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Tres miembros de IFEX y organizaciones mexicanas denuncian el proceso penal contra la radio comunitaria Tierra y Libertad

(AMARC/IFEX) - Lo que sigue es una declaración conjunta de AMARC, ARTICLE 19, RSF y cuatro otras organizaciones, con fecha del 16 de marzo de 2009:

Denuncian criminalización de la libertad de expresión por proceso penal contra radio comunitaria

Organizaciones internacionales de defensa de la libertad de expresión como AMARC, ARTICLE 19 y Reporteros Sin Fronteras, así como organizaciones nacionales como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y la Red de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todos y Todas" han emitido un comunicado denunciando su "más profundo rechazo y preocupación" ante la denuncia penal que interpuso la Secretaría de Gobernación en contra de los integrantes de la emisora comunitaria Tierra y Libertad de Monterrey.

(El 12 de marzo de 2009, Héctor Camero, un integrante de la comunidad, fue llamado a comparecer ante una unidad de la Procuradoría General de la República.) El castigo sería la cárcel, con hasta 12 años de prisión y una multa de 100.000 dólares. Las organizaciones entienden que se trata de una criminalización de la libertad de expresión contra una comunidad que tiene una larga trayectoria en defensa del derecho de los trabajadores y que cuenta con una emisora comunitaria desde hace 7 años que ofrece información sobre servicios, derechos humanos, salud y asesoría jurídica civil, entre otros temas.

Tierra y Libertad solicitó formalmente un permiso para su emisora ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desde el 2002, lo cual ratifica la voluntad de legalidad de la emisora. Sin embargo, el 6 de junio de 2008 la radio fue cerrada de manera violenta por más de 120 elementos de la Policía Federal Preventiva, sin que se observara un debido proceso.

"La utilización de la vía penal", dice el comunicado, "en lugar de la vía administrativa que marca la ley especial en la materia, la ley federal de radio y televisión, muestra un endurecimiento y el inicio de una política más represiva y persecutoria en contra de las emisoras comunitarias en el país y es un grave retroceso en materia de derechos humanos. Esta persecución penal en contra de integrantes de la radio comunitaria constituye un agravio a sus derechos y una forma de inhibir el ejercicio del derecho a la comunicación de una comunidad marginal de Monterrey, la utilización de la legislación penal resulta excesiva, desproporcional e innecesaria para los fines que se buscan dado que existen otros medios tales como los administrativos".

Para las organizaciones firmantes "la libertad de expresión no debe estar enmarcada en el ámbito de la justicia penal" e "iniciar estos procedimientos penales en contra de quienes ejercen su derecho constitucional a la libertad de expresión es criminalizar el ejercicio de una prerrogativa fundamental que tiene todo ser humano".

Exigen "cesar de inmediato la persecución en contra de las radios comunitarias en el país y establecer un plan de regularización para que operen dentro del marco de la ley y en apego a sus derechos" cumpliendo con las "recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho al Estado mexicano para legislar en materia de medios comunitarios" y "la obligación establecida en el Plan Nacional de Derechos Humanos de reconocer a los medios comunitarios y establecer acciones para su fortalecimiento".

El texto completo de la denuncia puede encontrarse en: http://legislaciones.item.org.uy/index?q=node/915

Actualiza el caso Tierra y Libertad: http://www.ifex.org/es/content/view/full/94421

ARTÍCULO 19
Asociación Mundial de Radios Comunitarias - AMARC
Reporteros sin Fronteras

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