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Human Rights Watch investiga amenazas a activistas de derechos y periodistas

Los gobiernos abusivos en todo el mundo están comprometidos plenamente en ataques contra organizaciones, instituciones y defensores de los derechos humanos para silenciar a los críticos, dice un nuevo informe de Human Rights Watch. El informe de 612 páginas, "World Report: 2010" (Informe Mundial: 2010) resume las más importantes tendencias en los derechos humanos en más de 90 naciones y territorios en todo el mundo.

Hay una larga historia de defensores de los derechos humanos censurados, encarcelados o asesinados, dice el informe. "Estos ataques se podrían considerar un homenaje involuntario al movimiento de derechos humanos. Si los gobiernos no estuvieran sintiendo el calor, no se molestarían en tratar de apagar la fuente". Con este nuevo informe, Human Rights Watch espera "denunciar la tendencia y ayudar a revertirla".

En Cuba, el Gobierno de Raúl Castro ha mantenido a veintenas de prisioneros políticos en detención y ha arrestado a docenas de disidentes. Las investigaciones en Birmania revelaron que docenas de prominentes activistas políticos, monjes budistas, activistas laborales, periodistas y artistas han sido arrestados y sentenciados a penas de cárcel draconianas desde las manifestaciones políticas pacíficas en 2007. El año pasado se celebró en Libia una histórica conferencia de prensa de Human Rights Watch, en la que se declaró que las leyes represivas aplastan la libre expresión y asociación. En Guinea, se documentaron asesinatos y otros abusos en una marcha de oposición en septiembre, junto con otros incidentes, lo que muestra las restricciones del Gobierno a la libertad de expresión política y asamblea mediante intimidación y ataques. Mientras se estaba escribiendo el informe, al menos 28 periodistas chinos estaban encarcelados por cargos expresads vagamente, entre ellos "incitar a la subversión" y "revelar secretos de estado".

Los perfiles por país incluyen noticias de los muchos periodistas muertos en todo el mundo por informar sobre corrupción e infracciones a los derechos humanos, así como otras infracciones a la libre expresión y a la libertad de prensa, mientras los perpetradores disfrutan de una impunidad casi completa.

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