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Abogado recibió amenazas antes de asesinato en Honduras

(C-Libre/IFEX) - Tegucigalpa, Honduras, el 24 de septiembre de 2012 - Ante las continuas amenazas a muerte, persecuciones y atentados en su contra, el apoderado legal del Movimiento Auténtico Reivindicador del Aguán (MARCA), Antonio Trejo Cabrera, de 41 años de edad, solicitó meses antes de su asesinato protección y apoyo a la Sectretaria de Justicia y Derechos Humanos (SJDH).

Según el procurador de derechos humanos, Leonel Casco, el abogado Trejo asesinado con arma de fuego por desconocidos en los predios de una iglesia la ciudad de Tegucigalpa, el 22 de septiembre, se apersonó en dos ocasiones a la SJDH y le solicitó a la Ministra Ana Pineda ayuda para salvaguardar su vida.

"La fiscalía tendrá que solicitarle a la Ministra Ana Pineda, el expediente del abogado Antonio Trejo, pues sin lugar a dudas será de mucha utilidad en la investigación para dar con los responsables de su asesinato", detalló Casco.

Por otra parte también se conoció que en junio del 2011, el abogado Trejo solicitó medidas cautelares urgentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y detalló los nombres de las personas que podrían antentar contra su vida.

Dos días antes de su asesinato, el abogado Trejo se presentó a una audiencia inicial junto a 20 campesinos acusados de participación en manifestaciones ilícitas, daños a la Corte Suprema de Justicia y portación ilegal de Armas, el día 21 de agosto cuando realizaban una manifestación pacífica frente a la CSJ.

En esa ocasión, Trejo se encontraba brindando declaraciones a varios medios de comunicación que televisaron su arresto y el de más de 20 campesinos a quienes un Juez les dejó pendiente la resolución hasta para el 5 de octubre.

Durante una protesta en el mes de junio, el abogado denunció ser víctima de amenazas a muerte y persecución por lo que hizo pública la denuncia que responsabilizaba de su muerte a los terratenientes Miguel Facussé Barjum y René Morales.

El jurista seguía el curso de una resolución pendiente de un recurso de amparo presentado por terratenientes y emitido por la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán y la de La Ceiba, por la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de Tegucigalpa a favor de las familias campesinas, el pasado 29 de junio.

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