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Cuatro miembros de IFEX emiten pronunciamiento ante la CIDH sobre la situación de libertad de expresión

(CENCOS/CEPET/ARTICLE 19/AMARC/IFEX) - Lo que sigue es un comunicado de prensa de CENCOS, CEPET, ARTICLE 19, AMARC y otras organizaciones, con fecha del 17 de julio de 2007:

Pronunciamiento
Libertad de Expresión: Derecho Amenazado en México
Ante la Audiencia de la CIDH, en Washington D. C.

En el contexto de cambios y transformaciones en México en los últimos años, uno de los problemas que se ha agudizado es la vulneración de las garantías fundamentales para el ejercicio de la libertad de expresión en todas sus manifestaciones.

Uno de los aspectos más graves son los asesinatos, desapariciones y agresiones contra de periodistas, y el hecho de que hasta la fecha no se observe que hayan tenido impacto las iniciativas para la impartición y acceso a la justicia, mucho menos que se garanticen las condiciones para el ejercicio periodístico.

CONCIENTES de que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en otros instrumentos internacionales a nivel regional que han sido suscritos por el Estado mexicano;

RECONOCIENDO que la libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia representativa, mediante la cual los ciudadanos ejercen su derecho a buscar, recibir y difundir información;

RECONOCIENDO que la falta de prevención, investigación y castigo por parte del Estado de los ataques en contra de las y los periodistas generan un clima de autocensura en los medios de comunicación;

PROFUNDAMENTE PREOCUPADOS por el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran las y los periodistas en México ante los ataques y amenazas de las que son objeto por parte del crimen organizado y el narcotráfico, y el alto grado de impunidad del que gozan;

DISUADIDOS por la falta de resultados por parte del Estado mexicano en esta materia, en especial de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos en contra de Periodistas adscrita a la Procuraduría General de la República y;

CONVENCIDOS de que el ejercicio pleno de la libertad de expresión juega un papel determinante en el fortalecimiento de las instituciones y la consolidación de un Estado democrático de derecho;

Y a propósito de la audiencia que se celebrará en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el próximo 18 de julio sobre la "Situación de la Libertad de Expresión en México", hacemos el siguiente PRONUNCIAMIENTO:

1.- México se ha convertido en el mundo, desde el pasado gobierno de Vicente Fox y los primeros meses de la administración del presidente Felipe Calderón, en uno de países más peligrosos para el ejercicio de la profesión periodística, debido a la persistencia de acciones de poderes locales, del crimen organizado y particularmente del narcotráfico.

Los asesinatos, desapariciones y agresiones contra periodistas son hoy una permanente amenaza para la libertad de expresión y, en consecuencia, un auténtico reto para la consolidación de la democracia mexicana por la falta de garantías y seguridad para el ejercicio de este derecho fundamental.

De 2000 a 2006, se registraron en México 27 asesinatos y 5 desapariciones de periodistas, pero el número ha aumentado en 2007. La mayoría de los casos se mantienen sin culpables y únicamente en ocho de las investigaciones han existido detenciones, lo que da cuenta del problema de impunidad que acompaña a la amenaza.

2.- La falta de eficacia de las instituciones de seguridad y procuración de justicia para asegurar el ejercicio de la libertad de expresión crea las condiciones para que se modifiquen las líneas editoriales en detrimento del derecho a la información que tienen los ciudadanos.

La práctica de la autocensura emerge como uno de los mecanismos de sobrevivencia al alcance de los medios de comunicación, particularmente en los estados de la frontera norte del país en los que la violencia del narcotráfico ha afectado en mayor grado que en otros lugares a los periodistas.

El silencio o la falta de denuncia de las amenazas o agresiones cometidas son también una muestra de la desconfianza de los medios de comunicación hacia la capacidad de las autoridades para detener los ataques a la libertad de expresión.

Este es el caso, por ejemplo, de la Fiscalía Especial para Delitos contra los Periodistas, que se creo en febrero de 2006 sin suficientes atribuciones legales y sin un presupuesto que le permita operar y dar resultados, para investigar y señalar responsables, y que hasta la fecha no ha resuelto ningún caso.

3.- En virtud de que el próximo 18 de julio se celebrará una audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA sobre la situación de la Libertad de Prensa en México, las organizaciones que suscriben este pronunciamiento hacen un urgente llamado a las autoridades mexicanas en sus distintas esferas de responsabilidad jurídica y política, para que se investigue y sancione de inmediato a los autores intelectuales y materiales de los crímenes cometidos contra periodistas, así como las agresiones contra medios de comunicación privados y comunitarios. Y solicitan,

1) Que la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visite México, mediante una visita in loco, por medio de su representante Ignacio Álvarez, que permita visitar los estados del país con más alto índice de asesinatos y desapariciones, en el transcurso de este año, entrevistándose con las y los afectados, medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y especializadas en la materia, con el fin de para elaborar un informe in situ acerca de la situación de la libertad de expresión.

a) Que se solicite a la Fiscalía informe a la CIDH sobre el estado que guardan las investigaciones de delitos cometidos contra periodistas.

b) Que el Poder Ejecutivo fortalezca la autonomía y facultades de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, así como que se revise el marco legal para la investigación de estos delitos a nivel federal y local, dándole reconocimiento administrativo y jurídico. Contemplando la participación de organizaciones de la sociedad civil especializa en la materia y en derechos humanos.

c) Que el Poder Legislativo mediante la Comisión de Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, generé los insumos necesarios para cambios en el marco jurídico.

d) Al Poder Judicial que generé las condiciones para que los ministerios públicos atiendan e investiguen el temas de agresiones, asesinatos y desapariciones de los periodistas, así como agresiones a medios de comunicación y comunitarios de manera especializada.

Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS)
ARTICLE 19-Sección México
Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET)
Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC)

Para la lista de todos los signatarios del pronunciamiento, ver el texto completo: http://cencos.org/es/node/16470

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