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Ley antiboicot restringe libre expresión, sostienen MADA y Human Rights Watch

Los llamados para boicotear a Israel, como este, son ahora delitos punibles según una nueva ley antiboicott aprobada por el Knesset el 11 de julio de 2011
Los llamados para boicotear a Israel, como este, son ahora delitos punibles según una nueva ley antiboicott aprobada por el Knesset el 11 de julio de 2011

REUTERS/Luke MacGregor

Israel infringió el derecho a la libre expresión al aprobar una ley que castiga a las personas y organizaciones que hagan llamados para bocotear a Israel, dicen los miembros de IFEX Centro Palestino para el Desarrollo y Libertades de Medios (MADA) y Human Rights Watch.

La ley, aprobada por 47 votos a favor y 38 en contra en el Parlamento el 11 de julio, convierte en un delito punible el acto de hacer un llamado público a un boicot económico, cultural o académico contra Israel, sus instituciones o cualquier área bajo su control, en referencia a los territorios palestinos ocupados en Jerusalén oriental, Cisjordania y Gaza.

Permitiría a los ciudadanos israelíes demandar a personas y organizaciones que instigan esos boicots, y someterá a los infractores a multas. Las empresas y organizaciones que apoyen un se arriesgan a que se les impida participar en contratos gubernamentales y los grupos sin fines de lucro podrían perder su estado de exención de impuestos.

"Cualquiera que sea lo que uno piense de los boicots, una ley que castigue la promoción política en oposición a las políticas gubernamentales es un intento descarado de amordazar el debate público", dijo Human Rights Watch. "Esta ley ataca a la sociedad civil israelí y retrasará el reloj de la libertad de expresión y asociación".

MADA teme que la nueva ley lleve a un "marcado incremento en el número de infracciones cometidas contra periodistas [en los territorios palestinos ocupados ] y una mayor supresión de las voces palestinas".

Varios grupos de derechos humanos israelíes, como la Asociación por los Derechos Civiles en Israel, declararon que pedirán a la Suprema Corte que revoque la ley con el argumento de que infringe las libertades individuales.

Según "The New York Times", el periódico "Haaretz" la calificó de "políticamente oportunista y antidemocrática", y advirtió que esa ley y otras que se promulgaron recientemente estaban "transformando el código legal de Israel en un documento perturbadoramente dictatorial".

Tanto Amnistía Internacional como "The New York Times", que se opusieron a los boicots de Israel, acordaron que la ley es un asunto fundamental de la libertad de palabra.

"Con las conversaciones de paz en punto muerto, los palestinos están buscando maneras de mantener vivo su sueño de una solución de dos estados, incluyendo un impulso a favor del reconocimiento por las Naciones Unidas este verano. Israel se arriesga a aislarse más internacionalmente con este intento de reprimir a los críticos", sostuvo "The New York Times" en un editorial.

Un movimiento de palestinos y simpatizantes extranjeros incrementó las llamadas a favor de un boicot, el retiro de inversiones y sanciones contra Israel para protestar por sus asentamientos ilegales. Sus campañas llevaron a la cancelación de diversos eventos por parte de artistas israelíes y extranjeros.

El patrocinador del proyecto de ley, Zeev Elkin del Likud, el partido conservador encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, dijo que su inquietud era que los llamados a favor de un boicot "han llegado con frecuencia cada vez mayor de entre nosotros".

Él y otros defensores de dicha ley dijeron que era una herramienta necesaria en la lucha de Israel contra lo que llamaron su "deslegitimización global".

Según Human Rights Watch, la ley antiboicott es sólo uno de los muchos esfuerzos aprobados recientemente por el Knesset, o que éste está considerando, que restringen la libertad de expresión y atacan las organizaciones de la sociedad civil israelíes y los ciudadanos palestinos y sus simpatizantes. Una ley que fue aprobada en febrero (también patrocinada por Elkin) e impuso requisitos de informes trimestrales en lugar de anuales para los grupos no gubernamentales que reciben financiamiento extranjero dejo exentos a los grupos de apoyo a los colonos, informa Human Rights Watch.

"Ningún país se puede deslegitimizar si se mantiene fiel a sus principios democráticos. Los oponentes ya están recusando la ley en los tribunales. Esperamos que tengan éxito, por el bien de Israel, concluyó "The New York Times".

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