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Claves de una regulación democrática de los servicios de internet para garantizar el pleno ejercicio de los derechos digitales

Personas jugando a los videojuegos en una feria en Cologne, Alemania, el 22 de agosto de 2017
Personas jugando a los videojuegos en una feria en Cologne, Alemania, el 22 de agosto de 2017

REUTERS/Wolfgang Rattay

Este artículo fue publicado originalmente en observacom.com el 14 de septiembre de 2017.

Es innegable la importancia creciente de los servicios "over-the-top" (OTT) en la economía mundial y su rol fundamental en el ejercicio de derechos humanos como la libertad de expresión y el derecho a la información. También, que su irrupción ha desencadenado una dura disputa económica entre actores privados de la economía digital que se traduce en debates regulatorios. Es inevitable advertir, además, que este conflicto económico impacta en las personas y sus derechos.

Los temas centrales de este debate han estado relacionados con la competencia, las inversiones o la tributación. Se trata de aspectos indudablemente importantes, pero un enfoque economicista limita el abordaje de un asunto tan complejo como vital para la humanidad y los derechos de la persona humana.

Gran parte del debate sobre la neutralidad de red y las asimetrías regulatorias proviene, o está influenciado, por las disputas entre importantes empresas de capitales transnacionales. Además, el actual desarrollo de Internet y el papel cada vez más importante de los proveedores de servicios OTT también ponen en tensión el rol del Estado y la cuestión de la soberanía nacional, así como las formas democráticas que se deben adoptar para proteger el derecho de las personas en el nuevo escenario convergente, a la vez que se construye un entorno que garantice el desarrollo de una Internet libre y abierta.

Todo esto representa un fuerte desafío para que las organizaciones de la sociedad civil adopten posiciones desde una perspectiva independiente, aunque no tengamos aún todas las respuestas y soluciones. Para esto, deberíamos contar con más investigaciones y datos relevados también de forma independiente, y no –solamente- a partir de los insumos aportados por empresas, expertos o think tanks de las partes en disputa.

Aunque efectivamente existen asimetrías regulatorias entre empresas que disputan similares mercados u ofrecen servicios comparables, los servicios OTT presentan desafíos regulatorios que, por sí solos, precisamos abordar. En nuestra opinión, esta tarea debería ser enfocada con una perspectiva de derechos humanos, colocando a las personas como el centro de las preocupaciones, y no a las empresas y sus (legítimos) intereses comerciales.

Gran parte de las discusiones se canalizan por organismos multilaterales que no consideran este enfoque de derechos, como la Organización Mundial del Comercio (OMC) o la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y que, por tanto, no son los espacios más adecuados para tratar estos asuntos regulatorios. Por suerte la UNESCO y las Relatorías para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han incluido estos asuntos en sus agendas, convirtiéndose en ámbitos internacionales más adecuados.

Desde la primera mitad del siglo XX, se consolidó en la mayoría de las democracias avanzadas la perspectiva que la regulación en el sector de comunicaciones es fundamental como garantía de la democracia. Esto, por la centralidad que una esfera pública plural y diversa tiene para su buen funcionamiento. La calidad de la democracia y un vigoroso debate cívico dependen ampliamente de la variedad de informaciones y visiones que compiten en el espacio público y que están disponibles para el ciudadano.

En un escenario centralizado por los medios de comunicación tradicionales, estaba claro que el mercado no garantizaba -por sí sólo-, la diversidad, el pluralismo ni la libertad de expresión fundamentales para la democracia. Con el surgimiento de Internet, parecía que parte de esa racionalidad que daba sentido y fundamento a la regulación democrática podría haberse perdido. De hecho, algunos importantes actores del ecosistema digital afirman que la regulación en Internet no sólo es peligrosa sino que no debería existir porque ya ni siquiera es necesaria, ni posible.

Sin embargo, pasada la fase inicial de funcionamiento más descentralizada y abierta de la red, nuevos cuellos de botella se forman e Internet pasa por una creciente centralización en algunos pocos actores del ecosistema digital que afecta su potencial de servir a toda la humanidad, como apunta el creador de la web, Tim Berners Lee. La tendencia a la concentración y las amenazas a libertad de expresión en la red muestran que la diversidad y el pluralismo –e incluso la noción de una Internet abierta y libre- necesitan de garantías regulatorias para que se puedan mantener como valores y paradigmas de las comunicaciones digitales modernas.

Con estos conceptos y razones, OBSERVACOM ha elaborado este documento con propuestas respecto a los aspectos claves que deberían considerarse para establecer un entorno regulatorio democrático sobre los servicios de Internet denominados OTT, desde la perspectiva de los derechos humanos y con el objetivo de garantizar los derechos digitales y la libertad de expresión, y una Internet libre y abierta.

Lee el informe de OBSERVACOM:
Claves para la la regulación de los servicios OTT – OBSERVACOM

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