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Honduras: donde reina la impunidad y los activistas se enfrentan a peligros cada vez mayores

¿Son la escalada de violencia, el deterioro del clima de derechos humanos y las tasas alarmantes de impunidad suficientes para que se despierte la gente y vea la realidad actual en Honduras?

Los activistas sostienen carteles que dicen
Los activistas sostienen carteles que dicen "#Justicia por Berta" para protestar contra el asesinato de la activista de los derechos del medio ambiente Berta Cáceres, frente a la embajada de Honduras en Ciudad de México

REUTERS/Edgard Garrido

Tarde en la noche del 2 de marzo de 2016, una muy respetada y conocida activista medioambiental fue asesinada a tiros en su casa en Honduras. Si antes no conocía su nombre, es posible que ahora sí lo conozca, ya que las reacciones frente a la muerte de Berta Cáceres han resonado no sólo a través de Honduras, sino a través de la comunidad internacional. Si una persona tan conocida, ganadora del prestigioso Premio Ambiental Goldman en 2015, y a la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había otorgado medidas cautelares, puede ser asesinada en su casa, ¿qué significa esto para todos los demás activistas que trabajan con ella?

En el momento de su asesinato, Cáceres había estado haciendo campaña para detener el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque en Intibucá, en el occidente de Honduras. El proyecto Agua Zarca es financiado parcialmente por FMO, un banco de desarrollo holandés, y tiene como objetivo aumentar la disponibilidad de energía hidroeléctrica en Honduras. Inmediatamente después de que muriera Cáceres, FMO habló en contra de su asesinato y pidió una investigación a fondo.

El río es una fuente importante de sustento para las poblaciones indígenas lencas, y la oposición al proyecto es por temor a que la presa limite el acceso al río. También existe la preocupación por la falta de consulta adecuada a la comunidad local acerca del proyecto. Cáceres había recibido numerosas amenazas relacionadas con esta y otras campañas en los últimos años, al igual que su organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

De acuerdo con cifras dadas a conocer por Global Witness el 4 de marzo, al menos 109 personas han muerto en Honduras entre 2010 y 2015 por tomar una posición sobre cuestiones ambientales. En seis de los ocho casos reportados en 2015, las víctimas provenían de grupos indígenas. Según el informe del PEN Internacional en Honduras, hay un clima de impunidad generalizado en Honduras, que se deriva de la falta de rendición de cuentas por parte de los responsables de violaciones de derechos humanos en la década de 1980. El informe señala que de los 38 casos de periodistas asesinados desde el año 2003, se han producido sólo nueve detenciones y dos convicciones. Se trata de una tasa de impunidad del 95%.

"Este no es el primer asesinato, pero uno de una serie de asesinatos de defensores de los derechos humanos ... No quiero que otro defensor de los derechos humanos sea asesinado."
-Bertha Cáceres, hija de la activista Berta Cáceres

Bertha Cáceres, la hija de Berta de 25 años, le dijo a The Guardian esta semana que su madre le hablaba a menudo de las amenazas que enfrentaba, pero que ella continuaba porque era el trabajo de su vida. Bertha critica la investigación del gobierno de Honduras sobre el asesinato, ya que se está llevando a cabo en secreto. Sobre el asesinato de su madre dijo: “Este no es el primer asesinato, pero uno de una serie de asesinatos de defensores de los derechos humanos ... No quiero que otro defensor de los derechos humanos sea asesinado.”

Gustavo Castro Soto, otro conocido ambientalista y el coordinador de Amigos de la Tierra México, fue testigo del asesinato de Cáceres y sufrió dos heridas de bala en el ataque. Después de ser escoltado al aeropuerto de Tegucigalpa por el embajador de México el 6 de marzo, las autoridades de Honduras le impidieron a Castro Soto tomar el vuelo de regreso a México. Ahora se encuentra detenido, y los motivos no están claros. La oficina de México y América Central de ARTÍCULO 19 tildaron la detención de Castro Soto de ilegal, y exigieron que se le permita regresar de inmediato a México. Beverley Bell, un colega de Castro Soto y Cáceres, afirmó que Castro Soto cree que su vida sigue en peligro.


[Se puede leer en el tuit más arriba: “‪#Honduras‬‬‬‪: luego del asesinato de la defensora de #Derechos Humanos #BertaCáceres, ¿quién sigue? @GusCastroS necesita protección ahora”]‬‬‬

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, también le ha pedido al gobierno de Honduras que permita que Castro Soto regrese a su casa, y señaló que "Ya es hora de que el Gobierno de Honduras se encargue de la impunidad flagrante del aumento de ejecuciones de defensores de los derechos humanos en el país, especialmente dirigidas a los que defienden los derechos ambientales y de la tierra ".

"Ya es hora de que el Gobierno de Honduras se encargue de la impunidad flagrante del aumento de ejecuciones de defensores de los derechos humanos en el país."
-Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos

Durante el mismo fin de semana en que Castro Soto fue detenido en el aeropuerto de Tegucigalpa, se halló el cuerpo sin vida de un manifestante que había desaparecido. Jairo Ramírez, estudiante de ingeniería en la Universidad Nacional de Agricultura, desapareció el 3 de marzo en una manifestación en protesta por el asesinato de Cáceres, y fue encontrado sin vida unos días más tarde. Al igual que Cáceres, había recibido un disparo en la cara. De acuerdo con la ONG local Comité por la Libre Expresión (C-Libre), estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma Honduras recibieron gases lacrimógenos y se enfrentaron con los vehículos blindados antidisturbios cuando también realizaron una manifestación pidiendo justicia en el caso de Cáceres.

El lunes 14 de marzo, un periodista de la radio comunitaria La Voz Lenca, que está conectado a la organización de Cáceres, informó a C-Libre que fueron amenazados por los soldados militares, mientras tomaban fotografías de las tropas. Por temor a las represalias, el periodista no reveló su identidad a C-Libre. COPINH informó que otras cuatro estaciones de radio comunitarias también han sufrido acoso policial desde la muerte de Cáceres.

La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) emitió un comunicado exigiendo justicia por Berta Cáceres, el fin de la persecución del pueblo Lenca y que se respete la protección preventiva otorgada por el CIDH. En octubre de 2015, la CIDH se reunió con una delegación del Estado de Honduras y discutió de las deficiencias en la aplicación de medidas de protección para Berta Cáceres.


[Se puede leer en el tuit más arriba: noticias terribles de otro asesinato de activista de derechos indígenas en ‪#Honduras‬‬‬: ‪#NelsonGarcia‬‬‬, de la misma organización de la sociedad civil que ‪#BertaCaceres‬‬‬ ‪#HRC31‬‬‬]

El 15 de marzo, la crisis alcanzó un nuevo nivel, con el asesinato de uno de los compañeros activistas de Berta, Nelson García. García murió en Río Lindo, cerca de una zona donde los miembros de la comunidad indígena lenca fueron desalojados violentamente de sus hogares por la policía nacional. También recibió un disparo en la cara.


[Se puede leer en el tuit más arriba: “¡Nuestras voces han sido escuchadas! Banco de Desarrollo FMO suspende fondos para #Honduras, incluyendo la presa Agua Zarca”]

El 16 de marzo, como consecuencia de la escalada de la violencia y la atención en el proyecto Agua Zarca, FMO anunció en un comunicado de prensa que suspendía todas sus actividades en Honduras y que estará evaluando su participación en otros proyectos en el país. Si bien esto puede, por ahora, detener el proyecto, no hay ninguna garantía de que esto eliminará el peligro al que se enfrentan el COPINH y otros activistas del medio ambiente. En 2013, después de que otro activista muriera, el proyecto se estancó, sin embargo, las amenazas a los ambientalistas volvieron a aparecer cuando el proyecto se reanudó a finales de 2015.

Mientras que los homicidios de activistas ambientales siguen teniendo lugar con impunidad en Honduras y en otros lugares, muchos grupos están pidiendo que se actúe con urgencia en el caso de Cáceres y en brindar protecciones para las personas que trabajan para proteger la tierra y defender los derechos de los pueblos indígenas.


[Se puede leer en el tuit más arriba: “‪#Actúen‬‬‬‪ para pedir #JusticiaporBerta en #Honduras y protección para su familia‬”]‬‬‬

La escalada de violencia, el deterioro del clima de derechos humanos y las tasas alarmantes de impunidad deberían haber sido suficientes para que la gente se despertara y viera la realidad de este pequeño país de América Central. Pero fueron los recientes acontecimientos trágicos que finalmente trajeron la atención del mundo en Honduras. Silvio Carrillo, sobrino de Cáceres, espera que esto pueda marcar un punto de inflexión. Escribió en el New York Times que "es palpable la indignación en Honduras y en todo el mundo."

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