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Anuncian creación de mecanismo de protección para periodistas que no incluye a defensores de derechos humanos

(CENCOS/IFEX) - el 3 de noviembre de 2010 - El día de hoy, la Secretaría de Gobernación dará a conocer un mecanismo gubernamental de protección para periodistas. Como una primera etapa se prevé la suscripción de un Convenio de Coordinación para la Implementación de Acciones de Prevención y Protección a Periodistas por parte de las autoridades competentes.

La creación de dicho mecanismo responde, según recoge la invitación enviada por la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, a una de las líneas de acción contenidas en el Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012: "promover mecanismos institucionales e interinstitucionales para garantizar la seguridad de los periodistas, profesionales de la comunicación y ciudadanos que ven amenazada su integridad personal por situaciones relacionadas con la libertad de prensa".

El anuncio no recoge que el mecanismo vaya a atender también a defensores y defensoras de los derechos humanos, como así quedó establecido en la minuta del diálogo entre gobierno y sociedad civil que se llevó a cabo en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, en la Ciudad de México en febrero de 2010.

Así mismo, no queda claro cual va a ser el papel de la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que impulsó este proceso, junto con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y cuya participación resulta decisiva para asesorar en la creación y funcionamiento de un mecanismo con perspectiva transversal de derechos humanos y de género.

Diversas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos se han pronunciado sobre la necesidad de que, para su eficiencia, el mecanismo cuente con un marco normativo adecuado; competencia y capacidad de actuar en las entidades federativas y el Distrito Federal; tener recursos propios y suficientes; y la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de periodistas, tanto en el diseño como en su funcionamiento.

La experiencia colombiana ha sido una de las referencias principales en la discusión para la creación de una instancia similar en México. En ese sentido, se invitó a funcionarios colombianos y a representantes de la sociedad civil con experiencia y un trabajo activo en la discusión y adopción de medidas de protección para periodistas y defensores en situación de riesgo. En la creación del mecanismo, el Estado colombiano reconoció la urgencia y la ineficacia de las instancias de estado en la prevención, protección e investigación de las agresiones y amenazas y mostró voluntad política, y se generaron espacios de confianza entre el gobierno y la sociedad civil.

Las recomendaciones de organismos internacionales de libertad de expresión han sido claras al respecto: "Dicho mecanismo debe ser implementado a través de un comité oficial e interinstitucional de alto nivel; ser liderado por una autoridad federal; contar con capacidad de coordinación entre las diversas autoridades y órdenes de gobierno; tener recursos propios y suficientes; y garantizar la participación de periodistas y organizaciones de la sociedad civil en su diseño, funcionamiento y evaluación".

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