia los argumentos presentados por las organizaciones, pero su delegación no pudo presentar evidencia concreta para sustentar su posición. Dicha situación demuestra la falta de voluntad política del Estado para atender y corregir la situación, así como la resistencia a abrirse al escrutinio internacional.

Los comisionados presentes en la sesión, incluyendo al Presidente de la CIDH y el Relator para Honduras, Felipe González, solicitaron a las organizaciones que proporcionaran información adicional y actualizaciones sobre los casos presentados en el caso de que sean necesarias. Por su parte, el Presidente de la Comisión instó al Estado hondureño a evitar descalificaciones sobre el asesinato de periodistas al asegurar que fueron motivados por móviles pasionales o del crimen organizado en tanto no se tengan investigaciones fehacientes que así lo demuestren.

De igual manera el Estado fue cuestionado en relación al número de licencias que ha otorgado a medios comunitarios en tanto el acceso a las frecuencias en radiodifusión es por medio de la subasta económica. En respuesta, los representantes del actual gobierno de Honduras manifestaron que subastar las frecuencias del Estado es su potestad y no se puede hacer nada al respecto.

Las organizaciones solicitaron a la Comisión los siguientes puntos petitorios:

a. Garantizar el derecho a la libertad de expresión, incluyendo la responsabilidad de prevenir e investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas contra periodistas y medios comunitarios y castigar a los responsables.
b. Establecer políticas de combate a la impunidad que prevengan que se vuelvan a cometer hechos como los relatados en el informe presentado ante la Comisión.
c. Dar cumplimiento a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
d. Armonizar el marco normativo de telecomunicaciones y radiodifusión a fin de que sea compatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y tomar en cuenta las recomendaciones del informe 2009 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en materia de libertad de expresión y radiodifusión.

La situación actual de los derechos humanos en Honduras será también analizada ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el marco del Examen Periódico Universal durante la primera semana de noviembre.

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