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La Ley Magnitsky: una forma alternativa de justicia, sin remplazarla

La Ley Magnitsky ofrece una ruta alternativa a la justicia en casos de impunidad. En septiembre pasado, un consorcio de 23 grupos de derechos humanos encabezados por Human Rights First presentó expedientes de casos destinados a sancionar a más de una docena de personas o entidades por parte del gobierno de los Estados Unidos bajo esta nueva legislación.

Una mujer sostiene una pancarta con un retrato de Sergei Magnitsky durante una manifestación no autorizada en el centro de Moscú, Rusia, el 15 de diciembre de 2012. En la pancarta se lee:
Una mujer sostiene una pancarta con un retrato de Sergei Magnitsky durante una manifestación no autorizada en el centro de Moscú, Rusia, el 15 de diciembre de 2012. En la pancarta se lee: "Murió luchando contra el sistema de robo"

REUTERS/Tatyana Makeyeva

El 15 de enero de 2017, un pelotón de fusilamiento de Bahréin puso fin a la vida de Ali al-Singace. Su sentencia de ejecución por un atentado en 2014 en el que murieron tres policías se dictó tras una confesión extraída bajo tortura. Tan solo tenía 21 años.

Otros tres hombres fueron ejecutados junto a Al-Singace ese día bajo las mismas circunstancias. A pesar de los llamamientos internacionales para obtener reparación, las denuncias de tortura contra los tres hombres nunca fueron investigadas.

Son tres casos de una larga serie de abusos contra los derechos humanos que han tenido lugar en Bahréin desde que se redujeran las protestas pacíficas en 2011 bajo una ofensiva del gobierno que continúa en la actualidad. Entre las víctimas más recientes se encontraba Ebtisam Alsaegh, sometida a tortura y atacada sexualmente durante un interrogatorio realizado por la agencia de seguridad nacional (NSA) de Bahréin en mayo de este año. La condena internacional y la vigorosa campaña de grupos de derechos humanos no han logrado atenuar las cada vez más graves infracciones de los derechos por parte del Estado o responsabilizar a los culpables.

"Desde 2011 hemos estado pidiendo una mayor rendición de cuentas, y estamos frustrados de ver que solo la policía de bajo nivel ha enfrentado consecuencias, y además mínimas", dice Michael Payne, Director de Advocacy of Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB).

En el correr del año pasado, los grupos de derechos humanos estuvieron probando una nueva herramienta para corregir las violaciones en Bahréin y otros países. En septiembre, un consorcio de 23 grupos liderados por Human Rights First que incluye a ADHRB y varios otros miembros de IFEX presentaron archivos de casos destinados a lograr que se sancione una docena de personas o entidades por parte del gobierno de los EE. UU. bajo una nueva legislación. Aunque los resultados de esta ronda fueron decepcionantes en muchos aspectos, los defensores de los derechos humanos todavía ven la ley como una oportunidad para avanzar en la justicia y frenar los abusos.

La Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos, que se convirtió en ley en diciembre 2016, autoriza al presidente de los EE. UU. a imponer prohibiciones de visa y congelar los activos de personas extranjeras responsables de violaciones graves contra defensores de los derechos y funcionarios gubernamentales o sus asociados que hayan participado en actos importantes de corrupción. En la práctica, aquellas personas cuyos nombres aparecen en la denominada lista Magnistsky, pueden verse prohibidas de ingreso a los EE. UU., y cualquier propiedad que posean en los EE. UU. puede ser embargada, un duro golpe para aquellos que oprimen a los ciudadanos en sus países de origen y luego usan su estatus o riqueza para viajar libremente. La ley también permite que además de individuos, se incluyan entidades en la lista. En este caso, una corporación o incluso una institución gubernamental podrían ver bloqueadas todas sus propiedades e intereses dentro de la jurisdicción de los EE. UU.

Para probar estas aguas nuevas, los grupos buscaron resaltar una gama de violaciones, víctimas y actores responsables en los expedientes presentados. Los nombrados varían en rango y posición. En la tortura y ejecución de al-Singace, los grupos argumentan que Ali bin Fadhul Al Buainain, Jefe del Ministerio Público de Bahréin, fue responsable de graves violaciones de los derechos humanos por no actuar sobre las denuncias de tortura y por buscar que se dictamine la pena de muerte en base a confesiones obtenidas bajo coacción. "Queríamos señalar a alguien que es realmente responsable cuando hay abusos sistemáticos", dice Michael Payne de ADHRB, "alguien con responsabilidad en la línea de mando".

ADHRB también llamó la atención a una entidad, la Agencia de Seguridad Nacional. Basándose en el testimonio de Ebtisam Alsaegh y otros, argumentaron que la agencia debería figurar en la lista. En total, los grupos presentaron conjuntamente nombres y entidades de 15 países: Azerbaiyán, Bahréin, China, la República Democrática del Congo, Egipto, Etiopía, Liberia, México, Panamá, Rusia, Arabia Saudita, Tayikistán, Ucrania, Uzbekistán y Vietnam - con evidencia que los conecta con actos atroces.

Las leyes de Magnitsky son una creación de William Browder, un ex administrador de fondos de cobertura con sede en el Reino Unido cuyo amigo y abogado Sergei Magnitsky fue encarcelado y torturado después de intentar exponer la corrupción de alto nivel en Rusia. Magnitsky murió bajo custodia en 2009. Frustrado por el hecho de que nadie fue responsabilizado por los malos tratos de Magnitsky, Browder intentó otra táctica.

Con el apoyo de los senadores estadounidenses John McCain y Ben Cardin, se aprobó la Ley de Responsabilidad del Estado de Derecho Sergei Magnitsky de 2012. Esta versión, que todavía está en uso hoy, se aplica solo a Rusia. Hoy hay docenas de nombres en la lista relacionados con violaciones rusas, incluido Alexander Bastrykin, el principal investigador de Rusia. Además de los relacionados con la muerte de Magnitsky, se nombra al presunto asesino y cómplice del asesinato del periodista Paul Klebnikov en 2004. En diciembre, la administración Trump agregó cinco personas más, incluyendo al líder checheno Ramzan Kadyrov y al jefe del ministerio checheno de asuntos internos, Ayub Kataev, por "graves violaciones de derechos humanos internacionalmente reconocidos", según la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Las leyes de Magnitsky se han extendido rápidamente. Además de la ley estadounidense Magnitsky, otros cuatro países han adoptado una legislación similar. Estonia y Lituania aprobaron las leyes de Magnitsky y, a principios de este año, el Reino Unido introdujo la Ley de Finanzas Criminales, que permite a las autoridades recuperar los activos de graves abusos humanos cometidos en el extranjero y que están alojados en el Reino Unido. Sin embargo, la política, según Caroline Craig, funcionaria de prensa sénior en el Ministerio del Interior del Reino Unido, no presentará una lista de nombres.

A principios de noviembre, Canadá emitió su primera ronda de sanciones bajo la Ley de Justicia para Víctimas de Funcionarios Extranjeros Corruptos (Ley Sergei Magnitsky) que su parlamento aprobó en octubre de 2017. La lista apunta a 52 violadores de los derechos humanos en Rusia, Venezuela y Sudán del Sur, según los informes de noticias.

Varios otros países parecen estar listos para seguir el ejemplo. Los miembros del parlamento sueco están haciendo campaña por una versión de dicha ley, y según Browder, las campañas también están avanzando en Ucrania y Sudáfrica.

"Está claro que hemos llegado a un punto de inflexión", dijo Browder. Y conseguir que Francia y Alemania se suban a bordo es clave. "Estos países inclinarán la balanza para conseguir una Ley Magnitsky en toda la UE. No espero que el proceso sea fácil, pero hemos logrado mucho más de lo que esperaba recientemente, creo que ahora todo es posible".

Las leyes de Magnitsky ofrecen cierta corrección a una injusticia global paradójica en la que algunos provenientes de países represivos pueden operar con impunidad en casa y también beneficiarse de su riqueza en el exterior, incluso en países que se consideran a sí mismos defensores del Estado de derecho y los derechos humanos. "Nos imponen sanciones y restricciones; nos hostigan y son bienvenidos en Europa", explica Khadija Ismayilova, periodista de investigación galardonada de Azerbaiyán, uno de los países incluidos en la lista presentada a los EE.UU. por parte de los grupos de derechos humanos en septiembre. "Los miembros de su familia reciben tratamiento médico y educación en Europa y en cualquier otro lugar, mientras que su gente se ve privada de todo", agrega Ismayilova, que estuvo encarcelada durante un año y medio y ha estado bajo una prohibición de viajar impuesta por el gobierno desde su liberación.

Según sus defensores, las sanciones dirigidas contra estas personas y entidades hacen más que ofrecer recursos a las víctimas que de otro modo no tienen ninguno. Exponen y ponen bajo escrutinio a las malas prácticas, lo que a su vez puede presionar a los Estados para que respondan. En el caso de Bahréin, dice Payne de ADHRB, el impacto podría ser amplio. "Si se congelan los activos de su gente o no pueden viajar a los EE. UU., la imagen que se proyecta y la reprimenda de su sistema tendrá potencialmente un gran impacto. Los pondrá en una posición en la que deben refutar o reformar".

En al menos un caso, la amenaza de prohibición de viajar parece haber tenido un impacto. En septiembre, un senador de los EE. UU. propuso una enmienda al Departamento de Estado y el proyecto de ley de asignaciones de operaciones extranjeras para prohibir los viajes a funcionarios azerbaiyanos. Poco después, el periodista Mehman Aliyev fue liberado.

A pesar del potencial de las leyes de Magnitsky para promover los derechos humanos, siguen existiendo muchos desafíos para los activistas que buscan utilizarlas. En los Estados Unidos recae principalmente en los departamentos de justicia, Estado y tesorería el revisar y determinar nombres, aunque varios comités del Senado también pueden presentar nombres. El punto de participación de las ONG es proporcionar recomendaciones para los objetivos de sanción, junto con material de caso documentado, a estas oficinas. La ley establece que se considerará la información confiable de los grupos de monitoreo de derechos humanos y corrupción, y, según un funcionario del departamento de Estado, dan la bienvenida y alientan la colaboración de las organizaciones no gubernamentales. A pesar de esta invitación, la mayoría de los nombres propuestos por las ONG este año no han sido sancionados.

El 21 de diciembre de 2017, la administración de EE. UU. anunció la primera ola de sanciones emitidas en virtud de la Ley Global Magnitsky. La lista comprende 15 personas extranjeras y 37 entidades, algunas implicadas en campañas de miembros de IFEX. Incluye al ex presidente de Gambia Yahya Jammeh, así como a Yankuba Badjie ex Director General de la agencia nacional de inteligencia del país. Un congresista guatemalteco acusado de ordenar un ataque en el que murieron dos periodistas también figura en la lista.

De los nombres presentados conjuntamente por organizaciones no gubernamentales en 2017, al menos tres fueron sancionados: Artem Chayka, hijo de Yury Chaika, Fiscal General de Rusia, sospechoso de utilizar la posición de su padre para presionar a los competidores comerciales y obtener lucrativos contratos estatales, Maung Maung Soe, comandante militar birmano responsable de violaciones de derechos humanos contra la población minoritaria rohingya de ese país, y Gao Yan, alto funcionario de la policía china involucrado en la responsabilidad de comando en la detención arbitraria, tortura y muerte del activista de derechos humanos Cao Shunli, según una declaración de Human Rights First.

Varias organizaciones dieron la bienvenida a esta primera ronda de nombres, pero expresaron su decepción porque actores de muchos países con registros de abusos contra los derechos humanos y corrupción quedaron fuera de la lista. En particular, nadie del Medio Oriente o Azerbaiyán fue sancionado. En ninguno de los dos casos presentados por ADHRB se hicieron designaciones. Como afirmó ADHRB en una declaración: "estamos decepcionados de que la administración Trump no se haya ocupado de los casos presentados sobre abusos graves contra los derechos humanos cometidos por funcionarios del gobierno de Bahréin".

Annie Boyajian, directora de defensa de Freedom House, una de las organizaciones involucradas en proporcionar evidencia este año, señala que la lista tiene algunos nombres importantes. "Dicho eso, la lista podría haber sido mucho más fuerte con la inclusión de nombres adicionales presentados por la coalición", agrega. "Es una gran oportunidad perdida que no haya casos en Medio Oriente, por ejemplo. Y, algunas de las personas sancionadas tienen funcionarios de más alto nivel que también fueron cómplices".

Los departamentos de estado y tesorería no han explicado por qué algunos nombres no fueron designados, pero las consideraciones políticas y de seguridad son una posibilidad. Según la redacción de la Ley, el gobierno puede optar por no incluir a un individuo o entidad en la lista, a pesar de la evidencia, si se considera perjudicial para los intereses nacionales. Como Browder señala, "Incluso si la evidencia justifica la consideración, el departamento de justicia puede decir que esto puede ser perjudicial para nuestros intereses nacionales. A nivel político, pueden decir que no quieren continuar con el caso ".

A pesar de los reveses encontrados durante el primer año de implementación de la Ley, los grupos de derechos humanos consideran que el compromiso continuo con la legislación es útil. "La ley requiere que la administración considere la información presentada por las ONG, lo que brinda una oportunidad única para la cooperación entre el gobierno y la sociedad civil", dice Boyajian. "Por lo tanto, esperamos brindar información adicional para su revisión y esperamos que algunos de los casos que presentamos aún estén bajo revisión". Michael Payne, de ADHRB, también dice esperar lo mismo. "Continuaremos fortaleciendo nuestros casos y enviando casos adicionales con la esperanza de que este o cualquier futuro gobierno de los EE. UU. utilice plenamente estas herramientas para la rendición de cuentas internacional".

El umbral de evidencia es alto para una designación de Magnitsky, y la acumulación de documentación puede ser un desafío en países conocidos por su impunidad y falta de transparencia. Khadija Ismayilova señala que, en Azerbaiyán, la tortura y otros actos están encubiertos. "Las personas que informan haber sido torturadas, los abogados que lo impugnan u otras personas que hablan sobre el tema están sujetas a hostigamiento". Cree que se necesita un enfoque más flexible, que incluya los informes de los medios como una buena fuente de evidencia. Sin embargo, eso puede no ser suficiente para ubicar a alguien en la lista. "Para que alguien sea sancionado en virtud de la Ley Magnitsky, se debe presentar pruebas muy específicas y admisibles de abusos contra los derechos humanos", dice Browder.

Las leyes de Magnitsky también pueden convertirse en víctimas de su propio éxito. Si las designaciones de este año tienen un impacto, cada vez más partes buscarán poner nombres en la lista. "Pronto, un mar de personas presentará pruebas, y los equipos en varios gobiernos que revisan esta evidencia son pequeños", dice Browder, "por lo que es importante presentar un caso claro y convincente".

Participar en el proceso de la lista Magnitsky no está libre de riesgos. Browder ha sido nombrado en múltiples órdenes de arresto emitidas por Rusia, que también ha amenazado a Canadá con represalias por su lista. "Los grupos que están considerando incluir personas en la lista deben tener en cuenta que pueden estar señalando a individuos poderosos y ricos que cuentan con recursos para defenderse", dice Rob Berschinski, vicepresidente sénior de políticas de Human Rights First.

También es importante recordar que las leyes de Magnitsky pueden ofrecer una forma alternativa de justicia, pero no pueden sustituirla. Peter Klebnikov, el hermano de Paul Klebnikov, afirma que si bien la lista da cuenta de que los individuos poderosos no pueden cometer crímenes con total impunidad, aún buscará que se enjuicien todos los asesinos de su hermano. "Nuestra familia sigue esperando por justicia. Hemos estado esperando 13 años. Esperaremos y pediremos justicia, el tiempo que sea necesario".

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