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Roban oficinas de la revista "Contralínea"; advierte su director un acto de intimidación

(CEPET/IFEX) - México, 12 de abril, 2010 - Las oficinas de las áreas editorial y administrativa de la revista "Contralínea" en la Ciudad de México fueron allanadas y saqueadas el fin de semana del 10-11 de abril. Además de equipo de cómputo, celulares, chequeras y diversos objetos de valor, los responsables sustrajeron información contable y las actas constitutivas de la empresa, así como expedientes confidenciales de investigaciones realizadas por el semanario.

De acuerdo con Miguel Badillo, director de la publicación, el robo a las instalaciones, ubicadas en avenida Balderas 33 en la delegación Cuauhtemoc del Distrito Federal, fue descubierto alrededor de las 7:00 de la mañana del 12 de abril, cuando personal de limpieza advirtió que las cerraduras de las puertas de acceso a las oficinas de la revista habían sido violentadas.

En entrevista con el CEPET, el periodista consideró que este hecho se suma a una campaña de presiones e intimidación montada por el gobierno federal, al cual acusó no sólo de recurrir al veto publicitario, sino de estar detrás del acoso y amenazas que desde hace años mantienen Zeta Gas y Oceanografía, dos corporativos privados contratistas de la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX), luego de que la revista documentara un caso de presunto tráfico de influencias.

Badillo se dijo convencido de que este episodio se trata de algo más que un robo ordinario, pues pese a que las oficinas de "Contralínea" se encuentran en un cuarto piso, ningún otro despacho en el edificio fue vulnerado. "No podemos creer que haya sido un simple robo cuando se llevan actas constitutivas y documentos de la empresa que para cualquier ladrón no servirían absolutamente de nada . . . Toda el área administrativa está saqueada, cajones rotos; había énfasis en saber acerca de la administración de la empresa", explicó.

Apenas el 14 de septiembre de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en la cual establece que el personal de la revista ha sido víctima de acoso judicial, así como de procedimientos y criterios discrecionales, poco transparentes y discriminatorios por parte de PEMEX en la contratación de publicidad oficial y en la concertación de entrevistas con funcionarios de la paraestatal.

Además de la denuncia presentada el 12 de abril ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, donde quedó abierto el expediente FCH/CUH-6/T1/00542/10-04, el equipo del semanario dio vista de los hechos a la Relatoría Especial para la libertad de Expresión de la ONU y a la Relatora Especial para la libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual solicitarán otorgar medidas cautelares.

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