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Hermano del gobernador del estado de Guerrero acusa a periodistas de difamación por artículos sobre presunta corrupción

(CEPET/IFEX) - El 25 de septiembre de 2007, los periodistas Ezequiel Flores Contreras, Hugo Pacheco León, Jesús Saavedra Lezama, Mónica Martínez y Teresa de la Cruz, del diario "El Sur", fueron demandados por Alberto Torreblanca Galindo, hermano del gobernador del estado por presunta "difamación" y "daño moral".

Torreblanca Galindo exige 10 millones de pesos (aproximadamente 924.000 USD) de indemnización, así como el pago de gastos médicos ocasionados por el "impacto de notas injuriosas y difamatorias" y los gatos del juicio contra los reporteros y el propio periódico.

Los periodistas mencionados dieron seguimiento a una denuncia respecto al beneficio que la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) hizo sin licitación a una empresa llamada Corporación Constructora Analú, con una adjudicación directa de 18 millones de pesos para obras de reparación y mantenimiento de escuelas.

Dicha empresa tendría como socio a Alberto Torreblanca Galindo, según fuentes de Ezequiel Flores Contreras, autor de la primera nota en la que constructores de la capital de estado vinculan al hermano del gobernador con las constructoras beneficiadas con contratos del gobierno, publicada el 5 de junio.

"Tiene un prestanombres", dijo Flores Contreras, para quien el tiempo entre la publicación de la primera nota y la demanda, tres meses y medio, no deja duda "de que fabricaron muy bien el caso".

Agregó que los mencionados en su reportaje "nunca se deslindaron ni dieron la cara" desde el primer momento.

La demanda, expresó el corresponsal que cubre temas de seguridad y derechos humanos, "es un mensaje a los periodistas para que no investiguemos".

Aclaró que "no esperamos justicia, lo damos por perdido porque desde la notificación sobre la demanda se establece que se presenta 'por notas infundadas', como si fuera un fallo en lugar de un citatorio".

Periodistas de Guerrero marcharán el 18 de octubre de para exigir al gobierno estatal que cese el hostigamiento y las demandas contra miembros del gremio, así como una investigación a fondo de los casos de comunicadores que han sido agredidos y asesinados en los últimos cinco años en esa región del suroeste de México.

"El objetivo de la marcha es exigir al gobierno garantías para ejercer de manera libre la actividad periodística ética y responsable", señaló Flores Contreras al CEPET.

En la convocatoria para la marcha, Pedro Arzeta García, secretario general de la Delegación XVII del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, señala que este organismo sindical "repudia y condena este tipo de acciones tendientes a intimidar el quehacer periodístico y que en forma por demás condenable ponen en entredicho las declaraciones del gobernador del estado Zeferino Torreblanca en el sentido de que es respetuoso de la libertad de expresión.

"Hoy, en franco reto de confrontación contra quienes ejercemos el periodismo en Guerrero se ha iniciado una demanda carente de sustento que evidencia más un acto visceral que de justicia, pues no se puede demandar a un periodista sólo por recoger la opinión de funcionarios que no están de acuerdo con el accionar de la actual administración estatal".

Entre las demandas al gobierno estatal están: respeto a la libertad de expresión y al libre ejercicio periodístico, cese al hostigamiento y demandas contra los periodistas que en cumplimiento de su deber evidencian la mala administración estatal actual, que se investigue a fondo cada uno de los casos de los periodistas que han sido agredidos y asesinados en estos últimos cinco años antes de emprender acciones de intimidación contra los mismos comunicadores, y que el Juez Segundo de lo civil Ausencio Díaz Lorenzano no actúe por consigna sino apegado a derecho por el bien del estado de Guerrero y de la justicia mexicana.

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