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Un año después de la catástrofe de Fukushima, residentes y habitantes siguen en la ignorancia sobre secuelas

Katsuo Takahashi for Human Rights Watch

Un año después de la explosión de la planta nuclear que sacudió a Fukushima, Kiyomi Yokota sigue preocupado por la salud de sus dos hijas, de 3 y 8 años. Él y su familia viven en la ciudad de Koriyama, aproximadamente a 60 kilómetros de la planta. Aunque el personal de la línea directa sobre radiación le asegura que "no hay problema", las pruebas que aplicó revelan niveles de radiación peligrosamente elevados, informa Human Rights Watch.

Al igual que Yokota, muchos residentes de la prefectura de Fukushima siguen sin contar con información básica y respuestas claras sobre el nivel de radiación en sus alimentos y su ambiente, declaró Human Rights Watch en un informe multimedia dado a conocer para celebrar el primer aniversario de las explosiones.

"Un año después los residentes de Fukushima tienen el derecho de saber si los alimentos que están consumiendo son seguros y si los niños siguen estando expuestos a niveles de radiación peligrosos", afirmó Kanae Doi, director de Human Rights Watch en Japón.

Aunque la explosión en la planta de Daiichi está considerada como la crisis de radiación más grave en todo el mundo desde Chernóbil, Human Rights Watch documentó varias instancias de residentes locales que no pudieron hacer que se examinara la radiación en sus niños, y el Gobierno proporcionó información contradictoria acerca del impacto de la radiación en la salud humana.

"Nosotros mismos medimos el nivel de radiación de nuestro campo y nuestra casa, y así nos dimos cuenta de que el nivel era peligroso para nosotros", dijo Yokota.

Human Rights Watch entrevistó a personas en cuatro ciudades alrededor de la zona de evacuación obligatoria, y examinó su acceso a atención médica a información, condiciones de vida y el impacto en su forma de ganarse la vida.

La seguridad alimentaria fue una inquietud especial de los entrevistados, señaló Human Rights Watch. Aunque el gobierno de la prefectura aseguró a los residentes que los alimentos se examinan antes de que lleguen a los mercados, no ha establecido un proceso sistemático para medir los niveles de radiación en alimentos del área y comunicar los resultados al público, declaró Human Rights Watch.

"Por una parte el Gobierno anunciará que el agua de las tuberías del servicio público es segura para beber para todos, y por otra parte sugerirá que los niños beban sólo agua embotellada. Los padres no pueden recibir una respuesta clara de cuál es el verdadero nivel de riesgo", lamentó Doi.

Se calcula que los planes para descontaminar las zonas afectadas costarán 1 billón de yenes (US$13,000 millones), pero el Gobierno no ha creado un plan detallado para mostrar dónde, cuándo y cómo se efectuará la descontaminación. Muchos residentes de Fukushima consideran inadecuados estos pasos; también están pidiendo compensación por casas y formas de ganarse la vida, y por daño a la salud.

El terremoto del 11 de marzo de 2011 frente a la costa del noreste de Japón creó un tsunami que llegó tierra adentro. El tsunami cortó el suministro de energía eléctrica a la Planta de Energía Nuclear de Daiichi de Fukushima e inundó las salas que contenían los generadores de respaldo para caso de emergencia, lo que llevó a un colapso de los tres reactores que liberó radiación a la comunidad circundante.

Aunque el Gobierno anunció que todas las áreas fuera de la zona de evacuación eran seguras, los funcionarios en Tokio han documentado niveles elevados a más de 200 kilómetros de la planta que fueron iguales a los del interior de la zona de exclusión.

En lugar de confrontar al Gobierno, la solución de Yokota es mudarse. "De verdad quiero salir de aquí porque me preocupa aumentar el riesgo de enfermedades futuras para mis hijas. Quisiera escapar de aquí si tengo suficiente dinero", expresó.

Vea lo que otros residentes están haciendo en la publicación multimedia de Human Rights Watch aquí.

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