(CEPET/IFEX) – Un reportero y una corresponsal de la revista «Proceso», el semanario político más importante en México, enfrentan una denuncia interpuesta por la Procuraduría del estado de Veracruz en relación a un reportaje en el que se involucra a militares en la presunta violación y muerte de una anciana en una comunidad indígena. Consultado […]
(CEPET/IFEX) – Un reportero y una corresponsal de la revista «Proceso», el semanario político más importante en México, enfrentan una denuncia interpuesta por la Procuraduría del estado de Veracruz en relación a un reportaje en el que se involucra a militares en la presunta violación y muerte de una anciana en una comunidad indígena.
Consultado por CEPET, el reportero Rodrigo Vera narró que a mediados de diciembre 2007 recibió una notificación en la oficina de «Proceso», en la Ciudad de México, para que se presentara en la Procuraduría General de Justicia de Distrito Federal el 8 de enero de 2008. El día señalado se presentó en el Ministerio Público dónde le informaron que la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz lo acusaba de ser el presunto responsable de publicar una foto del cadáver de Ernestina Ascencio, la anciana muerta, lo cual está prohibido.
El reportero explicó que era únicamente responsable del texto y no de la fotografía y que presentaría sus respuestas a los cargos de forma escrita y acompañado por el abogado de la revista.
La averiguación contra los reporteros se inició a petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), según le comunicó a Vera la vocera de la Procuraduría de Veracruz, Victoria Hernández, quien además le aseguró que no había acusación en su contra.
Según una noticia del diario capitalino «La Jornada», la recomendación de la CNDH para que se investigara la difusión de la fotografía se emitió el 3 de septiembre de 2007 tras concluir el análisis y documentación del caso de la anciana, en la cual se concluyó que la indígena de 73 años no fue víctima de violación ni de un ataque.
La fotografía que publicó «Proceso» en su edición número 1584, del 11 de marzo de 2007, para ilustrar el reportaje firmado por Vera y Regina Martínez, corresponsal del semanario en Veracruz, se ha publicado en otros medios y al parecer habría sido filtrada por la misma Procuraduría, refirió Vera.
«Quieren que yo les diga quién estuvo en la necroscopia de Ernestina Ascencio, que les diga que un funcionario de la procuraduría me dejo tomar la foto, pero yo no estuve ahí», dijo Vera. «Yo llegué a Zongolica, Veracruz (lugar dónde ocurrió la muerte de Ascencio) tres días después de que la sepultaran. Entrevisté a sus familiares y vecinos de la comunidad. Sólo estuve un par de días».
Por su parte, Martínez manifestó al diario «La Jornada» que teme ser detenida y agregó que la denuncia parece más bien un acto intimidatorio del gobierno del estado de Veracruz. Informó que no ha sido citada por a declarar, aunque conoce de la existencia de la denuncia.
ANTECEDENTES
La muerte de Ascencio, de 73 años, quien radicaba en la sierra de Zongolica, Veracruz, al sureste de México, levantó una amplia polémica. Por un lado, los familiares de la víctima y organizaciones que los apoyaron sostienen que los militares violaron a la anciana, mientras el Presidente Felipe Calderón y funcionarios estatales y federales mantienen que murió de causas naturales.
Según el primer informe del médico forense, la mujer murió el 25 de febrero de 2007 por fractura de cráneo, hemorragias internas y sangrado anal propiciado por una penetración múltiple. El hecho quedó consignado en las averiguaciones previas 140/07 y 471/07, en la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y en la Agencia del Ministerio Público Investigador, respectivamente.
Cuatro elementos del Ejército Mexicano señalados fueron arraigados como los presuntos responsables del crimen.
Pero la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) exculpó a los miembros del Ejército, a través del comunicado de prensa 017. Posteriormente el cuerpo de la víctima fue exhumado por personal de la CNDH y de la Procuraduría del estado, debido a las omisiones señaladas por la misma CNDH.
El 13 de marzo del 2007 el presidente aseguró que la anciana murió de una úlcera gástrica, hecho que fue confirmado también por la CNDH, cuyo titular es José Luís Sobernaes.
A finales de abril de 2007, el Procurador General de Justicia de Veracruz, Emeterio López Márquez y el Fiscal Especial del caso, Juan Alatriste Gómez, informan en conferencia de prensa que el caso se daba por cerrado, concluyendo que la mujer falleció a consecuencia de una parasitosis que le provocó un sangrado pélvico, por lo cual el Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal por los delitos de violación y homicidio.