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Ministerio Público inició acciones legales contra integrante de emisora comunitaria

(AMARC/IFEX) - El Ministerio Público Federal ejerció acción legal contra Héctor Camero Haro, integrante de la radio comunitaria Tierra y Libertad de Monterrey, Nuevo León. Su abogado ya interpuso un amparo ante la orden de aprehensión dictaminada por el Juez actuante.

Esta situación se enmarca como parte de la investigación iniciada a denuncia de la Secretaría de Gobernación, mediante la utilización de la Ley General de Bienes Nacionales que implica castigo de cárcel hasta por 12 años.

Según un comunicado firmado en marzo de 2009 por AMARC-México, ARTICLE 19 y otras organizaciones defensoras de la libertad de expresión y derecho a la comunicación, "la comunidad Tierra y Libertad instaló una radio comunitaria que operaba desde hace siete años para dotar de información sobre servicios, derechos humanos, salud y asesoría jurídica civil, entre otros temas".

Desde 2002, la emisora viene solicitando formalmente el permiso ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo cual comprueba su voluntad de legalidad. Pero incluso durante 2008, la radio fue cerrada de manera violenta por más de 120 elementos de la Policía Federal Preventiva.

El comunicado expresa que "las autoridades, en lugar de invertir una gran cantidad de recursos públicos para reprimir a las comunidades más vulnerables del país, deberían invertirlos en la solución de fondo a este problema", por lo que exigen que "el Ejecutivo cumpla con la obligación establecida en el Plan Nacional de Derechos Humanos de reconocer a los medios comunitarios y establecer acciones para su fortalecimiento, de acuerdo a los estándares internacionales, mediante la facultad que tiene de emitir decretos y proponer leyes al Congreso; cesar de inmediato la persecución en contra de las radios comunitarias en el país y establecer un plan de regularización para que operen dentro del marco de la ley y en apego a sus derechos; llevar a cabo todas las acciones necesarias para evitar que integrantes de radios comunitarias sean castigados mediante las penas privativas de la libertad; cumplir con la recomendación que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha hecho al Estado mexicano para legislar en materia de medios comunitarios".

A su vez, el diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera presentó este 27 de mayo un Punto de Acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso.

Según manifiesta en el documento, "la vía administrativa, específicamente en estos casos, se ajusta con claridad a la consecución del objetivo de protección que pretende el Estado ya que los fines sociales, humanistas, culturales y solidarios de estas radios, por su naturaleza, no dañan ni ponen en peligro el espectro radioeléctrico".

En este sentido, concluye que "la actuación de los responsables de la Administración Pública Federal resulta alarmante ya que constituye un medio para coartar la libertad de expresión de las radios comunitarias, criminalizando la libre expresión de las personas al emplear procedimientos por la vía penal, con la pretensión de generar en las comunidades y en los grupos sociales un fuerte efecto inhibidor para difundir sus ideas, opiniones e información por medio de una emisora con evidentes fines sociales".

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