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Reinicia el hostigamiento en contra de la emisora comunitaria La Voz de Zacate Grande

(AMARC/IFEX) - El 15 de febrero de 2011 a las 9:30 de la mañana, un grupo de seis hombres y dos mujeres pertenecientes al grupo de policía del Departamento Nacional de Investigación Criminal (DNIC) se presentaron en las instalaciones de la emisora comunitaria La Voz de Zacate Grande con un supuesto mandato de inspección por parte del Ministerio Público de Nacaome, para averiguar sobre la construcción de un hotel según ellos situado al lado de la radio, así como para avisar sobre una posible orden de captura por no haber respetado el mandato de cierre de la radio. Este último hecho sucedió en junio de 2010, cuando la policía había cercado la radio con una cinta que llevaba la leyenda "escena de crimen". En dicho operativo fueron denunciadas ochos personas de la comunidad.

De manera agresiva los elementos policiacos intentaron ingresar a las instalaciones de la radio sin que les fuera permitido por los trabajadores del medio con quienes forcejearon. Finalmente se quedaron fuera del cerco de la estación tomando fotografías. De acuerdo con testimonios de la gente que estuvo en el lugar de los hechos, la policía acusó a los integrantes de la emisora de hacer daño a la persona de Miguel Facussé, un terrateniente agroindustrial que acusa a la comunidad de usurpación de sus tierras y que mantiene constantes acciones judiciales para encarcelar a los líderes del movimiento de recuperación de las tierras de Zacate Grande.

Ante las constantes agresiones y hostigamientos que han sufrido tanto los líderes del movimiento campesino como la radio, organizaciones internacionales de observación y defensa de los derechos humanos han determinado instalar un campamento permanente con la presencia de observadores internacionales a un lado de la radio por lo cual se construye una habitación que los policías dijeron será un "hotel" en las tierras en litigio.

El acoso continuo a la radio La Voz de Zacate Grande no ha cesado en los últimos meses a través de medidas judiciales, ataques y agresiones en contra de sus integrantes con la intención de acallar las voces críticas que desde ahí se difunden.

El hostigamiento en contra de las emisoras comunitarias en Honduras que apoyan los movimientos sociales territoriales se configura como una política del gobierno que viola de manera flagrante los derechos humanos y la libertad de expresión. AMARC-ALC exige al estado hondureño el cese de este continuo hostigamiento que pone en grave riesgo la seguridad y la vida de los periodistas comunitarios, y reitera el llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que dé un seguimiento cercano a fin de que Honduras cumpla con sus compromisos internacionales para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión inherente a los sectores de la población. En especial, AMARC-ALC solicita que se continúe con el monitoreo cercano al sector comunitario que se encuentra en un alto grado de vulnerabilidad.

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