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Más de 50 editores piden al gobierno legislación para enfrentar violencia contra periodistas

(SIP/IFEX) - Lo que sigue es un comunicado de prensa de la SIP, con fecha del 27 de junio de 2008:

Editores mexicanos piden al gobierno legislación para enfrentar violencia contra periodistas
Encuentro convocado por la SIP culmina con Declaración de México

Ciudad de México (27 de junio de 2008) - El Segundo Encuentro de Editores de la República Mexicana, que concluyó hoy en está ciudad bajo la convocatoria de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), solicitó al gobierno mexicano que exprese su voluntad política en la adecuación de leyes para combatir la violencia contra la prensa, como la federalización de los crímenes contra la libertad de expresión y de prensa y el agravamiento penal de esos delitos.

Más de 50 directores de diarios mexicanos provenientes de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y del Distrito Federal, culminaron dos días de deliberación tras reunirse con senadores y diputados federales, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, en representación del poder ejecutivo.

El Segundo Encuentro aprobó un pronunciamiento que resume los puntos de los directores de periódicos al Gobierno y al periodismo nacional, cuyo texto íntegro se incluye a continuación:

DECLARACIÓN DE MÉXICO

Segundo Encuentro de Editores de la República Mexicana
Sociedad Interamericana de Prensa
26 - 27 de junio de 2008
México DF, México

Los directivos de periódicos mexicanos convocados por la Sociedad Interamericana de Prensa, en este Segundo Encuentro de Editores de la República Mexicana, rechazamos enérgicamente el clima de violencia que afecta a toda la sociedad, con grave perjuicio contra la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la información. Manifestamos nuestra profunda preocupación por el alto nivel de impunidad en los crímenes contra periodistas, que promueve una inquietante autocensura en la labor de los medios de comunicación.

Nos une el propósito de continuar haciendo propuestas concretas para que el Estado pueda ser eficaz en la lucha contra los delitos que afectan la libertad de expresión y el derecho a la información, considerando que la propia Constitución Política de los Estados Mexicanos garantiza la libertad de prensa y dispone una justicia penal expedita e imparcial.

Reiteramos que los derechos a la vida, a la libertad e integridad personales, a la seguridad y el amparo de la justicia, a la libertad de expresión y de prensa, constituyen garantías esenciales para toda persona, reconocidas en instrumentos internacionales, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Subrayamos nuestra petición de que el Estado mexicano muestre voluntad política real para crear un marco legal que permita instrumentos institucionales que ofrezcan respuestas para combatir adecuadamente la violencia contra la prensa y remediar el fenómeno de la impunidad.

Afirmamos que este marco legal debe comprender la tipificación de los crímenes contra la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la información como delitos federales; establecer el principio de no prescripción y el agravamiento de penas por esos delitos, tal como lo hemos expresado en las Conclusiones de Tijuana, de 2002; en la Declaración de Hermosillo, de 2005, y en las Conclusiones de Nuevo Laredo, de 2006.

Recordamos que los presidentes de los Estados Unidos de México, Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000), Vicente Fox Quesada (2000-2006), y Felipe Calderón Hinojosa (2006 - ), han expresado a la Sociedad Interamericana de Prensa su respaldo a estas propuestas que sólo buscan hacer prevalecer los principios de libertad de expresión, de prensa y el derecho a la información como fundamentos de la vida democrática y la institución política del Estado.

Valoramos la Declaración de Principios de la Conferencia Hemisférica "Poder Judicial, Prensa, Impunidad" (República Dominicana, 2007), en la que magistrados y presidentes de Cortes Supremas de las Américas ratificaron "la importancia de profundizar las medidas necesarias para que se investiguen y sancionen los atentados contra el ejercicio de la libertad de expresión y los crímenes contra periodistas, y operadores del sistema de justicia, para así romper con el círculo perverso de la impunidad".

Rescatamos el papel central del gobierno mexicano en la adopción de la Resolución 120, aprobada por la UNESCO, de 1997, en la que se insta a los países miembros a que "perfeccionen las legislaciones para posibilitar el procesamiento y condena de los autores intelectuales de los asesinatos contra quienes están ejerciendo el derecho a la libertad de expresión" y "adopten el principio de que no prescriben los crímenes contra las personas cuando son perpetrados para impedir el ejercicio de la libertad de información y de expresión o cuando tuvieren como objeto la obstrucción de la justicia".

Consideramos lo establecido por la resolución de la Organización de los Estados Americanos, de 1998, que insta a sus Estados miembros a profundizar las medidas necesarias "para que se investigue y se sancione, de conformidad con su legislación interna, los atentados contra el ejercicio de la libertad de expresión y crímenes contra periodistas".

Destacamos el mandato moral de la Declaración de Chapultepec de 1994, y de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2000, que condenan el asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la impunidad de esos crímenes, y que reclaman a los Estados para que esas acciones violentas sean investigadas con prontitud, sancionadas con severidad asegurando a las víctimas una adecuada reparación.

Confirmamos las Conclusiones de la Conferencia Hemisférica Crímenes Sin Castigo Contra Periodistas, Guatemala, 1997, que fueron el precedente histórico para establecer la necesidad de un marco legal adecuado que permita combatir la impunidad que alimenta la violencia contra la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la información.

Por tales motivos, acordamos:

1) Exhortar al Honorable Congreso de la Unión a crear los instrumentos legales necesarios para que el Estado pueda combatir con eficacia la violencia y los delitos en contra de la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la información, permitiéndole además reducir el clima de impunidad.

2) Solicitar al Honorable Congreso de la Unión que recoja y analice las propuestas concretas hechas en este Encuentro, en conformidad con normas internacionales, en lo referente a la tipificación de los crímenes contra libertad de expresión, de prensa y el derecho a la información como delitos federales, establecer el principio de no prescripción y el agravamiento de esos delitos, mediante la incorporación de estos principios al Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

3) Instar al Presidente de la República a que, además de reconocer su compromiso de enviar al Congreso de la Unión una reforma constitucional que contemple la federalización de los delitos contra la libertad de expresión, adopte medidas administrativas, rápidas y eficaces que permitan reorientar y fortalecer, con rango de subprocuraduría, al órgano encargado de proteger la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas.

4) Pedir a la Procuraduría General de la República que examine el campo de acción de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, otorgándole atribuciones necesarias para que pueda operar con eficacia y absorber casos a la jurisdicción federal y analice su reorientación como se establece en el punto anterior.

5) Reconocer que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo han combinado esfuerzos y visiones al haber creado herramientas legales que solidifican la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la información, mediante la legislación sobre acceso a la información pública, sobre despenalización de los delitos de difamación a nivel federal, y sobre secreto profesional; sin embargo, insistir también en que se debe ordenar, de acuerdo con criterios técnicos y normas internacionales, el otorgamiento de publicidad oficial para evitar el manejo discrecional de los fondos públicos con el fin de controlar a la prensa.

6) Estimular a los directivos de los medios de comunicación a incorporar con mayor énfasis lo establecido en la Declaración de Hermosillo y en las Conclusiones de Nuevo Laredo, referente a revisar los sistemas de seguridad en las instalaciones de las empresas periodísticas, adoptar medidas de seguridad para los reporteros, elevar los estándares técnicos, laborales y éticos.

7) Motivar la continuación de estos foros de discusión que incentivan la unión y la solidaridad entre periodistas, medios de comunicación y asociaciones de prensa, así como la realización de seminarios de preparación profesional para afrontar los riesgos de la profesión.

8) Involucrar a los miembros del Poder Judicial mediante foros, conferencias y talleres, con el objeto de crear una mayor conciencia sobre la necesidad de combatir los delitos contra los derechos a la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la información, fundamentales para la fortaleza democrática.

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