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El gobierno emite resolución para impedir acceso a frecuencias de radio en baja potencia

(AMARC/IFEX) - El 1 de febrero de 2011, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), en Honduras, puso a consulta la Resolución Nro. XX/11 mediante la cual suspenderá el otorgamiento de Permisos y Licencias (frecuencias radioeléctricas) para la operación de Estaciones de Baja Potencia con Modulación de Frecuencia (BPFM). Varias emisoras comunitarias operan bajo estas condiciones al no poder acceder a otro tipo de potencias y frecuencias dado que el único proceso es por la vía de la subasta económica, criterio que resulta imposible de cubrir para la mayor parte de las comunidades.

El acceso a las frecuencias por la subasta económica ha sido calificado por organismos internacionales de derechos humanos como antidemocrático y violatorio del ejercicio de la libertad de expresión, que impone una discriminación para todos aquellos sectores que no tienen poder económico para acceder a las frecuencias para ejercer sus derechos informativos.

La resolución resultaría particularmente contraria a las recomendaciones que el propio Estado hondureño se comprometió a cumplir en noviembre de 2010 frente al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el marco del Examen Periódico Universal, una de las cuales establece: "Generar un debate entre el Congreso Nacional y la sociedad civil a fin de adecuar el marco regulatorio del Sector de Telecomunicaciones y asegurar su armonización con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, particularmente en relación con los sectores público, privado y comunitario de la radiodifusión."

La resolución sería contraria a los considerandos que ella misma establece, los cuales se basan en la legislación hondureña. En ellos se hace referencia a la necesidad de administrar el espectro radioeléctrico de manera eficiente y equitativa con el mayor beneficio para la población. Claramente, el cerrar las posibilidades para que las comunidades puedan operar sus propios medios de comunicación, sin abrir otras oportunidades, favoreciendo la radiodifusión comercial sumamente concentrada, no cumple con los criterios referidos en los considerandos pues no resulta equitativo ni en el mayor beneficio para la población.

Las condiciones para la operación de medios comunitarios en Honduras se han agravado en los últimos meses dado el creciente clima de violencia e impunidad existente en el país. De aprobarse la resolución incrementaría las condiciones que propician la permanente violación al derecho a la libertad de expresión en el país.

AMARC-ALC hace un llamado urgente a Honduras a fin de que no emita dicho reglamento, y por el contrario cumpla con sus compromisos en materia de derechos humanos al iniciar cuanto antes la adecuación de la legislación que reconozca adecuadamente a los medios comunitarios y limite la concentración mediática existente en el país. Al mismo tiempo solicitamos que la CIDH pueda dar un seguimiento puntual a esta medida que se suma a las constantes agresiones de las que han sido objeto los medios comunitarios en ese país en los últimos meses.

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