Los periodistas trabajaban en un reportaje que muestra la incompatibilidad entre las propiedades y los ingresos del titular de Seguridad Pública federal a la luz de sus propias declaraciones patrimoniales.
(CEPET/IFEX) – México, 6 de mayo, 2010 – Carlos Salazar y Carlos Ferrer, camarógrafo y fotógrafo de la revista electrónica «Reporte Índigo», fueron detenidos la tarde del 5 de mayo de 2010 en la Ciudad de México, mientras tomaban imágenes del domicilio del titular de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna. La dependencia de García Luna emitió un boletín y entregó un video a medios electrónicos en el que se les muestra durante el interrogatorio inicial, sin precisar en un solo momento que se trata de periodistas.
Los reporteros, quienes se encontraban acompañados del chofer Marcos Flores, fueron aprehendidos después de las 14:00 horas en el fraccionamiento Jardines de la Montaña, al sur de la ciudad, y posteriormente trasladados a las instalaciones de la Subdelegación Metropolitana de Camarones de la Procuraduría General de la República. En un boletín emitido por las autoridades federales cerca de las 21:00 horas se afirmaba que «vigilaban a la esposa y a los dos menores hijos» de García Luna.
Sin embargo, Félix Arredondo, director de «Reporte Índigo» en la Ciudad de México, explicó al CEPET que los periodistas trabajaban en el seguimiento de una serie de reportajes iniciada en marzo de 2009 que ha venido mostrando la incompatibilidad entre las propiedades y los ingresos del funcionario a la luz de sus propias declaraciones patrimoniales.
El 27 de marzo de 2009, la revista publicó un amplio reportaje en el que ya se hablaba de la construcción de la mencionada casa en Jardines en la Montaña, cuyo costo superaba los 20 millones de pesos, aun cuando el funcionario federal declaraba no tener ni los ingresos ni los ahorros suficientes para comprar siquiera el terreno. Dos reporteros de TVC Noticias que respondieron al interés generado por la nota, fueron detenidos ese día mientras recogían imágenes de la residencia.
Arredondo aseguró que los abogados asignados al caso no tuvieron contacto con los detenidos sino hasta después de la media noche y que pese a haberse identificado como camarógrafo y fotógrafo de «Reporte Índigo», respectivamente, las autoridades no sólo no notificaron de la detención ni solicitaron información de ellos a la empresa, sino que tampoco les permitió comunicarse con el medio, de modo que su situación no fue conocida con certeza hasta que la Secretaría de Seguridad Pública lo hizo del conocimiento de los medios.
La dependencia justificó la presentación de los periodistas ante el Ministerio Público Federal, en atención a un acta circunstanciada de 2009 en la que se le pide ministerialmente al secretario extremar medidas para salvaguardar la integridad de su persona y su familia por amenazas del crimen organizado, a raíz de al menos una averiguación previa iniciada el 2009 que involucraba a varios integrantes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
El 6 de mayo de 2010, después de pasar unas veinte horas detenidos, el camarógrafo, el fotógrafo y el chofer de «Reporte Índigo» fueron liberados «bajo las reservas de ley». Las autoridades sólo iniciaron el acta circunstanciada PGR/DDF/SZC/CAM/035/2010-05, dado que no se configuró algún delito que perseguir. No obstante, el material que filmaron y grabaron ambos reporteros fue retenido por la Procuraduría, que continuará las investigaciones para determinar si los comunicadores pusieron en riesgo a García Luna y su familia.
Ramón Alberto Garza, director general de la publicación, consideró lamentable que los reporteros hayan sido mostrados como delincuentes y que además del boletín en el que se da fe de su remisión, la propia Secretaría de Seguridad Pública los haya exhibido en video ante los medios, sin dar cuenta de que eran periodistas: «No se da la información completa, lesionando la integridad profesional y personal de estos compañeros», dijo.