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Activista y testigo en asesinato de Berta Cáceres es detenido ilegalmente en Honduras

Este artículo fue publicado originalmente en articulo19.org el 6 de marzo de 2016.

Gustavo Castro Soto, Coordinador de Otros Mundos, A.C. de Chiapas y Amigos de la Tierra A.C. permanece en Honduras después de que la activista Berta Cáceres fuera asesinada en el poblado de la Esperanza. Castro Soto, mexicano de nacimiento, fue interceptado por autoridades de ese país el día domingo por la mañana en el puente migratorio del Aeropuerto Internacional de Tegucigalpa, impidiendo su regreso a México. Hasta las 17:00 hrs México del domingo 6 de marzo, el defensor de derechos humanos sigue detenido en Honduras.

Tanto Berta como Gustavo fueron atacados la madrugada del jueves 3 de marzo, en un contexto de amenazas, hostigamiento y criminalización por la defensa en favor de la tierra, el agua, el derecho a la vida y en general los derechos reconocidos a la comunidad Lenca en el país Centroamericano.

ARTICLE 19 condena el asesinato de Berta Cáceres y la falta de certeza jurídica a favor de Gustavo Castro Soto, además de recordar que las autoridades de ese país son responsables de salvaguardar la vida de las y los defensores de derechos humanos.

También afirmamos que las autoridades deben adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida, la libertad y su integridad personal, incluyendo mecanismos de protección urgentes y efectivos frente a situaciones de amenaza o riesgo inminente, ya que, en todos los casos de violaciones contra las defensoras y los defensores de derechos humanos, deben realizarse investigaciones y procesamientos completos e imparciales para aplicar las sanciones correspondientes.

ARTICLE 19 exige que el activista sea trasladado a México sin retardo alguno, para emitir las declaraciones correspondientes e impedir que permanezca incomunicado y sin certeza sobre el proceso que sigue su caso.

ARTICLE 19 insiste en que la labor de las y los defensores de derechos humanos es esencial para la creación de un Estado democrático de derecho, y que el Estado hondureño es responsable de la omisión o el daño contra la vida de cualquier víctima de violencia, sobre todo cuando promueve por medio de cualquier impedimento administrativo su regreso en tan visible contexto de indefensión.

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