(CEPET/IFEX) – Policías ministeriales armados irrumpieron en las instalaciones del periódico «El Mexicano», que circula en Ciudad Juárez, Chihuahua, al norte de México, para buscar al columnista Mario Héctor Silva, colaborador del diario, y exigirle que revelara sus fuentes de información. El director del diario, Rafael Navarro Barrón, informó al CEPET que fue Gerardo Hernández […]
(CEPET/IFEX) – Policías ministeriales armados irrumpieron en las instalaciones del periódico «El Mexicano», que circula en Ciudad Juárez, Chihuahua, al norte de México, para buscar al columnista Mario Héctor Silva, colaborador del diario, y exigirle que revelara sus fuentes de información.
El director del diario, Rafael Navarro Barrón, informó al CEPET que fue Gerardo Hernández Ibarra, delegado de desarrollo Urbano y Ecología de Chihuahua, quien ordenó el operativo, ya que el columnista lo había involucrado en un fraude en una de sus colaboraciones.
En su columna «Politikón», del 29 de octubre de 2008, Silva comentó que un líder de comerciantes poseía un documento firmado por el funcionario que refería el pago de 800 mil pesos (aproximadamente USD 62,200) por la adquisición de un terreno, que es ocupado por un mercado.
Hernández Ibarra negó la acusación del comerciante y anunció que lo iba a demandar por difamación.
El 4 de noviembre, agentes, adscritos a la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, irrumpieron a las 9 de la mañana (hora local) en las instalaciones de «El Mexicano» sin ninguna orden de cateo y dijeron ser elementos del Departamento de Delitos Contra la Paz, la Seguridad de la Personas y la Fe Pública.
Una policía que se identificó como la agente Pérez preguntó por el columnista, al informarle que él no se encontraba en el diario en ese momento pidió hablar con el director o el jefe de información.
Más tarde, Luis Carlos Carrasco, jefe de información, atendió a los policías acompañado de un fotógrafo; los agentes les solicitaron que se identificaran, pero cuando los periodistas les pidieron lo mismo, éstos se negaron y los insultaron.
La policía identificada como la agente Pérez dijo que ellos «eran la autoridad y que los reporteros estaban obligados a dar la información que la investigación requería.»
Los reporteros respondieron que «conocían la ley y no tenían por qué revelar información, menos si era solicitada de forma prepotente y que si buscaban a un columnista, que lo hicieran en su domicilio, pues en sus artículos expresaba puntos de vista personales.»
«Ustedes tomen la mejor decisión, al cabo ya tenemos sus nombres», amenazó la agente Pérez a los reporteros. Al sentir la agresión, el jefe de información pidió al fotógrafo que tomara unas fotos de los agentes, para presentar la denuncia correspondiente. Los elementos se taparon la cara y comenzaron a tirar manotazos, diciéndole al reportero gráfico que se iban a arrepentir.
En esos momentos, los elementos le quitaron la cámara fotográfica y la lanzaron a la basura, para luego salir en dos vehículos oficiales, una camioneta azul y otra guinda de la marca Dodge Ram de reciente modelo.
Ante la denuncia pública que hicieran los directivos del periódico sobre el allanamiento el sub procurador del estado y un representante de José Reyes Baeza, gobernador del estado de extracción priista, acudieron al periódico a ofrecer disculpas e informar que los policías que habían participado serían investigados y castigados.
Barrón comentó que con está acción da por reparado el abuso policial que sufrieron los periodistas.