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Periodistas enfrenten demandas judiciales y hostigamiento por su investigación de actividades corruptas

(CEPET/IFEX) - Un juez ordenó investigar el patrimonio de los periodistas Miguel Badillo Cruz y Ana Lilia Pérez Mendoza, así como a las revistas "Contralínea" y "Fortuna", de las cuales son editor y reportera, respectivamente. El motivo del juez es establecer el monto de la multa que les impondrán por la demanda que emprendió contra ellos la empresa naviera Oceanografía por presunto daño de imagen.

También estableció que entregaran un peritaje en materia de comunicación para determinar si causó daño o no a la imagen de la empresa Oceanografía con sus publicaciones.

Entrevistada por el CEPET, la periodista Pérez Mendoza comentó que pese a que los abogados de la empresa editorial consideraron que la sentencia establecida en días recientes es ilegal, ya se realizan los peritajes contables y en materia de comunicación, pues la orden la dio un juez y la tienen que acatar.

"Tenemos que pagar a los peritos para que nos hagan auditorias a nosotros a las revistas y a la empresa que nos demandó. Nos están aplicando la ley retroactivamente, pues la Ley de Responsabilidad Civil actual establece que la multa por ese delito no debe rebasar los 18 mil pesos. También nos están pidiendo información confidencial, como la de nuestras cuentas bancarias.

"Nos dicen que estamos afectando a una empresa privada, pero esa empresa está utilizando los recursos públicos de PEMEX para sus negocios, ellos están violando la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos", comentó Pérez Mendoza.

Los periodistas Badillo Cruz y Pérez Mendoza documentaron presuntas irregularidades en contratos millonarios que fueron adjudicados a Oceanografía para arrendar barcos a Petróleos Mexicanos (PEMEX) en la Sonda de Campeche, sur de México, en complicidad con funcionarios públicos, que incluyen al actual presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, cuando fue titular de la paraestatal.

De acuerdo con la investigación periodística, Oceanografía era gestionada por los hijos y el hermano de la ex primera dama de México, Martha Sahagún Jiménez, y los contratos que le otorgó PEMEX fue por presiones de la Presidencia. La información fue dada a conocer en "Contralínea", "Fortuna" y en la columna "Oficio de Papel" de Badillo Cruz que publica el periódico "Excelsior".

Tras la publicación, en 2007 se formó una comisión de legisladores para investigar el caso. En noviembre del mismo año los accionistas de Oceanografía demandaron a Badillo Cruz por daño moral.

Los legisladores solicitaron que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisara los contratos asignados por PEMEX a la naviera, cuyos accionistas según el acta constitutiva son los empresarios: Amado Yáñez Correa, Amado Omar Yáñez Osuna, Carlos Daniel Yáñez Osuna, Samuel Yáñez Chaparro y Alberto Duarte Martínez.

A raíz de las investigaciones periodísticas, en noviembre de 2007, los accionistas de Oceanografía demandaron a Badillo Cruz, por daño moral, ante el juzgado 15 del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. La denuncia fue interpuesta por su apoderado legal Alfredo Riverón Calzada. Se abrió el expediente 1030/07.

El 20 de agosto de 2008 Oceanografía presentó otras demandas en contra de Badillo Cruz, Pérez Mendoza y Nancy Flores, así como del columnista de "Contralínea", Jorge Meléndez, a quienes acusa "de una campaña de difamación".

Pérez Mendoza asegura que ha recibido amenazas de muerte por la información publicada. Badillo Cruz y Pérez Mendoza también denunciaron que son hostigados por el consorcio gasero Grupo Zeta, cuyo presidente es Jesús Alonso Zaragoza López.

En noviembre de 2006, Pérez Mendoza publicó información sobre presunto tráfico de influencias de Grupo Zeta para obtener contratos. La reportera asegura que antes de publicar la información que poseía contactó a Zaragoza López para verificar los datos, pero el empresario se negó a darle una entrevista. Pero más adelante, refiere Pérez Mendoza, en abril de 2007 Zaragoza López le concedió una entrevista en la cual reconoció que él y su familia fueron investigados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). La reportera asegura que tiene grabada la entrevista, en la cual Zaragoza López también reveló que Presidente Calderón y el extinto secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño favorecieron a su empresa cuando fueron funcionarios de PEMEX.

Sin embargo, el 16 de agosto de 2007 el empresario demandó a Pérez Mendoza y a Badillo Cruz por presunto daño moral.

"Durante casi un año que lleva el juicio los abogados de Jesús Alonso Zaragoza López nos amenazaron verbalmente cuando acudimos a las distintas diligencias. Las agresiones verbales comenzaron con frases como: Tenemos Instrucciones de Jesús Zaragoza de desaparecerlos. Los vamos a desparecer ¡No se la vas a acabar! ¡No saben ni con quien se metieron!".

El 30 de mayo de 2008 el juez falló en contra de los periodistas, pero éstos apelaron la sentencia por lo que el caso fue turnado a una segunda instancia.

Por todo lo anterior, el 12 de septiembre los periodistas interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Así mismo presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República.

El CEPET condena el acoso judicial contra los periodistas Badillo Cruz y Pérez Mendoza y sostiene que las agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación representan un ataque en contra de la sociedad porque éstos vulneran su derecho a estar informada.

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