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Reportero que había criticado a funcionarios locales es abaleado en el estado de Durango

(CPJ/IFEX) - Nueva York, 5 de mayo de 2009 - Un periodista mexicano crítico de las autoridades locales en el estado norteño de Durango fue muerto a balazos el domingo. En una nota publicada el día antes de su muerte, el reportero indicó que había recibido amenazas por parte de funcionarios del gobierno local. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) instó hoy a las autoridades locales y federales a investigar el crimen rigurosa y prontamente.

Cerca de las 5 p.m. el domingo, dos camionetas pick up interceptaron a Carlos Ortega Samper, reportero del diario El Tiempo de Durango, radicado en Ciudad Durango, mientras manejaba a su casa en el pueblo de Santa María El Oro, 320 kilómetros (200 millas) al norte de la capital estatal. Cuatro individuos no identificados se bajaron de las camionetas y sacaron al periodista de su auto, indicaron periodistas de El Tiempo de Durango. Al resistir Ortega, sus agresores le dispararon tres veces en la cabeza con una pistola calibre .40, según informes de prensa y entrevistas del CPJ. Ortega, de 52 años, murió instantáneamente.

En el artículo publicado el sábado, Ortega afirmó que el alcalde Martín Silvestre Herrera y Juan Manuel Calderón Guzmán, encargado de programas federales en el ayuntamiento, lo habían amenazado en conexión con reportajes recientes sobre las condiciones en un matadero local. En la misma nota, Ortega señaló que estaba investigando al oficial de la policía local, Salvador Flores Triana, por supuesta corrupción. El periodista indicó que culpaba a los tres hombres por cualquier cosa que pudiera sucederle a él o a su familia.

Ortega, quien también era abogado, había trabajado como corresponsal en Santa María El Oro para El Tiempo de Durango durante menos de un año. Su editor, Sául García, reveló al CPJ que creía que la muerte de Ortega era represalia por sus informes sobre corrupción en el gobierno local. Sin embargo, no pudo indicar una nota con exactitud.

"Estamos horrorizados por la muerte de Carlos Ortega Samper", declaró el Director Ejecutivo del CPJ, Joel Simon. "Dadas las acusaciones del periodista contra funcionarios locales, es imperativo que las autoridades locales cooperen con las federales en la investigación de su asesinato. Es hora de ponerle fin a la impunidad en las muertes de periodistas mexicanos".

García indicó al CPJ que la oficina del procurador general del estado es quien está a cargo de la investigación de la muerte de Ortega. Las autoridades no han hecho público un posible móvil.

Las oficinas públicas en Santa María Del Oro estaban cerradas hoy por ser un día feriado nacional y el CPJ no pudo comunicarse con los funcionarios nombrados en su lugar de trabajo. Repetidas llamadas a las casas de Calderón y Silvestre no se contestaron. Una mujer que atendió al teléfono en la casa de Flores y dijo ser su esposa explicó que el policía no se encontraba en casa.

En la cobertura que dio la prensa mexicana al asesinato se hace referencia a la última nota de Ortega y a las acusaciones que hizo contra los tres funcionarios. Los artículos no citan las respuestas de los funcionarios.

Según el informe anual del CPJ, Ataques a la prensa, México es uno de los lugares más peligrosos para periodistas en el mundo. Desde 2000, 25 periodistas han muerto, por lo menos ocho en represalia directa por su trabajo. Además, siete periodistas han desaparecido desde 2005. La mayoría investigaba crimen organizado y corrupción.

Según las investigaciones del CPJ, las autoridades locales y estatales mexicanas han sido ineficaces en su intento por resolver casos vinculados a la prensa, y en algunas ocasiones, han sido cómplices de los crímenes. En junio de 2008, una delegación del CPJ se reunión con el Presidente Felipe Calderón, quien expresó apoyo a una legislación que protegería la libertad de expresión. En abril, la Cámara de Diputados aprobó una medida la que impone penas a los crímenes contra "la actividad periodística". La medida está atascada en el Senado.

El CPJ es una organización independiente sin ánimo de lucro radicada en Nueva York, y se dedica a defender la libertad de prensa en todo el mundo.

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