El escritor de blog Josh Wolf pasó 226 días de cárcel en Estados Unidos por negarse a entregar una grabación de video no publicada de una protesta en San Francisco y a testificar ante un jurado de instrucción sobre un ataque contra una patrulla de policía que presenció. Sólo fue liberado cuando difundió el video […]
El escritor de blog Josh Wolf pasó 226 días de cárcel en Estados Unidos por negarse a entregar una grabación de video no publicada de una protesta en San Francisco y a testificar ante un jurado de instrucción sobre un ataque contra una patrulla de policía que presenció. Sólo fue liberado cuando difundió el video en línea. En Estados Unidos, o hay una ley específica para proteger a los periodistas que se niegan a revelar sus fuentes o responder a otras demandas de información; Wolf fue publicado con una pena de cárcel.
No está solo. Según una nueva investigación de Privacidad Internacional, los Gobiernos en todo el mundo están socavando cada vez más la protección de las fuentes de periodistas, y los periodistas están pagando el precio.
«Silencing Sources» (Silenciando las fuentes), el primer estudio mundial de la protección de las fuentes de periodistas, dice que los problemas más importantes se encuentran en países que carecen de una ley específica. Al igual que EE. UU., Canadá, Holanda e Irlanda son notables por no tener protecciones jurídicas específicas, y se ha multado o encarcelado a periodistas como Wolf por no revelar sus fuentes.
Privacidad Internacional encontró que los Gobiernos reconocieron la necesidad de otorgar protección jurídica a las fuentes confidenciales; unos 100 países han adoptado leyes de protección que permiten a los periodistas asegurar que las identidades de sus fuentes confidenciales no se revelará.
Pero esas protecciones con frecuencia se socavan mediante espionaje legal (e ilegal), como el uso regular de intervención telefónica sistemática u órdenes de cateo en oficinas de medios y casas de periodistas, dice Privacidad Internacional.
Pocos países tienen protecciones jurídicas específicas contra búsquedas, especialmente en Europa, dice la investigación. Hace dos semanas, la policía allanó las oficinas de una estación de TV en Estocolmo, Suecia, porque buscaba una copia de una factura de un restaurante pagada por un reportero en una reunión con el Secretario de Estado. Según la Federación Europea de Periodistas (FE), los grupos regionales de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), se debería permitir un allanamiento sólo después de una decisión judicial, y debería estar presente un ombudsman. «Eso es lo que se necesita en las leyes, de modo que las fuentes puedan tener confianza al hablar con los periodistas», dice la FE.
Las quejas por la seguridad nacional también amenazan la protección. Con el pretexto de la «guerra contra el terrorismo», se ha arrestado, perseguido o acosado a periodista por revelar información considerada como «secreto de estado». Las nuevas leyes antiterrorismo en todo el mundo han dado a las autoridades facultades amplias para exigir asistencia de periodistas, interceptar comunicaciones y reunir información.
Examine el estudio, junto con un mapamundi de los lugares en los que se protege a las fuentes, en: http://www.privacyinternational.org/silencingsources
Vea también la reclamación de la FIP que respaldan el estudio: http://www.ifj.org/default.asp?Index=5484&Language=EN
(20 de noviembre de 2007)