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Instancias del gobierno cierran radio comunitaria en Oaxaca

(ARTICLE19/CENCOS/IFEX) - El 29 de agosto de 2008, elementos de la Policía Federal Preventiva, la Policía Estatal y personal de la Dirección de Tránsito del Estado de Oaxaca, junto con supervisores de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), llegaron a las instalaciones de la radio comunitaria La Rabiosa con instrucciones para clausurarla y confiscar el equipo de transmisión, de acuerdo con información recabada por ARTICLE 19 y CENCOS. La Rabiosa está ubicada en la ciudad de Huajuapan de León en el estado de Oaxaca, al sureste de México.

Tres personas, integrantes de la radio comunitaria, se encontraban transmitiendo en el momento en que elementos armados de las fuerzas de seguridad ingresaron a las instalaciones con intención de detener la transmisión. El personal de supervisión de las instancias del estado informó que se llevaba a cabo únicamente un acto administrativo, pero que en caso de enfrentar resistencia se solicitaría la intervención del Ministerio Público por la comisión de un delito federal.

Las radios comunitarias son uno de los principales instrumentos que garantizan la pluralidad informativa. Al mismo tiempo, no cuentan con un marco jurídico ad hoc que reconozca el aporte de servicio y análisis de las problemáticas sociales, culturales, ambientales, etc., de sus localidades. Tan importante es la radio para la democracia, que su libre acceso se considera un derecho fundamental que debe ser tutelado por los estados, de acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, una rama especial de la Organización de las Naciones Unidas.

ARTICLE 19 y CENCOS hacen un enérgico llamado para que el Estado Mexicano no tome medidas que inhiban o criminalicen a las radios comunitarias. Ambas organizaciones también llaman a que se adopten las medidas políticas y legales necesarias, de acuerdo con los estándares internacionales, para garantizar la existencia y promoción de las radios comunitarias para que puedan operar de manera legal, salvaguardando así los derechos fundamentales de las comunidades y el acceso al uso del espacio radioeléctrico.

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