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Autoridades no consideran delito las amenazas de muerte

Lydia Cacho, una periodista de investigación mexicana que denunció en su libro una red de pedofilia que implicaba a empresarios y funcionarios gubernamentales, se enfrenta a una nueva ronda de amenazas de muerte y espionaje.

Cacho informa que varios hombres han estado siguiendo sus movimientos desde autos estacionados fuera de su oficina y apartamento. Además, personas desconocidas han estado tomando fotos de su automóvil y grabando video del edificio en que está su apartamento. Un hombre en especial visiblemente armado con una pistola semiautomática en la espalda, según testigos, fue visto fuera del apartamento de Cacho en tres ocasiones separadas en mayo. Cacho además ha estado recibiendo amenazas de muerte a través de comentarios en su blog (http://www.lydiacacho.net) desde febrero de 2009, informan el Comité de Escritores en Prisión de PEN Internacional (WiPC) y ARTICLE 19.

Cuando Cacho informó a la policía estatal de Quintana Roo que hombres armados acechaban su casa, oficina y automóvil, la policía dijo que aunque investigarían la matrícula de los automóviles implicados, no consideraban la vigilancia amenazadora como un delito. Las autoridades se negaron además a actuar respecto a las amenazas de muerte en línea, dice Cacho.

“Los incidentes reportados por Lydia Cacho son especialmente inquietantes a la luz del fracaso del Estado mexicano para protegerla antes y del clima general de violencia que los medios enfrentan en el país, “ dijo la doctora Agnès Callamard, directora ejecutiva de ARTICLE 19.

El libro de Cacho, publicado en 2005 y titulado “Los demonios del Edén: el poder detrás de la pornografía”, revela los nombres de varios políticos corruptos que protegían contra la ley a una importante red de pedofilia. Excepto una, todas las personas denunciadas en su libro siguen en libertad, informa el WiPC.

Cuando se publicó el libro, Cacho fue arrestada ilegalmente, detenida y acusada de difamación criminal. La demanda fue interpuesta por el empresario Kamel Nacif, quien fue registrado mientras agradecía al gobernador de Puebla su ayuda para detenerla. La grabación se excluyó como evidencia en un caso de la Suprema Corte que disputó los cargos, sin embargo, con el argumento de que venía de una fuente desconocida. Los cargos de difamación en contra de Cacho fueron retirados en 2007, pero la Suprema Corte de Justicia mexicana dictaminó más tarde que el gobernador no había infringido la ley al ordenar el arresto de Cacho. En informe dado a conocer este año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México concluyó que Cacho fue torturada en prisión y su arresto en 2005 violó sus derechos humanos básicos.

Tras su liberación, Cacho ha seguido informando sobre cuestiones de derechos humanos, incluyendo corrupción, violencia contra las mujeres la explotación de menores.

WiPC y ARTICLE 19 están exigiendo que el Gobierno de México investigue las amenazas y emprenda acciones inmediatas para garantizar su seguridad. ARTICLE 19 pide además al presidente Felipe Calderón Hinojosa que asuma la responsabilidad plena por la protección de Cacho y declare públicamene esta garantía.

Pisándole los talones a la vigilancia a Cacho, el miembro de IFEX Centro de Periodismo y Ética Pública (CEPET) informa que tras el asesinato del reportero Eliseo Barrón Hernández en la ciudad de Durango, en el norte de México, otros periodistas en la región han recibido amenazas de muerte. José Bladimir Antuna García, un reportero para “El Tiempo”, dijo que el 26 de mayo, el día en que se encontró el cuerpo de Hernández, alguien lo llamó y le dijo “Bladimir Antuna será el siguiente”. Antuna García dijo además al CEPET que sobrevivió a un intento de asesinato el 26 de abril, cuando un pistolero le disparó frente a su casa.

Además, el 27 de mayo, aparecieron mantas que llevaban escritas amenazas de muerte para periodistas y personal del ejército en Torreón, Coahuila, una ciudad vecina a Durango, informa el CEPET. Una apareció frente a las oficinas de la estación de televisión Televisa Laguna. Las mantas, firmadas por el grupo de tráfico de drogas encabezado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, tenían mensajes como: “Aquí estamos, periodistas. Pregúntenle a Eliseo Barrón. 'El Chapo' y el cártel del Pacífico no olvidan”.

Los gerentes de un periódico local, que prefirieron que el nombre de su medio no se diera a conocer, informaron al CEPET que varios reporteros habían dejado de presentarse a trabajar a consecuencia de las amenazas de muerte. Los gerentes del periódico dijeron al CEPET que por temor se estaban autocensurando al reducir su cobertura del crimen organizado.

Las organizaciones de libertad de expresión de todo el mundo han expresado alarma por la indiferencia de Gobierno y policía ante el acoso, los ataques y asesinatos de periodistas en México. A la luz de esta cultura de la impunidad, y las renovadas amenazas contra Cacho, WiPC está repitiendo su llamado al Gobierno de México para que cumpla su promesa de hacer del asesinato de periodistas un delito federal.

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