(CEPET/IFEX) – Tulio Ortiz Uribe, dueño y director de la revista «La Tijereta», la cual circula en la península de Baja California Sur, al norte de México, denunció que el gobierno del estado lo vetó para recibir publicidad y le suspendió los pagos que tenía pendientes por el mismo concepto. Ortiz Uribe narró al CEPET […]
(CEPET/IFEX) – Tulio Ortiz Uribe, dueño y director de la revista «La Tijereta», la cual circula en la península de Baja California Sur, al norte de México, denunció que el gobierno del estado lo vetó para recibir publicidad y le suspendió los pagos que tenía pendientes por el mismo concepto.
Ortiz Uribe narró al CEPET que a finales de abril de 2008 le llamó Alfonso Gabito, titular del Instituto de Radio y Televisión de Baja California Sur, para decirle que, por órdenes del director de Comunicación Social del estado, «La Tijereta» ya no recibiría publicidad oficial, ni se le pagaría el adeudo pendiente, debido a una entrevista que concedió a la revista «Proceso».
En la entrevista, publicada por «Proceso» a principios de abril, Ortiz Uribe denuncia la participación del gobernador del estado, funcionarios y empresarios en la especulación con la venta de playas en la entidad a empresarios estadounidenses.
El adeudo que tiene el gobierno del estado con «La Tijereta», asciende a 33 mil pesos (aproximadamente 2.500 USD). Ortiz Uribe comentó que no emprenderá ningún procedimiento legal ya que las autoridades no pueden ser «juez y parte».
El CEPET considera que el uso discrecional de la publicidad para premiar a medios de comunicación y periodistas afines y castigar las críticas, es una violación a la libertad de expresión, tal y como lo establece el punto 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, que textualmente dice:
«La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley».