(CEPET/IFEX) – El grupo editorial Megamedia, que edita los periódicos regionales «Diario de Yucatán» y «La i», denunció un intento de soborno por parte de un funcionario público federal para promover a Mario Ávila Lizárraga, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura del estado de Campeche, al sur de México. Megamedia reveló la […]
(CEPET/IFEX) – El grupo editorial Megamedia, que edita los periódicos regionales «Diario de Yucatán» y «La i», denunció un intento de soborno por parte de un funcionario público federal para promover a Mario Ávila Lizárraga, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura del estado de Campeche, al sur de México.
Megamedia reveló la información en las ediciones del «Diario de Yucatán» de los días 31 de marzo y 1 de abril de 2009. De acuerdo con lo publicado en el «Diario de Yucatán», el 26 de marzo, el gerente general y el subgerente de publicidad de la División Campeche de Megamedia fueron citados en las oficinas de Carlos Mouriño Terrazo, hermano del extinto secretario de gobernación, Juan Camilo, para contratar publicidad.
En la reunión, que inició a las 8:45 p.m. (hora local) en la ciudad de Campeche, estuvieron presentes Miguel Ángel Jiménez Godínez, director general de la Lotería Nacional, Jorge Luis Lavalle Maury, jefe de la campaña de Ávila Lizárraga, y Mouriño Terrazo, según consigna el «Diario de Yucatán».
En la reunión, Mouriño Terrazo solicitó una cotización de publicidad en los dos diarios, los cuales tienen una fuerte influencia en la región, para promover las candidaturas a gobernador, a dos diputaciones federales y a las alcaldías en Campeche y Ciudad del Carmen. Los ejecutivos de Megamedia establecieron un costo de tres millones de pesos (aproximadamente 220.000 USD), menos un descuento de 20 por ciento para dicho paquete, a lo que Jiménez Godínez respondió: «Perfecto, factúralo a nombre de la Lotería Nacional».
Como el representante de Megamedia comentó que ese tipo de facturación no sería aceptado, Jiménez Godínez contestó: «Soy el director general de la Lotería Nacional y Juan Camilo era como mi hermano». Más adelante entregó una tarjeta de presentación, con nombre – Miguel Ángel Jiménez Godínez – y cargo – director general -, al representante de Megamedia.
«Nuestro representante aclaró que quien no aceptaría la facturación es Megamedia, porque se lo impide su código de ética y las políticas de sus empresas, además de que la ley del ramo dispone que la publicidad electoral sea facturada a cada partido,» enfatizó Megamedia.
Ante la negativa de los representantes de Megamedia, el titular de la Lotería ofreció firmar un contrato de publicidad por tres años, que representaba un ingreso adicional para los diarios de unos cuatro millones de pesos (aproximadamente 295.000 USD). Sin embargo, el representante de la editorial le recordó que la publicidad de los diversos sorteos de la Lotería es gratuita porque se la considera de interés general.
Ante la insistencia del funcionario, el gerente consultó a los directivos de la editorial vía telefónica, quienes le indicaron que darían una repuesta después.
«La respuesta de Megamedia fue enviar a la ciudad de México al día siguiente, el 27 de marzo, a dos directivos de su División Periódicos, Luis Alberto González Uribe y Olegario Manuel Moguel Bernal, director editorial y gerente general, con instrucciones de rechazar las ilícitas propuestas y presentar las correspondientes denuncias al Presidente de la República, el secretario de Gobernación y al presidente nacional del PAN», señala el «Diario de Yucatán».
El CEPET condena el intento de soborno al grupo editorial Megamedia, y considera que éste viola el artículo 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), que establece:
«La utilización del poder del Estado y los recursos de la Hacienda Pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación, en función de sus líneas informativas, atentan contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidas por la ley».