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Determina CNDH que el gobierno de Guanajuato viola la libertad de expresión

(CEPET/IFEX) - La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que el gobierno de Guanajuato (centro de México) vulnera la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos al suprimir y reducir de manera discrecional la publicidad oficial a los periódicos "AM" y "Al Día", abriendo la puerta al uso de ésta "para premiar o castigar a los medios de comunicación, según su línea editorial".

El organismo estableció lo anterior en su recomendación 60/2009, del 29 de septiembre de 2009, dirigida al gobernador, Juan Manuel Oliva Ramírez, del Partido Acción Nacional (PAN), en la cual pide al mandatario actuar para que las dependencias estatales establezcan criterios claros y no discriminatorios para la determinación de la distribución de la publicidad oficial y que éstos se hagan públicos.

Es importante destacar que el 29 de abril de 2008, el gobernador rechazó una recomendación que en los mismos términos le hizo la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado de Guanajuato, argumentando que esa baja sensible se debía a una estrategia de comunicación y la búsqueda de mayor penetración de sus mensajes.

Al revisar el caso, la CNDH encontró que si bien la autoridad no está obligada a contratar espacios en determinado medio para difundir su publicidad oficial, sí se observa una disminución drástica en las solicitudes de inserción en los diarios mencionados, lo que no sucedió con otros periódicos que tienen una circulación menor donde el flujo de recursos se mantuvo o en su caso se incrementó.

Enrique Gómez Orozco, director general y propietario de "AM" y "Al Día", confirmó al CEPET que desde el año 2007 el gobierno de Guanajuato redujo drásticamente la publicidad en sus diarios, a pesar de existir un contrato vigente.

El periodista señaló que la reducción en las pautas se dio a raíz de un reportaje publicado en las páginas de "AM" sobre el Yunque (grupo de ultraderecha que presuntamente integran miembros destacados del gobernante PAN).

"Es una cuestión de censura; les molesta la línea crítica de nuestros diarios. Nos ocultan los criterios que tienen para asignar la publicidad. Sabemos de diarios que tienen ocho veces menos circulación que nuestros periódicos y les dan mucha más publicidad", explicó.

Gómez Orozco informó que además de las quejas que han interpuesto ante las comisiones local y nacional de derechos humanos, los abogados de la empresa editora interpusieron hace cuatro meses una denuncia penal ante el Tribunal de los Contencioso Administrativo, contra el gobierno de Guanajuato, por daños y perjuicios.

"La demanda está en curso, no hemos tenido sentencia. La justicia en México es lenta", comentó.

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